Hablar de paridad molesta. Sí, molesta. Lo sabemos. Molesta porque incomoda, cuestiona elementos que considerábamos incuestionables. Porque visibiliza lo invisibilizado. Porque distingue “diferencia” de “jerarquía”. Porque discute la división sexual del trabajo. Porque presenta al género como una forma de relación construida social y culturalmente a partir de estereotipos.
Estudiamos, trabajamos y usamos pantalones. Sí, hemos avanzado, pero también nos matan por ser mujeres y es complejo el camino de la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La paridad en la representación política es un paso imprescindible entre muchos para la consagración de la verdadera igualdad.
Presidencia de las comisiones de la Honorable Cámara de Diputados; Poder Judicial y Corte Suprema; Poder Ejecutivo Nacional y fórmula presidencial; órganos colegiados; cargos públicos electivos; asociaciones sindicales; asociaciones profesionales; función pública y autoridades partidarias. Esta lista, que pareciera ser una enumeración del sector
público de gobierno y representación política de nuestro país, es en realidad un reducido inventario de los espacios de participación en los que desde hace varios años la paridad de género es un reclamo permanente.
La perseverancia y el trabajo de diputadas y diputados de diferentes bloques y espacios partidarios nos encuentran hoy, afortunadamente, celebrando la aprobación de este proyecto.
No hay excusas y sobran las evidencias. Más de una década después de que se aprobara la paridad en Francia, son nueve los países de todo el mundo que han introducido en sus legislaciones electorales disposiciones que consagran la participación paritaria de hombres y mujeres.
Varios países de la región, inspirados inicialmente en la exitosa experiencia argentina, avanzaron hacia reformas electorales que permitieron mejorar la representación en los parlamentos con la incorporación de mujeres y de hombres en un 50% de manera alternada y secuencial en las listas partidarias: Ecuador, Bolivia, Costa Rica y,
recientemente, Nicaragua, para cargos de elección popular.
En el Continente africano, otros dos países han incorporado estas disposiciones: Senegal y Túnez, que incluyó esta medida para la elección de la Asamblea Constituyente encargada de redactar su nueva Constitución, tras la primera elección democrática ocurrida en ese país.
En los casos anteriormente mencionados, estas modificaciones normativas impactaron significativamente en la conformación de la agenda política y en las propuestas parlamentarias, así como también en la reconfiguración de modelos y estereotipos sociales.
Pero más allá de los resultados sustantivos para justificar la presencia de mujeres y hombres en forma igualitaria en los puestos de decisión, aquí lo fundamental es que se trata de una cuestión de justicia. Hombres y mujeres tenemos idénticos derechos de participar en forma equilibrada en el ámbito de la representación política.
La idea de paridad articulada a otros conceptos como el de igualdad real y corresponsabilidad entre hombres y mujeres en las tareas públicas y privadas, promueven en su conjunto un esfuerzo por construir un nuevo modelo de convivencia, cuyos dispositivos apuntan a desarmar el sistema patriarcal que por siglos ha mantenido a las mujeres alejadas del espacio público.
La idea de igualdad estructural es una noción que requiere que el Estado lleve adelante políticas afirmativas, de acción positiva, con el fin de desmantelar las situaciones que provocan el sometimiento de grupos sistemáticamente excluidos.
No queremos más, queremos lo mismo. Realizar transformaciones en las formas de hacer política es una estrategia fundamental para conseguir cambios sociales profundos y ese es el camino y desafío que tenemos por delante.