Este miércoles 1 de noviembre participé del “Diálogo Legislativo: qué se puede aprender de la experiencia sueca en licencias? Un encuentro en el que legisladores y legisladoras junto a organizaciones de la sociedad civil, representantes del Ministerio de Trabajo, organismos internacionales y funcionarios suecos reflexionamos sobre la necesidad de modificar las licencias parentales para equiparar derechos.
Suecia fue el primer país del mundo, en 1974, que reemplazó la licencia de maternidad por la licencia de paternidad, que otorgaba a ambas personas en la pareja la oportunidad de dedicar su tiempo para cuidar en el hogar a sus hijos e hijas.
Desde ese momento al día de hoy la licencia fue modificada varias veces, siempre buscando mayor participación equitativa entre varones y mujeres para garantizar el derecho de cuidar y de ser cuidado.
Sebastián Waisgrais, de Unicef, sostuvo que en cuanto a licencias parentales Argentina se encuentra “a la cola” de muchos países de la región y afirmó que la modificación de las mismas contribuirá a reducir brechas significativas en el mercado laboral.
Waisgrais recalcó que la modificación del sistema de licencias debe incorporar principios asociados a corresponsabilidad, universalización y servicios de cuidado; puntos en los que coincidieron desde CIPPEC.
En el documento “Más días para cuidar: Una propuesta para modificar el régimen de licencias desde la equidad” sostienen que la modificación de licencias debe ser:
Todas las familias que tengan niños, sin importar su estatus laboral, deben estar cubiertas por este beneficio. Para los trabajadores formales e informales, las licencias les permite mantener su nivel de ingresos durante el tiempo de cuidado de sus hijos.
- Promover la co-parentalidad
La corresponsabilidad entre los distintos adultos a cargo.
- Equitativa y contemplar licencias familiares
Es preciso ir hacia un régimen que contemple los casos de adopción y que reconozca la existencia de familias no tradicionales.
Además, cada familia debería poder decidir cómo repartir los días entre sus adultos responsables.
Por su parte, el Subsecretario de Programación Técnica y Estudios Laborales, Dr. José Francisco de Anchorena, explicó que desde el Ministerio se trabaja para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral porque en nuestro país sigue siendo baja, existe una diferencia laboral y el “techo de cristal”.
De Anchorena coincidió en la necesidad de modificar las licencias, de hecho-aunque de manera muy limitada- está propuesto en el proyecto de reforma laboral presentado recientemente por el Poder Ejecutivo, aunque advirtió que hay que evitar las consecuencias no deseadas como podría ser una mayor discriminación laboral hacia las mujeres.
La Ley de Régimen de Contrato de Trabajo 20.744 fue sancionada en 1974 con modificaciones posteriores, pero tras cambios que se gestaron en la sociedad en las últimas décadas vinculados a la organización económica y social; adecuaciones del Código Civil y Comercial de la Nación y la sanción de leyes como la de matrimonio igualitario y la de identidad de género, ha quedado obsoleta en muchos aspectos.
En ese sentido, coincidimos en que de manera urgente debe ser modificada, tanto para acompañar las sugerencias de Organismos Internacionales en cuanto a la cantidad de días por licencias de maternidad y paternidad y los avances de la sociedad, sino también para reflejar la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral y los pasos dados en relación a la igualdad de género y oportunidades.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige como mínimo 98 días de licencias de maternidad, ocho más del promedio que tienen las madres argentinas, aunque recomienda a los Estados Miembros extender esa licencia “a 18 semanas por lo menos”. En cuanto a la paternidad la OIT no tiene normas, pero una resolución de la organización “insta a los gobiernos a formular políticas adecuadas que permitan equilibrar mejor las responsabilidades laborales y familiares, incluir la licencia de paternidad y/o parental, y prever incentivos para que los hombres las aprovechen”.
Comparto el proyecto que presenté para modificar las licencias: http://www.diputados.gov.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5217-D-2017
El Caso Sueco
Andrea Perez Fransus, Primer Secretario de la Embajada de Asuntos políticos, comerciales, económicos, administrativos, prensa y cultura aseguró que su sistema de licencias “permite también a los hombres liberarse de los estereotipos machistas” y afirmó que “el costo de las licencias es mayor si las mujeres abandonan el mercado laboral”.
Por su parte, Niklas Löfgren, de la Agencia Sueca de Seguro Social, precisó que los objetivos de las políticas en cuanto a las licencias familiares implementadas en su país son compatibilizar la vida laboral con la familiar, la redistribución del dinero y el apoyo en situaciones vulnerables.
Löfgren explicó las etapas y modificaciones que a lo largo de cuatro décadas implementaron para que hoy en día los varones tengan una licencia de 90 días para cuidar a sus hijos y un dato muy interesante es que el progenitor que no quiera dar uso a este tiempo, no recibirá su sueldo durante tres meses de vacaciones.
Cuando implementaron las licencias familiares, por la década del ‘70, la idea era que las parejas recibirían seis meses de licencia por hijo, cada uno con el derecho a tomarse la mitad de los días.
Pero, lo que sucedió es que como los hombres tenían la posibilidad de traspasar esos días a las mujeres y muchos optaron por eso.
En la década de los ´90 casi la totalidad de los días de licencia eran utilizados por las mujeres, por lo que optaron por incorporar la “cuota para papás”, que daba 30 días exclusivamente para el padre con la condición de que si el padre no se tomaba el mes del trabajo, la pareja en conjunto perdería un mes de licencia pagada.
En 2002, la medida se extendió a 60 días y eso marcó un cambio positivo porque los hombres comenzaron a tomarse los días. El año pasado se amplió a 90 días y ese es el régimen que tienen hoy.
Hace apenas unos meses nos reunía en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una tarea: evaluar la permanencia en ese cuerpo de uno de sus integrantes a raíz de una multiplicidad de conductas irregulares en su ejercicio de la función pública. Discutimos una sanción de tipo política en un cuerpo político y representativo, en donde lo que estaba en juego es la defensa de la legitimidad de esta casa.
El resultado de aquella sesión es conocido por todos y todas, y de alguna forma razón por la que este encuentro tuvo que repetirse, convocados esta vez expresamente por la justicia.
De ese tiempo a esta parte, no nos mantuvimos expectantes. Este caso nos requirió la precisión y el análisis de nuestra normativa vigente en la materia. Recibimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales a prestigiosos abogados constitucionalistas para escuchar su opinión sobre los proyectos presentados en relación a las inmunidades legislativas.
En este sentido, tanto los abogados como los integrantes de la comisión estuvimos de acuerdo en la necesidad de precisar la denominada “Ley de fueros” 25.320 con una mirada a mediano y largo plazo, despegándonos de la bochornosa coyuntura.
En la misma línea, se destacó la importancia de establecer y clarificar reglas de debido proceso como así también precisar los reglamentos de ambas cámaras. Cabe señalar que durante el análisis del caso De Vido, fuimos los representantes del frente 1país quienes abogamos para el establecimiento de un mínimo proceso garantizando así, entre otras cuestiones, el derecho a la legítima defensa.
Los tiempos electorales detuvieron este ejercicio a medio camino. Tarea a la cual deberemos abocarnos con urgencia. Pero el análisis del caso también sirvió para echar luz a un olvido recurrente que en cada sesión siento el deber de recordar: la importancia de nuestro Sistema de Control Público Nacional.
Por las causas que hoy la justicia solicita el desafuero de Julio De Vido, los principales organismos de control público de nuestro sistema han sido claves.
En el caso que investiga el supuesto desvío de fondos que debían destinarse al mantenimiento y la modernización del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y a las obras para un tren turístico en la zona, los informes de la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo, aparecen citados como pruebas.
Entre algunos de los elementos que la Sindicatura menciona en sus auditorías figuran: falta de informes técnicos que respalden los montos presupuestados por la Facultad Regional a Yacimientos Carboníferos (FRYC); alto nivel de discrecionalidad en la elección de los proveedores; el fraccionamiento de los convenios para que no superen los montos que exige la normativa y deba aprobarlo el Consejo Superior y el Ministerio de Planificación; el presunto sobreprecio de la obra de $121.635.707,36 a junio de 2016; falta de planificación y la existencia de condiciones inseguras para el personal -de riesgo grave e inminente.
En la misma línea, la SIGEN observó que en casi la totalidad de los casos los Convenios Específicos asociados a cada etapa fueron cele por sumas que superan lo presupuestado, entre otros elementos.
A su vez, dos informes ambientales de la Auditoría General de la Nación (Res 99/2008 y 132/2014), alertaron sobre la falta de documentación y la ausencia de organización como así también en observación de la gestión del periodo 2004-2006 (Res 39/2009) la AGN sostuvo que “el Ministerio Planificación Federal no cuenta con una planificación estratégica” para las obras públicas que deben realizarse a mediano y largo plazo en el territorio nacional y observó que “la Secretaría de Obras Públicas no tiene criterios para desarrollar un plan estratégico que refleje las necesidades ciertas de la población”.
Por otro lado, en lo que respecta al presunto pago de comisiones y sobreprecios para proveer Gas Natural Licuado (GNL) la resolución 315/2010 de la AGN figura como evidencia concluyendo expresamente en lo referido a las compras de combustible realizadas por ENARSA que “los precios de gas oil incluyen un valor de premio que excede los valores razonables de flete y seguro; compras de dicho producto a YPF S.A por encima de los valores precio de mercado, aun cuando ENARSA solicitó una mejora en la oferta; compras de GNL donde no se establece un precio fórmula, con la identificación del marcador de referencia, ni la cuantificación de otros costos relacionados para cada entrega”.
En la reciente celebración de los 25 años de la Auditoría General de la Nación, que reunió a representantes, trabajadores y funcionarios, se hizo referencia a las más de 400 causas penales que fueron fruto de informes de auditoría.
De acuerdo a la Constitución, la AGN funciona como organismo de asistencia técnica al Congreso con autonomía funcional. A través de la realización de informes y estudios especiales, el organismo suscita la promoción del uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos, así como también la contribución a la rendición de cuentas y el perfeccionamiento del Estado.
Los organismos de control son una herramienta indispensable para lograr que la República sea una realidad, porque el control pone límites al abuso de poder. Sin embargo, cuánto más podría la AGN de contar con una norma reglamentaria que le otorgue mayores facultades, que permita que nuestro sistema de control externo funcione correctamente.
Cuánto más podría nuestro sistema de control de no encontrarse con la poca receptividad, indiferencia y desidia por parte de los funcionarios respecto de los informes realizados por estos organismos. Desinterés que se traduce en la pérdida de vidas humanas y en pérdidas económicas con mucho impacto social.
Tal y como lo sostuvimos anteriormente, consideramos desde nuestra más firme convicción, que las conductas analizadas del señor Julio Devido configuran la ineludible obligación de éste Honorable Cuerpo de objetar estas actitudes indignas e inapropiadas y colaborar con el desempeño de nuestro sistema de justicia, razón por la cual aprobamos el pedido de desafuero.
No obstante, no debemos olvidar que mientras el Estado no cuente con un sistema de control independiente, transparente, y profesionalizado para fiscalizar el desempeño de la Administración Pública y en consecuencia de la gestión de gobierno, no podrán garantizarse la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos y la pelea contra la corrupción seguirá siendo una lucha desigual.
Con la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) y la Fundación Éforo realizamos la jornada “Tecnología y trabajo. Los desafíos del sindicalismo”. Buscamos identificar, debatir y problematizar el impacto de la revolución tecnológica en relación al mundo laboral y el rol del sindicalismo en particular.
En la OIT, los ámbitos y foros vinculados con el G20 y en los espacios donde el trabajo y los trabajadores tenemos influencia, se está debatiendo como las tecnologías van a influir en nuestros trabajos.
Debatimos sobre la posibilidad de la creación de nuevos trabajos y fundamentalmente sobre el rol que tendrá el sindicalismo en como posicionar a nuestros compañeros en este nuevo escenario.
Participamos miembros de la Comisión Directiva y delegados y delegadas de APOC de organismos de control como Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación, Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Unidad de Auditoría Interna y Entes Reguladores, entre otros.
Por su parte, Federico Recagno, Secretario Adjunto de APOC y Presidente de la Fundación Éforo, afirmó que se trató de la “primera experiencia de participación de dirigencia sindical de los organismos de control para pensar el tema de tecnología y trabajo y los desafíos del sindicalismo hacia el futuro”.
En un país con muchas ambigüedades, donde hay tecnología que está dando muchos resultados y a su vez con alrededor del 30% de pobreza, con un tercio de la población activa en negro “cuando hablamos de desafío nos referimos al compromiso que tenemos que asumir como representantes de los trabajadores”.
Al cerrar el encuentro Hugo Quintana, Secretario General de APOC, sostuvo “que hay que aprender a convivir la vieja tecnología con la nueva tecnología y en eso el sindicalismo tiene una misión fundamental”.
En tanto, en el Congreso se presentó un proyecto para crear la Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento del Impacto de la Tecnología en el Mundo del Trabajo. Aquí el proyecto: http://www.diputados.gob.ar/proyectos/proyecto.jsp?exp=5358-D-2017
El miércoles con el grupo Parlamentario de Amistad de España recibimos en el
Congreso al Presidente de la Comunidad Autonómica de La Rioja-España, José Ignacio
Ceniceros Gonzalez, acompañado por el Embajador de España en Argentina, Javier
Sandomingo Nuñez; la Consejera de la Presidencia y Acción Exterior, Bergoña
Martínez; la directora general de Acción Exterior, Cerina Giorgio y el Consejero de la
embajada del Reino Unido de España en Argentina, David Izquierdo Ortiz de Zárate.
Celebramos este intercambio porque es fundamental para el fortalecimiento de las
instituciones y la democracia.
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