Hace apenas unos meses nos reunía en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una tarea: evaluar la permanencia en ese cuerpo de uno de sus integrantes a raíz de una multiplicidad de conductas irregulares en su ejercicio de la función pública. Discutimos una sanción de tipo política en un cuerpo político y representativo, en donde lo que estaba en juego es la defensa de la legitimidad de esta casa.
El resultado de aquella sesión es conocido por todos y todas, y de alguna forma razón por la que este encuentro tuvo que repetirse, convocados esta vez expresamente por la justicia.
De ese tiempo a esta parte, no nos mantuvimos expectantes. Este caso nos requirió la precisión y el análisis de nuestra normativa vigente en la materia. Recibimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales a prestigiosos abogados constitucionalistas para escuchar su opinión sobre los proyectos presentados en relación a las inmunidades legislativas.
En este sentido, tanto los abogados como los integrantes de la comisión estuvimos de acuerdo en la necesidad de precisar la denominada “Ley de fueros” 25.320 con una mirada a mediano y largo plazo, despegándonos de la bochornosa coyuntura.
En la misma línea, se destacó la importancia de establecer y clarificar reglas de debido proceso como así también precisar los reglamentos de ambas cámaras. Cabe señalar que durante el análisis del caso De Vido, fuimos los representantes del frente 1país quienes abogamos para el establecimiento de un mínimo proceso garantizando así, entre otras cuestiones, el derecho a la legítima defensa.
Los tiempos electorales detuvieron este ejercicio a medio camino. Tarea a la cual deberemos abocarnos con urgencia. Pero el análisis del caso también sirvió para echar luz a un olvido recurrente que en cada sesión siento el deber de recordar: la importancia de nuestro Sistema de Control Público Nacional.
Por las causas que hoy la justicia solicita el desafuero de Julio De Vido, los principales organismos de control público de nuestro sistema han sido claves.
En el caso que investiga el supuesto desvío de fondos que debían destinarse al mantenimiento y la modernización del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y a las obras para un tren turístico en la zona, los informes de la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo, aparecen citados como pruebas.
Entre algunos de los elementos que la Sindicatura menciona en sus auditorías figuran: falta de informes técnicos que respalden los montos presupuestados por la Facultad Regional a Yacimientos Carboníferos (FRYC); alto nivel de discrecionalidad en la elección de los proveedores; el fraccionamiento de los convenios para que no superen los montos que exige la normativa y deba aprobarlo el Consejo Superior y el Ministerio de Planificación; el presunto sobreprecio de la obra de $121.635.707,36 a junio de 2016; falta de planificación y la existencia de condiciones inseguras para el personal -de riesgo grave e inminente.
En la misma línea, la SIGEN observó que en casi la totalidad de los casos los Convenios Específicos asociados a cada etapa fueron cele por sumas que superan lo presupuestado, entre otros elementos.
A su vez, dos informes ambientales de la Auditoría General de la Nación (Res 99/2008 y 132/2014), alertaron sobre la falta de documentación y la ausencia de organización como así también en observación de la gestión del periodo 2004-2006 (Res 39/2009) la AGN sostuvo que “el Ministerio Planificación Federal no cuenta con una planificación estratégica” para las obras públicas que deben realizarse a mediano y largo plazo en el territorio nacional y observó que “la Secretaría de Obras Públicas no tiene criterios para desarrollar un plan estratégico que refleje las necesidades ciertas de la población”.
Por otro lado, en lo que respecta al presunto pago de comisiones y sobreprecios para proveer Gas Natural Licuado (GNL) la resolución 315/2010 de la AGN figura como evidencia concluyendo expresamente en lo referido a las compras de combustible realizadas por ENARSA que “los precios de gas oil incluyen un valor de premio que excede los valores razonables de flete y seguro; compras de dicho producto a YPF S.A por encima de los valores precio de mercado, aun cuando ENARSA solicitó una mejora en la oferta; compras de GNL donde no se establece un precio fórmula, con la identificación del marcador de referencia, ni la cuantificación de otros costos relacionados para cada entrega”.
En la reciente celebración de los 25 años de la Auditoría General de la Nación, que reunió a representantes, trabajadores y funcionarios, se hizo referencia a las más de 400 causas penales que fueron fruto de informes de auditoría.
De acuerdo a la Constitución, la AGN funciona como organismo de asistencia técnica al Congreso con autonomía funcional. A través de la realización de informes y estudios especiales, el organismo suscita la promoción del uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos, así como también la contribución a la rendición de cuentas y el perfeccionamiento del Estado.
Los organismos de control son una herramienta indispensable para lograr que la República sea una realidad, porque el control pone límites al abuso de poder. Sin embargo, cuánto más podría la AGN de contar con una norma reglamentaria que le otorgue mayores facultades, que permita que nuestro sistema de control externo funcione correctamente.
Cuánto más podría nuestro sistema de control de no encontrarse con la poca receptividad, indiferencia y desidia por parte de los funcionarios respecto de los informes realizados por estos organismos. Desinterés que se traduce en la pérdida de vidas humanas y en pérdidas económicas con mucho impacto social.
Tal y como lo sostuvimos anteriormente, consideramos desde nuestra más firme convicción, que las conductas analizadas del señor Julio Devido configuran la ineludible obligación de éste Honorable Cuerpo de objetar estas actitudes indignas e inapropiadas y colaborar con el desempeño de nuestro sistema de justicia, razón por la cual aprobamos el pedido de desafuero.
No obstante, no debemos olvidar que mientras el Estado no cuente con un sistema de control independiente, transparente, y profesionalizado para fiscalizar el desempeño de la Administración Pública y en consecuencia de la gestión de gobierno, no podrán garantizarse la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos y la pelea contra la corrupción seguirá siendo una lucha desigual.
