Mientras para la mayoría de los argentinos el sueño de la casa propia se convierte en una utopía, el Juzgado Federal Nº 4, a cargo del juez Ariel Lijo, decidió poner la lupa en los créditos del Banco de la Nación Argentina (BNA) para funcionarios públicos.
Y este caso pone en debate una cuestión incómoda, pero inevitable: ¿hasta dónde alcanza la legalidad cuando se trata del uso de recursos públicos?
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