El martes 19 de septiembre asistimos invitados a la reunión sobre la Endometriosis, convocada por la Sociedad Argentina de Endometriosis, la Asociación de Personal Legislativo (APL) y la organización Mujeres Argentinas con Endometriosis.
El encuentro, realizado para concientizar sobre la enfermedad y presentar el proyecto de ley de la diputada Vanesa Massetani, que apunta a la implementación de una campaña nacional, anual y obligatoria por parte del Ministerio de Salud de la Nación, para información y concientización ciudadana.
El proyecto propone que “la campaña de difusión y concientización, informe sobre prevención, síntomas, tratamiento y efectos colaterales de la endometriosis a fin de promover un mayor conocimiento de la enfermedad que posibilite su diagnóstico temprano, control y tratamiento adecuado e integral. Se invitará a participar de la misma a instituciones educativas, médicas y científicas”.
Los médicos Roberto Nicholson, Edgardo Rolla y Juan José Etchepareborda precisaron síntomas, estadíos y tratamientos posibles de la enfermedad. El encuentro, que contó con la participación activa de la Secretaria de la Mujer de APL la compañera Gladys Benítez, convocó a muchos trabajadores y trabajadoras de la Cámara de Diputados. Paula, integrante de la organización Mujeres Argentinas con endometriosis, expuso al auditorio en primera persona las implicancias del padecimiento de la enfermedad y sobre todo de la ausencia de información en el ámbito tanto médico como social lo cual muchas veces produce un diagnóstico erróneo o tardío. Un relato que nos permitió reflexionar acerca de la importancia de legislar sobre esta enfermedad.
Aquí puede leer el proyecto completo.
En la Cámara de Diputados se realizó el primer encuentro del ciclo “Género y G20”, que comprende cuatro reuniones de cara al foro internacional que el año próximo tendrá lugar en nuestro país y durante el cual Argentina asumirá la presidencia.
En este primer encuentro abordamos la Agenda del G20 y la importancia de incorporar la perspectiva de género, así como la relación con la nueva agenda global de Desarrollo Sostenible.
El Embajador Pedro Villagra Delgado, sherpa argentino para el G20, Carla Majadalani, Directora de Comunicación, Información y Difusión del Instituto Nacional de las Mujeres y René Valdez, Coordinador de Naciones Unidas en Argentina integraron el primer panel del ciclo acompañados por Vicepresidenta segunda de la Cámara de Diputados, la Dip. Patricia Giménez.
Villagra Delgado afirmó que el género debe abordarse de manera integral, toda vez que es trasversal a toda la agenda del G20 y destacó algunos temas como economía, empleo y lucha contra la corrupción. En ese sentido, señalo que la perspectiva de género debe estar presente en cada grupo de trabajo del G20.
Por su parte, Majdalani sostuvo que “sin mujeres no hay desarrollo posible” y recalcó que la perspectiva de género es mucho más que “sentar mujeres en una mesa” al hacer referencia a que es una metodología que permite, entre otras herramientas, medir el impacto que tienen las políticas públicas en varones y mujeres.
Asimismo recordó que la brecha salarial permanece actualmente en un 25%, es decir que en promedio las mujeres ganan menos que los varones y precisó que una mayor participación de mujeres en el mundo del trabajo aumentaría un 3,9% el PBI mundial.
El representante de Naciones Unidas, Rene Valdez, señaló por su parte, que la Agenda 2030 tiene el fin de armonizar objetivos económicos, sociales y ambientales y la definió como el esfuerzo de responder de manera colectiva a los problemas de la globalización, que si bien generó beneficios en muchos ámbitos también dejó a muchas personas atrás.
Precisó también que en cumbre del G20 de este año en la ciudad alemana de Hamburgo los Estados miembros acordaron a tomar nuevas medidas para alcanzar la igualdad de género y precisó que los temas sobre los que más hay que trabajar son los vinculados con brecha salarial, políticas del cuidado que permitan a las mujeres insertarse en el mundo del trabajo e inclusión financiera y tecnológica.
Tras mencionar el momento difícil que atraviesa el multilateralismo sostuvo que el G20 busca la manera de coordinar políticas entre las economías más fuertes del mundo, que representan el 85% del PBI mundial, dos tercios de la población mundial y la mitad de los pobres del mundo.
Es evidente la importancia que tendrán las organizaciones sindicales y los trabajadores para cumplir con los propósitos de la Agenda 2030, y su rol destacado en las discusiones que vendrán acerca del trabajo del futuro, a partir de los nuevos empleos que surgirán, adaptándonos a los cambios algunos de los cuales aún hoy ni siquiera imaginamos.
La Secretaría de Igualdad de Oportunidades y Trato de APOC coordinó el dictado del taller con el objetivo de incorporar la perspectiva de género a las tareas cotidianas de los trabajadores de los organismos de control de todo el país.
El taller será dictado por especialistas de la Oficina de la Mujer (OM) de la Corte Suprema de Justicia.
Compañeros de todo el país participarán en las jornadas de taller, que se realizará en el Palacio de Tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, y que apunta también a formar replicadores que serán capacitados para repetir la experiencia en sus seccionales.
Más de 20 mil personas fueron capacitadas en los 1200 talleres que se realizaron en todo el país y del que por primera vez podrá participar un gremio en forma voluntaria y respondiendo a una decisión firme de dar continuidad a nuestra política de lucha contra la violencia de género.
Como diputada nacional y dirigente gremial estoy convencida de que la participación igualitaria de varones y mujeres enriquece e integra y es, sin dudas, la única manera de terminar con la desigualdad en todos los aspectos de la vida privada y pública.
La presentación se llevó a cabo en la Sala Delia Parodi del Congreso Nacional y estuvo a cargo de la Directora Ejecutiva de la Fundación Avon, Florencia Yanuzzio quien estuvo acompañada en un panel por Fabiana Túñez, titular del Consejo Nacional de las Mujeres; Andrea Balzano, Coordinadora del área de género de PNUD y Clara Santamarina, abogada y Co coordinadora del Area Legal de la Asociación Civil La Casa del Encuentro.
“La Licencia permite a las colaboradoras contar con el apoyo y respaldo necesarios por parte de la compañía, garantizando absoluta confidencialidad. Además, el Protocolo proporciona un marco formal para acompañarlas y facilitarles el proceso de salida de la situación con la intervención de equipos especializados”, precisaron desde AVON.
Fabiana Túñez celebró la iniciativa y recalcó el “fuerte compromiso del CNM” para que la licencia por violencia de género pueda extenderse a todos los ámbitos públicos.
Por su parte, Balzano afirmó que la violencia de género es la violación “más frecuente” a los Derechos Humanos y coincidió con Túñez en destacar la importancia de la presentación del Protocolo.
En tanto, Axel Gegenschatz, Gerente General de AVON, dijo que “estas normativas reconocen y dan entidad a la violencia contra las mujeres dentro la compañía, y el rol de quien emplea en facilitar y no obstaculizar el proceso que esa mujer debe realizar: personal, legal, familiar, administrativo, entre otros”.
AVON contó para la normativa con el asesoramiento asesoramiento de La Casa del Encuentro, asociación de la sociedad civil que ha impulsado numerosos proyectos como la Ley Brisa y la quita de la responsabilidad parental en casos de femicidios.
Por mi parte, celebro esta propuesta y deseo que se extienda y replique a cada vez más empresas y desde ya a organismos públicos del Estado.
Asimismo , existen varios proyectos de ley, entre ellos de las diputadas Graciela Camaño y Azucena Ehcosor, para modificar la Ley de Contrato de Trabajo 20.744 incorporando licencia por violencia de género. Los empleadores, según un informe de la OIT citado en el proyecto de la diputada Camaño, podrían contribuir enormemente a mitigar los efectos de la violencia de género en el lugar de trabajo, es decir reconociendo la pertinencia y el impacto de la violencia doméstica y otra como aliados esenciales para encarar los efectos de la violencia doméstica, así como otras formas de violencia y acosos.
Es nuestro compromiso lograr la sanción de una normativa nacional que contemple el derecho a la licencia por violencia de género en los ámbitos laborales públicos y privados.
Creo, además, que los sindicatos tenemos un rol fundamental en la creación de herramientas e instrumentos de prevención y promoción de la lucha contra la violencia de género.
De hecho, cuando en la Comisión de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia discutimos el proyecto de ley Micaela- que aspira a establecer la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías-, logramos que los sindicatos formen parte y colaboren con las autoridades de cada organismo para garantizar la implementación de las capacitaciones.
Por un lado a través de talleres, actividades y capacitaciones los sindicatos pueden visibilizar esta problemática y por otro lado tienen la posibilidad de ser un puente entre empleadores y trabajadores que permita comunicar lo significativo que es que las mujeres en situación de violencia tengan la posibilidad de acceder a una licencia por violencia de género.
A través de la acción sindical trabajamos por la incorporación de la perspectiva de género en los convenios colectivos de trabajo donde se regulan y protegen las condiciones de trabajo. En estos casos se podrá incorporar las licencias por violencia de género en el régimen de licencias de los organismos, respaldando tanto el Estado empleador como los sindicatos a las trabajadoras que atraviesen situaciones de ese tipo.
Para erradicar la violencia de género, prevenir, contener y fortalecer a las mujeres que sufren casos de violencia de género debemos trabajar todos Estado, sindicatos, empresas y asociaciones civiles en conjunto. Solo así estaremos avanzando hacia el logro de una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia. Es un derecho, exijámoslo.
Después de 6 meses la comisión de educación de la Cámara de Diputados se reunió para dar tratamiento a un extenso temario de más de 100 proyectos a considerar.
De principio de año a esta parte, fuimos testigos afónicos del conflicto sobre paritaria docente que ocupó la agenda educativa del país. Tampoco nos pronunciamos al respecto de la profunda crisis educativa que atraviesa nuestro país, sobre cuyo diagnóstico prevalece un abrumador consenso.
Sin embargo, el funcionamiento de esta comisión no se diferenció del de la mayoría de las comisiones que tanto en su carácter de permanentes como especiales, vieron prácticamente interrumpido su accionar por la campaña electoral. Corresponde entonces un mea culpa de la dirigencia política que cada dos años modifica su trabajo en función de las elecciones.
En consecuencia, mucho de los proyectos en temario parecieron llegar tarde. Es el caso, por ejemplo, del expediente 1.549-D.-17 de los Diputados Sergio Massa y Graciela Camaño, convocando una mesa de diálogo para intervenir en el debate sobre la inversión educativa – que en 2016 fue la más baja de los últimos 14 años-; el modelo educativo; la capacitación docente y la construcción de una nueva relación de la comunidad educativa. Como es el caso de otros 17 proyectos de diversos autores y espacios que van en la misma sintonía y más de 30 pedidos de informes al Ejecutivo relacionados con la gestión de la educación nacional.
En relación a este último punto, los integrantes de la comisión acompañaron un pedido de informes de mi autoría, relacionado con la implementación de la Ley 26.892 de Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas y la ausencia de datos respecto a las tareas previstas de investigación, recopilación y difusión de información, como así también del funcionamiento y difusión de la línea telefónica “0800 Convivencia Escolar”.
Al mismo tiempo, solicité la incorporación para su tratamiento del expediente 3723-D-17 sobre PROGRESAR que otorga fuerza de ley a los Decreto de Necesidad y Urgencia N° 84/2014 y 505/2015 que crean y modifican al programa, incorporando el carácter móvil de la prestación para garantizar de manera efectiva el derecho a la educación y el trabajo, en línea con el acompañamiento de numerosos pedidos de informes en relación al funcionamiento actual de la iniciativa.
De cara a pensar soluciones a largo plazo, consensuamos una reunión especial de diputados y especialistas invitados para debatir sobre los proyectos de convocatoria a un nuevo Congreso Pedagógico Nacional.
El compromiso por la educación argentina tiene que ser amplio, plural y responsable. Durante 2016 la Comisión de Diputados de Educación se reunió un total de 24 veces, convirtiéndose en una de las cinco comisiones que más se reunieron durante este período legislativo. Espero que podamos retomar ese ritmo de trabajo y que sepamos estar a la altura de las circunstancias.
