LA AGN avanza en capacitaciones con perspectiva de género

LA AGN avanza en capacitaciones con perspectiva de género

La Auditoría General de la Nación (AGN) firmó un convenio de cooperación con el Instituto Nacional de Mujeres (INAM) para implementar capacitaciones con perspectiva de género para todos los trabajadores y trabajadoras del organismo.

Como diputada nacional y dirigente gremial celebro y apoyo este paso porque estoy convencida del rol fundamental que tienen los sindicatos en la formación de los trabajadores y trabajadoras.

De hecho, APOC, desde la Secretaria  de Igualdad de Oportunidades y Trato promovió y concretó  hace unos meses una reunión con  las autoridades de la AGN y del  INAM para trabajar en la implementación de la Ley Micaela, que obliga a todas las personas que integran los poderes del Estados a capacitarse en la temática de género.

En la discusión en las comisiones del Congreso  incorporamos a las asociaciones sindicales como responsables junto a las autoridades de  cada organismo de garantizar la implementación de la Ley.

En ese sentido y siendo responsables de la capacitación,  los sindicatos somos actores principales en este camino que emprende la AGN y sus trabajadores y trabajadoras para construir sociedades más justas e igualitarias.

El año pasado, también desde APOC, impulsamos el Protocolo para la prevención, sensibilización y erradicación de situaciones de violencia en ambientes de trabajo con el objetivo de que los trabajadores y trabajadoras del organismo cuenten con herramientas de abordaje y sensibilización.

 

 

Género, Feminismo y Políticas Públicas

Género, Feminismo y Políticas Públicas

El lunes 24 de junio participé del encuentro sobre Género, Feminismos y Políticas Públicas organizado por el Instituto de Cultura Universitaria y el Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina.

Como expositoras, me acompañaron en el panel la Lic. Josefina Perriaux de Videla (Filósofa – Instituto para el Matrimonio y la Familia, UCA), la Dra. Marcela Mazzini (Teóloga – Facultad de Teología, UCA) y la Dra. Soledad Carrizo (Abogada UCC – Diputada Nacional por la Unión Cívica Radical).

Para explicar un poco de qué se trata la planificación pública con perspectiva de género, les conté mi historia, y los obstáculos que tuve que atravesar como mujer en los espacios de poder y de representación política. Utilicé también  al empleo y al espacio público como ejemplos de áreas en los que se puede intervenir desde una mirada de género.

Es que es difícil explicar una mirada. Y en definitiva, de eso se trata la perspectiva de género. De una forma de mirar en búsqueda permanente de la equidad, de generar reales e iguales oportunidades para todos y todas. De reconocer, además, que los puntos de partida son diferentes. 

Lo que queremos construir es un nuevo modelo de convivencia desde un enfoque de derechos con igual acceso, disponibilidad, calidad y permanencia para todos y todas. Esto incluye al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la alimentación saludable, al ambiente sano, al cuidado a la participación, a la salud, a la recreación, a la cultura, a la seguridad, a la comunicación, a la ciencia y a la información. 

No todos los feminismos son iguales: hay muchas y variadas diferencias, y creo que es saludable porque muestra la heterogeneidad del movimiento.

No solo existen diferentes representaciones -cosa que muchas veces se critica cuando en realidad es inevitable, porque somos todas personas-, sino que también hay diferentes puntos de vista sobre cuáles son las prioridades en materia de igualdad de género 

El artículo ¿Soy una mala feminista? de la escritora Margaret Atwood nos recuerda  la necesidad de dar lugar a las diferencias de opiniones, incluso, dentro del pensamiento feminista. “Nunca -ni en sus orígenes- el feminismo fue una unidad de pensamiento y de acción monolítica, y no veo por qué debería serlo ahora. Hay que reconocer la diversidad de voces dentro del feminismo como en otro tipo de cuestiones donde la única mirada la única perspectiva reduccionista produce más grietas y distinciones que acciones constructivas para avanzar en ampliación de derechos”.

No es momento de dividir a la sociedad con colores: verdes, celestes, naranjas, etc. Es momento de unir. De entender la diversidad como una oportunidad, no como un obstáculo. Necesitamos sumar (no restar) esfuerzos para caminar hacia la igualdad de la mujer. En estos tiempos de prepotencia, indiferencia y rencor hacia el que piensa distinto, nuestro desafío es aprender a escuchar (no oír) y subrayar las coincidencias.

Si hay algo que aprendí del sindicalismo es que la construcción solo puede ser colectiva. Y las mujeres sabemos construir de manera colectiva, tejiendo redes, apoyándonos en los puntos que nos unen, en las coincidencias más allá de las diferencias.

Las mujeres participamos, luchamos, militamos. No queremos más, queremos lo mismo. Realizar transformaciones en las formas de hacer política es una estrategia fundamental para conseguir cambios sociales profundos y ese es el camino y desafío que tenemos por delante.

Informe OCDE

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico presentó su estudio sobre Integridad en Argentina, con propuestas y sugerencias para lograr un “cambio sistémico y sostenido” en el que advierte que “los argentinos perciben que hay un flagelo que persiste, poniendo en riesgo la democracia, instituciones y el desarrollo económico: la
corrupción”.

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Proyecto sobre Etiquetado y Promoción de Alimentos y Bebidas

Proyecto sobre Etiquetado y Promoción de Alimentos y Bebidas

El 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Obesidad. El objetivo de la conmemoración de esta fecha es sensibilizar a la población sobre los efectos que tiene en la salud esta problemática y sobre la importancia de su prevención.   

En nuestro país, a lo largo de los últimos años, se han llevado a cabo numerosos planes, campañas y programas orientados a la promoción de la salud y el control de enfermedades no transmisibles, como la obesidad. Pero el panorama no ha mejorado y los números son desalentadores. Argentina es uno de los países de la región con los índices más elevados de obesidad entre niños/as (40%) y adultos (60%), según datos oficiales de la ahora Secretaría de Salud de la Nación.

Una de las principales falencias nacionales es la ausencia de una ley marco relativa tanto al derecho a una alimentación adecuada como a la soberanía alimentaria. Esta fue una de las observaciones destacadas por Hilda Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en su visita a Argentina en septiembre de este año.

Después de haberse entrevistado con funcionarios, legisladores, productores rurales, comunidades aborígenes, dirigentes sociales y académicos, la experta acercó un informe preliminar a las Observaciones y Recomendaciones que finalmente presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2019.

Entre sus notas la Relatora observó que somos el país de la región que consume la mayor cantidad de productos ultraprocesados per cápita por año y que lideramos el consumo de gaseosas.

Al mismo tiempo, señaló que el uso de plaguicidas en Argentina está mínimamente regulado y que, como consecuencia, aumentó la cantidad de personas que han perdido la vida o padecen enfermedades graves.

A su vez, destacó que muchos niños y niñas que se ven obligados a depender de los comedores escolares para tener su comida diaria, entre otras observaciones realmente preocupantes.

Desde que asumí mi mandato como Diputada Nacional y luego de participar de numerosos y valiosos espacios de intercambio, formación y debate, presentamos y acompañamos varios proyectos relacionados con la problemática de la obesidad y la alimentación saludable. Son muchos los problemas y necesitamos estrategias integrales.

Y en esta línea creo necesaria una revisión urgente sobre nuestras políticas de etiquetado y publicidad de alimentos. Necesitamos consumidores soberanos y autónomos, y esto solo se logra facilitando y acercando información veraz sobre la calidad de los productos que consumimos.

Es por ello que presenté un proyecto sobre etiquetado y publicidad de alimentos. La iniciativa recupera propuestas de otros legisladores y legisladoras y fue supervisado por  el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en atención a las observaciones de otras instituciones de referencia, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).  

En los últimos años, diversos países de América Latina han avanzado en la sanción de normativa y la implementación de políticas que buscan generar un cambio significativo en la cultura alimentaria, para favorecer hábitos y pautas de consumo más saludables, así como información más clara sobre los productos disponibles.

En esta línea, cabe destacar los esfuerzos de Brasil, Costa Rica, Uruguay y Ecuador para mejorar la alimentación en entornos escolares. El etiquetado frontal de alimentos envasados es obligatorio en Perú y, desde 2016, en Chile. Recientemente, el gobierno de Uruguay aprobó un proyecto de ley que establece el rotulado frontal, convirtiéndose entonces en el tercer país en la Región en establecer un sistema de advertencias sobre los altos niveles de azúcares, calorías, sodio y grasas saturadas que pueden presentar los alimentos envasados. Brasil, está cerca de continuar el mismo camino.

En cuanto a la normativa nacional, el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284) y sus normas complementarias establecen ciertas pautas para la rotulación y la publicidad de los alimentos. Estos lineamientos, sin embargo, consideramos que son insuficientes: para la declaración de los ingredientes, por ejemplo, no es obligatorio declarar la cantidad de azúcares o bien, este grupo puede incluirse como porcentaje total de los carbohidratos, sin desglosar la información.

La información es un derecho ciudadano, amparado en primer lugar por nuestra Constitución y apoyado ampliamente por sucesivas disposiciones, acuerdos y compromisos. Es claro que una decisión fundada en información y conocimiento, permite una elección más autónoma. Este proyecto busca justamente fortalecer y alentar hábitos de alimentación saludable, a partir de garantizar el acceso a una información oportuna, accesible y veraz de los alimentos y bebidas destinadas al consumo humano. Incluso, el proyecto pretende fomentar el cuidado de la salud y el derecho a una alimentación saludable y responsable, promoviendo acciones educativas para la concientización de la importancia de generar este tipo de hábitos. Así también y prohibiendo la publicidad de alimentos no saludables dirigidas a niños y niñas, se espera colaborar con la prevención de la malnutrición y la reducción de enfermedades no transmisibles.

Estos temas nos atraviesan como ciudadanos, como consumidores. Argentina está en un problema y las cifras nos interpelan.

La prevención del sobrepeso y la obesidad es un tema de salud pública y un derecho humano profundamente relacionado con la protección de la niñez. Celebremos este Día de Lucha contra la Obesidad avanzando con normas que defiendan los intereses que realmente importan: la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

Jornada sobre derechos de los consumidores, etiquetado frontal de alimentos y salud.

Jornada sobre derechos de los consumidores, etiquetado frontal de alimentos y salud.

El pasado jueves 16 de agosto, el  Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Organización Panamericana de la Salud/ Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) y la Dirección General de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación (HCDN), organizaron la “Jornada sobre derechos de los consumidores, etiquetado frontal de alimentos y salud”.

La actividad, que contó con la presencia de funcionarios públicos, representantes y especialistas nacionales e internacionales, formó parte de las acciones de cooperación de estas agencias internacionales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de las actividades que lleva adelante el Observatorio Parlamentario Agenda 2030 de la HCDN.

Los objetivos del encuentro atravesaron dos ejes principales: brindar cooperación técnica facilitando la experiencia internacional para el desarrollo de políticas regulatorias que permitan un ejercicio pleno de los derechos de los consumidores y contribuir asimismo con las políticas de promoción de la alimentación saludable y prevención de la obesidad, en especial, en la infancia y adolescencia.

En el panel de apertura el, Dr. Rubinstein, Ministro de Salud de la Nación, consideró que “el sobrepeso, la obesidad y la obesidad infantil son problemas serios de salud pública, con impacto en el desarrollo económico” y aseguró que “más del  40% niños, niñas  y adolescentes de nuestro país  tienen sobrepeso u obesidad y esos números están creciendo”.

En este sentido, avanzar en una regulación sobre el etiquetado frontal de los alimentos puede ser, para el Ministro, un puntapié para el desarrollo de otras políticas regulatorias y una buena señal tanto para la sociedad y como para la industria.

Ecuador, Chile,  Perú y Uruguay, son los países de la región que avanzaron en políticas de etiquetado. En Argentina, ya están en marcha las reuniones en búsqueda del mejor formato, mientras se fortalecen los consensos regionales a través del MERCOSUR.

Para la Dra. Ana Mendoza, representante de UNICEF, “Argentina tiene una oportunidad histórica con la presidencia del G20, todas las miradas van a estar puestas aquí. Tiene que ponerse a la altura de las circunstancias”.

“Somos optimistas en que la Argentina puede avanzar en esta causa. Las advertencias textuales, claras, veraces, sencillas y rápidas resultan en un mejor desempeño para proteger al consumidor y garantizar su libertad de elección”, argumentó la Dra. Maureen Birmingham, referente de la OPS/OMS quien a su vez alertó que “América Latina es la región más obesa del mundo y los población de niños y niñas es la más vulnerable”.

De acuerdo a las experiencias internacionales, el etiquetado de los alimentos debe ser sencillo, relevante y útil. A lo que se apunta es a brindar información que modifique el patrón de compras, sobre todo en los grupos más vulnerables con menos educación.

Asimismo y por la evidencia empírica los especialistas prefieren un etiquetado con sistema de advertencias, al estilo Chile. Los sistemas de resumen no resultaron eficaces.

Para Fabio Da Silva, Asesor regional en nutrición y actividad física OPS/OMS, también es importante avanzar en regulaciones que tengan en cuenta el perfil no-nutricional de los alimentos: si son fáciles de masticar, si tienen baja saciedad o una compensación calórica débil, la velocidad de ingesta y la presencia o no de aditivos considerados cancerígenos.

En la misma línea, Jaime Delgado, autor de la normativa peruana en la materia, consideró que “las advertencias no deben premiar a los productos. El etiquetado tiene que estar claro. Como ejemplo es el caso de Ecuador, en el que de acuerdo a la normativa vigente  Coca-Cola es un producto que tiene todo verde. Eso es lo que no debe suceder. Ese no es el sentido”.

La propuesta de Perú es integral, apunta también a la educación nutricional en las escuelas y a la promoción de actividad diaria. Asimismo incorpora la prohibición de venta de comida chatarra en las escuelas y establece que los kioscos o comedores dentro de las instituciones educativas no deben ser concesiones: “son parte de las aulas y de la estrategia educativa, no puede ser un negocio”, aseguró Delgado.

Para Verónica Schoj, Directora de Promoción de la Salud y control de Enfermedades no transmisibles  del Ministerio de Salud de la Nación, los altos niveles de obesidad en la población argentina están relacionados el entorno social, la regulación vigente, la alta oferta de productos no saludables y la baja oferta de alimentos frescos y naturales y la falta de educación nutricional, como así también la ausencia de estándares regulatorios de calidad, basados en evidencia científicia.

Sobre este último punto la especialista advirtió que “22 provincias argentinas tienen regulaciones sobre, por ejemplo,  entornos escolares saludables, pero no tienen medidas adecuadas de estándares, no cumplen con los objetivos de salud pública”.

En lo que respecta a la práctica, “los conflictos de interés son unas de las variables críticas en la implementación de políticas efectivas. Es necesaria la participación de la sociedad civil para contrarrestar esos intereses”, agregó Birmingham y sostuvo que “La OPS/OMS no recibe fondos de las industrias y tiene normas estrictas con socios no estatales”.

Para Stefano Fedele, representante de UNICEF, la prevención del sobrepeso y la obesidad es un tema de salud pública y un derecho humano profundamente relacionado con la protección de la niñez. En relación a este último punto consideró que “el período más eficaz para prevenir es en los primeros años de vida: momento en el que se establecen los patrones de alimentación y actividad física”.

A su turno, Belén Ríos, representante FIC Argentina,  “la baja calidad nutricional, la alta exposición, el poder de las técnicas de marketing y los rótulo poco claros nos obligan a generar de políticas para proteger a consumidores, especialmente niños/as y adolescentes”.

Para Myriam Gorban, Coordinadora de la cátedra libre de soberanía alimentaria, Escuela de Nutrición de la UBA, “el Sistema Alimentario Nacional está en emergencia económica, productiva y financiera” y las principales barreras a las que se enfrenta son “el precio de los alimentos, afectados por la  intermediación y la especulación financiera; la contaminación de los alimentos, tanto en la producción como en la industrialización y la pobreza: hay un porcentaje creciente de niños/as en comedores escolares”.

En relación a la agenda argentina en el próximo Día Nacional de Lucha contra la Obesidad, que tendrá lugar en el mes de octubre, se presentará el Plan interministerial de obesidad infantil (2019-2023) que reunirá el trabajo de las dependencias de salud, educación, desarrollo y agroindustria.

Tal y como comentó Shoj, los objetivos son: fortalecer la educación alimentaria; generar campañas de alto impacto; promover la calidad nutricional en los programas con componentes alimentarios; establecer y/o mejorar políticas regulatorias y promover el consumo de alimentos frescos y naturales.

En el marco del Plan los ministerios ya se encuentran trabajando en regulaciones sobre etiquetado y el establecimiento de estándares de calidad.

Estos temas nos atraviesan como ciudadanos, como consumidores. Argentina está en un problema y las cifras nos interpelan. Existen excelentes proyectos pero no han tenido el acompañamiento para concretarse.

Agradezco haber tenido la oportunidad de participar de un encuentro tan enriquecedor y me comprometo a seguir trabajando desde mi lugar para asegurar y defender el derecho a una alimentación saludable para todos y todas.

Ciudades sostenibles desde otra mirada

Ciudades sostenibles desde otra mirada

El pasado 3 de mayo desde Secretaría de Género e Igualdad de Oportunidades de APOC organizamos una actividad en la Feria del Libro para pensar la Ciudad desde otra mirada.

Tal y como lo propusimos el 8 de marzo, continuamos problematizando la relación entre las mujeres y el espacio público, esta vez a partir del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 11 de Naciones Unidas.

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Los desafíos del sindicalismo en Chubut

Los desafíos del sindicalismo en Chubut

Durante el jueves 12 y viernes 13 de abril organizamos con  la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) una jornada de reflexión bajo el título “Equidad, tecnología y trabajo: los desafíos del sindicalismo”. El encuentro tuvo en el Tribunal de Cuentas de la localidad de Rawson, Chubut, y reunió a trabajadores y trabajadoras del control.

Hace tiempo venimos planteando dar un debate sobre las implicancias de una reforma gremial y entendemos que esta reforma quedaría vacía de contenido si no somos capaces de lograr un debate en conjunto con afiliados y compañeros de los organismos a los que representamos.

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Aclaración por nota publicada con información errónea

Por la presente me veo obligada a realizar una aclaración con relación a la noticia imprecisa y desacertada del diario El Chubut, publicada a propósito de  mi presencia en la Provincia del Chubut los días 12 y 13 de abril.

En primer lugar, quiero aclarar que viajé por compromisos gremiales de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), acompañada por el Secretario General, Federico Recagno.

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Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas

En 2017, presenté un pedido de informes a los efectos de solicitarle al  Ministerio Educación y Deportes de la  Nación, información sobre diversas cuestiones relacionadas con la implementación de la Ley 26.892 de Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas.

¿De qué se trata esta ley?

La Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 establece que la educación y el conocimiento son un bien público, y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Entre los fines y objetivos de la LEN están los referidos a brindar una formación integral, comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos y respeto a los derechos humanos.

La norma reconoce también el respeto por las diferencias entre las personas sin admitir discriminaciones de ningún tipo y garantiza en el ámbito educativo los derechos de los niños y adolescentes estatuidos por la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Teniendo en cuenta a la LEN como ley marco y en consideración del abordaje integral que requiere un modelo de educación de calidad e inclusivo, en octubre de 2013 se aprobó la Ley 26.892 de Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas. La normativa significó un avance en el reconocimiento y la regulación de problemáticas en crecimiento en las instituciones educativas, tales como los altos niveles de violencia, el acoso escolar y la ausencia de comunicación y articulación entre directivos, docentes, estudiantes, padres o tutores.

No obstante desde su sanción poco se conoce sobre los efectos y la efectiva implementación de la normativa, principalmente en lo que refiere a las tareas previstas de investigación, recopilación y difusión de información.

Para intervenir sobre la conflictividad social en el ámbito educativo es necesario contar con  información oficial, precisa y actualizada. La dispersión de fuentes de información y específicamente de un diagnóstico certero sobre la problemática, se traduce en esfuerzos públicos fragmentados y respuestas aisladas.

Es por ello que solicité el pedido de informe Nº 3005-D-2017.

Este año, recibimos la respuesta a través de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias. Compartimos la información a continuación:

“1. El funcionamiento y difusión de la línea telefónica “0800 Convivencia Escolar”.

Se informa que durante el presente año se implementó un nuevo circuito de atención de la línea con el objetivo de optimizar el funcionamiento e intervención de la línea y de las jurisdicciones habían avanzado en su implementación.

A partir del mes de agosto de 2017 las llamadas son recepcionadas por operadores dependientes del Ministerio de Educación de la Nación. Estos operadores realizan el registro y análisis de la llamada teniendo en cuenta los datos del interesado y los motivos. Se orienta al ciudadano y se lo deriva a la jurisdicción. Luego los referentes jurisdiccionales, que trabajan coordinadamente con el Ministerio de Educación, realizan un registro sobre cada una de las acciones realizadas en pos de la resolución de la situación demandada.

La Coordinación Nacional de Educación Inclusiva realiza mensualmente una evaluación cuantitativa, acerca de la cantidad de llamadas, motivos, interlocutores y acciones realizadas por las jurisdicciones.

El martes 24 del mes de octubre se realizó una videoconferencia con los referentes jurisdiccionales para evaluar y fortalecer la implementación de este nuevo circuito.

Durante el período de agosto a septiembre se han recepcionado en la línea 445 situaciones.

Se informa que se ha difundido la línea a través de los canales de comunicación del Ministerio de Educación de la Nación (EDUCAR, redes sociales institucionales, entre otros), así como también en la campaña de concientización elaborada por la Presidencia de la Nación, sobre la temática de Cyber acoso, realizada en el mes de septiembre del corriente año.

  1. Las tareas de investigación y la recopilación de experiencias indicadas en el artículo 9º de la Ley 26.892

Se informa que durante el mes de agosto se ha enviado a las jurisdicciones una solicitud de relevamiento sobre la temática, el estado de avance de implementación de las normativas vigentes, los principales obstáculos y/o problemáticas en los diferentes niveles de enseñanza, así como las acciones desarrolladas a nivel jurisdiccional. Nos encontramos en proceso de devolución por parte de los referentes para la unificación de datos y su análisis con el fin de elaborar informe correspondiente.

Asimismo, se elabora un informe sobre la línea gratuita 0800-222-1197 (Convivencia Escolar) para completar el informe de situación de la temática a nivel de las jurisdicciones y a nivel nacional.

  1. La presentación, publicación y difusión de los informes bienales indicados en el artículo 10 de la Ley 26.892.

Se encuentra en proceso de elaboración y será comunicado oportunamente.”

Una vez más, las respuestas no nos satisfacen.  Poco se ha hecho desde la sanción de esta iniciativa. Pero insistiremos en el control y el seguimiento de esta iniciativa que entendemos fundamental en la consecución de una convivencia escolar pacífica.

Mujeres, armas y violencia

Mujeres, armas y violencia

El jueves 5 de abril, legisladores, referentes de la sociedad civil y representantes sindicales, nos reunimos para insistir con el tratamiento de un proyecto presentado en tres períodos consecutivos por la Diputada Margarita Stolbizer sin obtener tratamiento legislativo.

Esta vez, me tocó a mí acompañar la firma de una iniciativa que intenta mejorar una problemática que no desaparece: la necesidad de reducir la violencia social y los accidentes y suicidios ocasionados por el uso y acceso a las armas de fuego.

Esta temática también la trabajamos a nivel internacional desde Parlamentarios por la Acción Global,  red que integro y que también presidió Margarita. En el marco del Programa Paz y Democracia legisladores y legisladoras de todo el mundo impulsamos proyectos que apunten a la regulación y control del comercio de armas.

El objetivo principal del proyecto es fortalecer el rol del Estado al momento de otorgar los permisos y autorizaciones para la adquisición, portación o tenencia de armas de fuego, municiones y materiales especiales. Por este motivo, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac) deberá realizar una evaluación de las aptitudes psicosociales de las personas que solicitan estos permisos y autorizaciones, evaluación que estará a cargo de un equipo profesional interdisciplinario del organismo.

Es conocido que las armas de fuego en manos de civiles aumentan el circulante de armas ilegales, en buena medida provenientes del robo y hurto de armas registradas en casas particulares. Además, aumenta el riesgo de resultar herido/a o morir, ya sea ocasión de delito o en la resolución violenta de conflictos interpersonales que, debemos destacar, afecta en mayor medida a las mujeres.

Por ello mismo, la persona que detente un arma en su casa no sólo tiene que estar preparado físicamente, sino también psíquicamente. Y a pesar de contar con este tipo de preparación, tampoco se evita la situación de riesgo dado que las armas tienen el potencial de terminar con la vida y afectar la salud de las personas.

Todos tenemos derecho a una vida libre de violencia.

Basta de armas para matar mujeres.

Financiamiento político en Argentina

Financiamiento político en Argentina

El martes 27 de febrero tuvo lugar en el Salón Pueblos Originarios de Casa Rosada el seminario sobre “Financiamiento Político en Argentina. Diagnósticos y desafíos” a cargo de la secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

El Ministro Rogelio Frigerio inauguró la jornada presentando algunos acuerdos que estarán contenidos en el proyecto pronto a ser presentado en el Congreso de la Nación. En este sentido, Frigerio destacó la propuesta de bancarizar el régimen de aportes; la creación de un registro de aportes y gastos en tiempo real; la habilitación de aportes de empresas, con topes; el registro de proveedores de publicidad en la vía pública y el perfeccionamiento de la regulación de la publicidad oficial y de actos de gobierno durante el período de campaña.

En el primer panel, Janos Bertók, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sostuvo que “la confianza de los ciudadanos en los gobiernos es baja en todo el mundo, sobre todo a partir de la última crisis financiera”.

En ese sentido, Bertók destacó que Argentina se encuentra en una situación peligrosa: “El 70% de los ciudadanos argentinos encuestados considera que las políticas públicas están capturadas por algún interés. Y el 60% se consideró desalentado por el funcionamiento de la democracia”.

Entre los factores que influyen en la confianza el especialista destacó: integridad del gobierno, transparencia y calidad de los servicios públicos.

Para el caso Argentino, resulta especialmente problemático en términos de financiamiento político la brecha existente entre el nivel nacional y los sub-nacionales. Por ejemplo, muchas provincias no cuentan con legislaciones que limiten el gasto de los aportes en campaña.

Otro problema es el de la trazabilidad de los aportes: “el 90% de los aportes son en efectivo”.

Con respecto a los recursos públicos y las conocidas ventajas oficialistas, Bertók compartió que “Argentina y Colombia son los únicos países de la región sin prohibiciones al uso de recursos públicos en períodos electorales”.

“¿Están bien o mal los aportes de las empresas?” preguntó uno de los participantes. Si bien el representante de la OCDE prefirió no responder, consideró que es importante garantizar transparencia tanto en la generación como en la ejecución de los fondos, como así también legislar sobre los límites a los aportes. “Depende de cada país el ejercicio de balancear aporte públicos y privados. Lo que la experiencia demuestra es que cuando el sector privado se vuelve dominante, hay más probabilidades de captura”.

En representación de la sociedad civil, participaron del debate Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional; Daniel Zovatto, Director para América Latina y el Caribe del Instituto para la democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y  Julia Pomares, Directora Ejecutiva del Centro de Implementación de  Políticas Públicas para la Equidad  y el Crecimiento (CIPPEC).

Para Pomares el punto de partida del financiamiento político en Argentina es que “no sabemos cuánto se gasta”.

Por su parte, Zovatto hizo hincapié en la importancia de “no demonizar el dinero privado. La democracia tiene un costo”.

Para Ferreiro las empresas también piensan aportar, “porque es lo que pasa”. Sin embargo, la especialista expresó su preocupación por la posible introducción de dinero del crimen organizado.

Todos los expositores coincidieron en destacar la falta de coordinación entre el nivel nacional y subnacional. Para Ferreiro “la figura de la adhesión para las provincias no alcanza. Puede ser una ventana de oportunidad para el incumplimiento de la futura ley”.

Otro punto de acuerdo fue la necesidad de fortalecer a los organismos de control, en especial a la Justicia Electoral, así como también la importancia de generar información permanente y en tiempo real sobre los movimientos de los aportes.

La equidad de género, la inclusión de tecnología como aliada para el control, y la posibilidad de legislar sobre los usos de las redes sociales en campaña, fueron otros de los temas presentados.

El último panel estuvo integrado por los diputados Silvia Lospenatto y Juan Brugge y los senadores Dalmacio Mera e Inés Brizuela. Los representantes manifestaron compartir la voluntad política para discutir el tema, así como también la revisión de la reforma electoral que continúa a la espera de su tratamiento en el Senado, a más de un año de conseguir media sanción.

Se estima que el proyecto del Ejecutivo será presentado oficialmente en el mes de marzo. Esperamos que estos consensos posibiliten la sanción de una norma que mejore el funcionamiento de nuestro sistema político, y al fin y al cabo, de nuestra democracia.

Internet segura como política pública

El miércoles 14 de febrero se convirtió en noticia un nuevo caso de ciberacoso a menores, problemática conocida a nivel internacional como grooming. Un padre se hizo pasar por su hija de 11 años y acordó un encuentro con un joven de 29 que la acosaba por chat.
El hecho, que terminó con la apertura de causas judiciales tanto para el padre de la menor (por lesiones) como para el hostigador (por grooming), debe servirnos para continuar difundiendo y reflexionando sobre esta problemática.
En este sentido, en 2017 obtuvo media sanción un proyecto de mi autoría para tener un
“Día Nacional de la Lucha contra el Grooming”.

En conmemoración al 13 de noviembre de 2013, día en el que el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley 26.904 reconociendo en el código penal al delito de Grooming, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a realizar actividades públicas de información y concientización sobre la temática.
Debemos reconocer el valor y los riesgos de Internet, sin estigmatizar. En un contexto de revolución tecnológica y mundialización de las comunicaciones, navegar en internet es una herramienta fundamental. Es nuestro deber garantizar que esa conexión sea segura.

No es una reforma, es un ajuste

No es una reforma, es un ajuste

“Un país que no se acuerda y cuida a sus abuelos es un país que no sabe cuidar su historia y un país que no cuida su historia no va a cuidar el futuro y no va a generar un mejor futuro para todos los argentinos” decía el ahora Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un centro de jubilados en plena campaña 2015.

Con el proyecto que se aprobó esta semana estas palabras son solo eso: campaña. Y en consecuencia miles de argentinos salieron a la calle para reclamar por lo que entienden y entendemos como un atropello a sus derechos.

Pero ni el clamor de la protesta ni la vergüenza de la represión lograron inquietar a quienes acompañaron esta iniciativa que indiscutidamente va a perjudicar a familias, jubilados, y millones de trabajadores.

Como sostuvo mi compañera Mirta Tundis, ya vivimos una instancia de reforma previsional en la que el Estado nos vendía a la jubilación privada como lo mejor, y como resultado 400 mil jubilados fueron estafados y olvidados.

Tenemos memoria. Esto no es una reforma previsional, es un ajuste sobre los que menos tienen.

Porque los jubilados no son los únicos perjudicados. La modificación de la fórmula también afecta a los destinatarios de asignaciones familiares y Universal por Hijo: más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes, verían afectados en sus ingresos.

El ajuste violenta el principio de progresividad o no regresividad de jerarquía constitucional, reconocido en diversos tratados internacionales. No podemos avanzar sobre medidas que deterioren el nivel de cumplimiento de un derecho. Y esta medida no lo respeta

Al mismo tiempo, esta reforma tiene impacto de género y afecta particularmente a las mujeres. Las amas de casa, empleadas domésticas y más del 30% de los trabajadores precarizados no podrán jubilarse al no contar con los 30 años requeridos de aportes. A su vez, son las mujeres jefas de hogar las principales receptoras de las asignaciones familiares que se verán recortadas.

En función de estas observaciones me sigo preguntando: ¿se analizaron de manera exhaustiva todas las alternativas posibles?; ¿está esta iniciativa debidamente justificada?; ¿es este el punto de partida sobre el que queremos pensar un nuevo régimen previsional “universal, integral, solidario y sustentable”? No nos convencieron las explicaciones dadas en las comisiones ni en el recinto.

Para nosotros, esta reforma implica la supresión y restricción de derechos ya reconocidos y resguardados y de convertirse en ley no será más que una inocultable violación de derechos humanos, garantizados por la Constitución Nacional.

Sabemos a quiénes representamos. Vamos a defender a nuestros jubilados y trabajadores y no vamos a ahorrar en sus  derechos.

 

Foro anual de Parlamentarios por la Acción Global

Foro anual de Parlamentarios por la Acción Global

Durante los días 27 y 28 de noviembre de este año se llevó a cabo en la Ciudad de Milán – Italia- el 39° Foro Anual de Parlamentarios para la Acción Global. (PGA).

PGA es “una red internacional sin fines de lucro y apartidista compuesta aproximadamente por 1.300 legisladores de 145 parlamentos electos alrededor del mundo cuya misión es informar, convocar y movilizar parlamentarios para promover la paz, la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos, la igualdad de género y cuestiones poblacionales”.

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No queremos más, queremos lo mismo*

No queremos más, queremos lo mismo*

Hablar de paridad molesta. Sí, molesta. Lo sabemos. Molesta porque incomoda, cuestiona elementos que considerábamos incuestionables. Porque visibiliza lo invisibilizado. Porque distingue “diferencia” de “jerarquía”. Porque discute la división sexual del trabajo. Porque presenta al género como una forma de relación construida social y culturalmente a partir de estereotipos. (más…)

Por un Congreso sin privilegios.

Hace apenas unos meses nos reunía en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una tarea: evaluar la permanencia en ese cuerpo de uno de sus integrantes a raíz de una multiplicidad de conductas irregulares en su ejercicio de la función pública. Discutimos una sanción de tipo política en un cuerpo político y representativo, en donde lo que estaba en juego es la defensa de la legitimidad de esta casa.

 

El resultado de aquella sesión es conocido por todos y todas, y de alguna forma razón por la que este encuentro tuvo que repetirse, convocados esta vez expresamente por la justicia.

 

De ese tiempo a esta parte, no nos mantuvimos expectantes. Este caso nos requirió la precisión y el análisis de nuestra normativa vigente en la materia. Recibimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales a prestigiosos abogados constitucionalistas para escuchar su opinión sobre los proyectos presentados en relación a las inmunidades legislativas.

 

En este sentido, tanto los abogados como los integrantes de la comisión estuvimos de acuerdo en la necesidad de precisar la denominada “Ley de fueros” 25.320 con una mirada a mediano y largo plazo, despegándonos de la bochornosa coyuntura.

 

En la misma línea, se destacó la importancia de establecer y clarificar reglas de debido proceso como así también precisar los reglamentos de ambas cámaras. Cabe señalar que durante el análisis del caso De Vido, fuimos los representantes del frente 1país quienes abogamos para el establecimiento de un mínimo proceso garantizando así, entre otras cuestiones, el derecho a la legítima defensa.

 

Los tiempos electorales detuvieron este ejercicio a medio camino. Tarea a la cual deberemos abocarnos con urgencia. Pero el análisis del caso también sirvió para echar luz a un olvido recurrente que en cada sesión siento el deber de recordar: la importancia de nuestro Sistema de Control Público Nacional.

 

Por las causas que hoy la justicia solicita el desafuero de Julio De Vido, los principales organismos de control público de nuestro sistema han sido claves.

En el caso que investiga el supuesto desvío de fondos que debían destinarse al mantenimiento y la modernización del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y a las obras para un tren turístico en la zona, los informes de la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo, aparecen citados como pruebas.

Entre algunos de los elementos que la Sindicatura menciona en sus auditorías figuran: falta de informes técnicos que respalden los montos presupuestados por la Facultad Regional a Yacimientos Carboníferos (FRYC); alto nivel de discrecionalidad en la elección de los proveedores; el fraccionamiento de los convenios para que no superen los montos que exige la normativa y deba aprobarlo el Consejo Superior y el Ministerio de Planificación; el presunto sobreprecio de la obra de $121.635.707,36 a junio de 2016; falta de planificación y la existencia de condiciones inseguras para el personal -de riesgo grave e inminente.

En la misma línea, la SIGEN observó que en casi la totalidad de los casos los Convenios Específicos asociados a cada etapa fueron cele por sumas que superan lo presupuestado, entre otros elementos.

A su vez, dos informes ambientales de la Auditoría General de la Nación (Res 99/2008  y 132/2014), alertaron sobre la falta de documentación y la ausencia de organización como así también en observación de la gestión del periodo 2004-2006 (Res 39/2009) la AGN sostuvo que “el Ministerio Planificación Federal no cuenta con una planificación estratégica” para las obras públicas que deben realizarse a mediano y largo plazo en el territorio nacional y observó que “la Secretaría de Obras Públicas no tiene criterios para desarrollar un plan estratégico que refleje las necesidades ciertas de la población”.

Por otro lado, en lo que respecta al presunto pago de comisiones y sobreprecios para proveer Gas Natural Licuado (GNL) la resolución 315/2010 de la AGN figura como evidencia concluyendo expresamente en lo referido a las compras de combustible realizadas por ENARSA  que “los precios de gas oil incluyen un valor de premio que excede los valores razonables de flete y seguro; compras de dicho producto a YPF S.A por encima de los valores precio de mercado, aun cuando ENARSA solicitó una mejora en la oferta; compras de GNL donde no se establece un precio fórmula, con la identificación del marcador de referencia, ni la cuantificación de otros costos relacionados para cada entrega”.

En la reciente celebración de los 25 años de la Auditoría General de la Nación, que reunió a representantes, trabajadores y funcionarios, se hizo referencia a las más de 400 causas penales que fueron fruto de informes de auditoría.

De acuerdo a la Constitución, la AGN funciona como organismo de asistencia técnica al Congreso con autonomía funcional. A través de la realización de informes y estudios especiales, el organismo suscita la promoción del uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos, así como también la contribución a la rendición de cuentas y el perfeccionamiento del Estado.

Los organismos de control son una herramienta indispensable para lograr que la República sea una realidad, porque el control pone límites al abuso de poder. Sin embargo, cuánto más podría la AGN de contar con una norma reglamentaria que le otorgue mayores facultades, que permita que nuestro sistema de control externo funcione correctamente.

Cuánto más podría nuestro sistema de control de no encontrarse con la poca receptividad, indiferencia y desidia por parte de los funcionarios respecto de los informes realizados por estos organismos. Desinterés que se traduce en la pérdida de vidas humanas y en pérdidas económicas con mucho impacto social.

Tal y como lo sostuvimos anteriormente, consideramos desde nuestra más firme convicción, que las conductas analizadas del señor Julio Devido configuran la ineludible obligación de éste Honorable Cuerpo de objetar estas actitudes indignas e inapropiadas y colaborar con el desempeño de nuestro sistema de justicia, razón por la cual aprobamos el pedido de desafuero.

No obstante, no debemos olvidar que mientras el Estado no cuente con un sistema de control independiente, transparente, y profesionalizado para fiscalizar el desempeño de la Administración Pública y en consecuencia de la gestión de gobierno, no podrán garantizarse la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos y la pelea contra la corrupción seguirá siendo una lucha desigual.

Plataforma virtual de protección integral

Plataforma virtual de protección integral

En marzo de 2009, la sanción y promulgación de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, representó un avance sin precedentes en la inclusión de la perspectiva de género en la política pública y en el reconocimiento del derecho a la igualdad de trato y oportunidades.

El Consejo Nacional de las Mujeres, ahora Instituto Nacional de las Mujeres, fue designado como organismo competente para diseñar las políticas públicas que hicieran efectivas las disposiciones de la norma. Dentro de las facultades del Consejo, la norma establece en su artículo 9º inciso “o” la implementación de una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen. (más…)

Análisis de informes de AGN, a propósito de la prórroga de la Ley 26.160

El 27 de septiembre el Senado de la Nación aprobó por unanimidad una nueva prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras habitadas por pueblos originarios hasta que finalice el relevamiento catastral que está realizando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).

De todas maneras, considero que la prórroga debe ir de la mano de tomar las sugerencias y recomendaciones de la Auditoría General de la Nación, a propósito de las dos auditorías que realizó el organismo.

Sobre la ley 26.160, la AGN advierte que: “constituye un valioso aporte a la política de reconocimiento de tierras, porque prohíbe los desalojos y ordena realizar el relevamiento jurídico catastral de la situación dominial de las comunidades indígenas, lo que configura una documentación oficial significativa sobre la posesión tradicional, actual y pública. Sin embargo, no es un instrumento legal de regularización dominial, que está pendiente aún en la Argentina. Por ello resulta necesario mantener el programa de relevamiento territorial de dicha ley y combinarlo con un programa de regularización dominial”.

A continuación comparto un análisis de las dos auditorías realizadas por AGN:

Análisis de Informes de AGN sobre INAI

 

Transparencia y acceso a la información pública

A pocos días de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública se realizó en la Cámara de Diputados un seminario del que participaron los especialistas  María Fernanda Araujo, directora de Fortalecimiento de la Democracia en el Ministerio del Interior; Marta Oyhanarte, miembro del Comité de Expertos en Administración Pública (CEPA); y Roberto Saba, especialista en derecho constitucional de la UBA.

La ley fue una cuenta pendiente del Congreso durante mucho tiempo. Promover leyes que acompañen el derecho de la ciudadanía a tener una participación más activa que permita lograr mayor transparencia y erradicar la corrupción fortalece la democracia.

También es importante  concientizar sobre la importancia de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas por parte de los funcionarios para lograr gestiones y gobiernos más transparentes.

Durante su exposición Marta Oyhanarte , sostuvo que aún queda mucho por concientizar porque según su  “experiencia y estudios de campo realizados, sólo el 1% de la ciudadanía reconoce al derecho a la información como intrínseco al desarrollo pleno de la democracia”.

En tanto, Roberto Saba, precisó que el acceso a la información pública “es un derecho necesario para otorgar otros derechos y construir confianza desde el Estado” porque es clave en el proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas y crucial para garantizar la confianza de los ciudadanos en la gestión”.

Por su parte, Fernanda Araujo, detalló los pasos para la implementación y destacó que durante 2016, se recibieron 893 pedidos de acceso a la información por parte de la sociedad civil, mientras que en lo que va del 2017 ya se igualó esa cifra lo que demuestra que la sanción de la ley generó interés en la ciudadanía.

Herramientas para combatir la obesidad: ya una pandemia mundial

El Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional elaborado por la OMS y la FAO ubica a la Argentina primera en el ranking regional de obesidad. Según ese informe, el 9,9% de los niños menores de cinco años padecen el problema, informa el diario La Nación en una nota publicada el domingo 10 de septiembre.

En el mismo artículo se precisa que según “la Encuesta Mundial de Salud Escolar, hecha en 2007 y 2012, en los adolescentes, el incremento del sobrepeso fue un 16% y el de la obesidad un 34%” y afirman que “hoy, uno de cada cuatro escolares tiene sobrepeso”.

En Argentina, a lo largo de los últimos años, se han llevado a cabo numerosos planes, campañas y programas orientados a la promoción de la salud y el control de enfermedades no transmisibles, como la obesidad. No obstante, el panorama no ha mejorado. En respuesta a ello presenté varios proyectos que tienen como objetivo promover una alimentación saludable, en pos del bienestar de los niños, niñas y adolescentes argentinos.

Uno de ellos apunta a realizar una campaña pública nacional de concientización a favor de la alimentación saludable para brindar herramientas a los niños y niñas para crear hábitos saludables que puedan ir consolidándose a lo largo de sus vidas, al tiempo que permitirá a los adultos tomar conciencia de los alimentos que ingieren y podrán realizar los cambios necesarios en pos de una alimentación sana que repercuta en su salud de manera positiva.

La campaña pública fomentará la alimentación saludable y será una manera de instalar los hábitos saludables en la sociedad e informar sobre los beneficios del consumo de vegetales, frutas y agua para la salud.

Aquí pueden leer el proyecto completo.

Asimismo presenté un proyecto para prohibir la venta de bebidas azucaradas en todas las instituciones educativas del país con el fin de fomentar entornos saludables.

No basta con que los niños y niñas coman sano en sus hogares. Los entornos educativos son un factor decisivo en sus conductas. En ese sentido, la prohibición de la venta de bebidas azucaradas en las instituciones educativas debe pensarse como una atribución de estos establecimientos a los fines de colaborar en la promoción de una alimentación y hábitos saludables.

Pueden leer el proyecto completo aquí.

Otra iniciativa parlamentaria se relaciona con garantizar de manera efectiva el derecho de acceso al agua, un derecho humano reconocido explícitamente desde 2010 por la Resolución 64/292 dictada por la Asamblea de las Naciones Unidas. Apunta a incorporar de forma obligatoria la disponibilidad de agua filtrada, segura y exenta de todo riesgo para la salud, de forma gratuita, en todos los espacios estatales y privados, que desarrollen actividades de carácter público y privado, sin necesidad que medie solicitud alguna.

Sabemos que a pesar de algunos intentos para generar conciencia sobre la importancia de crear hábitos saludables el panorama no ha mejorado. Sin embargo, insistimos en que es el Estado quien debe impulsar medidas que contribuyan a una alimentación más saludable para que, de esa manera, la responsabilidad no recaiga en la ciudadanía, que en muchos casos carece de la información necesaria para optar por las mejores opciones. En ese sentido, con los proyectos presentados intentamos con determinación mejorar la calidad de vida de las personas.

 

Nota completa de La Nación:

http://www.lanacion.com.ar/2061460-la-argentina-encabeza-el-ranking-regional-de-obesidad-infantil