¿Qué normas debe promover el Congreso de la Nación para garantizar internet libre, abierta e incluyente?
Tratando de dar respuesta a ello, reflexionamos en el encuentro convocado por el Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación y la CELE.
Edison Lanza Robatto, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, presentó el informe anual de la comisión “Estándares para una internet libre, abierta e incluyente”.
Norma Morandini, Directora del observatorio de DDHH expresó como punto de partida para el debate que “frente a ese fenomenal instrumento de democratización que es internet se imponen nuevos debates y compromisos para evitar que el control sobre la red funcione como una censura encubierta. Sin desconocer que la libertad no puede usarse para incitar al odio y a la violencia y que su único límite es la responsabilidad”.
El encuentro contó con la valiosa participación de la Dra. Agustina del Campo, Directora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión y Acceso a la Información (CELE); Dra. Valeria Milanés, Directora del área Digital de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC); Dra. Eleonora Rabinovich, Gerente de Políticas Públicas y Gobierno para el Cono Sur de Google.
“Hemos llegado tarde a la democracia. Conviven el desafío de lo nuevo con escasa conciencia sobre la libertad de expresión como derecho”, reflexionó Morandini al abrir el encuentro y sostuvo que la libertad de expresión es un derecho fundamental para garantizar otros.
Los especialistas coincidieron que el Congreso de la Nación es el ámbito adecuado para generar proyectos que regulen internet, pero que se debe debatir sobre qué regular y hasta qué punto y en ese sentido consideraron muy relevante convocar a espacios de la sociedad civil y del sector privado para trabajar en la construcción de consensos.
Agustina Del Campo, explicó que hace años los debates planteaban la no intervención en Internet por parte del Estado, pero que de unos años a esta parte surgió la necesidad de regular.
Además, precisó que de un informe realizado por CELE se desprende que en el Congreso Argentino hay más de 90 proyectos de ley presentados sobre libertad de expresión y que un 60% de ellos se relacionan con la regulación de internet.
Por su parte, Eleonora Rabinovich, consideró que además del poder legislativo los otros poderes pueden aportar al debate y sentar bases para avanzar en regulaciones que sean necesarias.
Valeria Milanés, al referirse al informe de la CIDH destacó que unos de los desafíos que tenemos es concebir como espacio público plataformas regenteadas por privados.
El encuentro realizado y promovido por el Observatorio fue sumamente interesante y nos permite e insta a seguir reflexionando para hallar un equilibrio a la hora de legislar sobre internet para no lesionar derechos, y teniendo en miras el sistema interamericano por sus normas específicas .
Es imprescindible regular y legislar garantizando la innovación en internet, sin perder de vista el derecho a la libertad de expresión y a la privacidad.
El artículo 101 de la Constitución Nacional establece que “el jefe de gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 71. Puede ser interpelado a los efectos del tratamiento de una moción de censura, por el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cualquiera de las Cámaras, y ser removido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las Cámaras.”
En ese marco, el Jefe de Gabinete asiste cada dos meses a la Cámara Baja para presentar informe sobre la gestión, a partir de las preguntas que realizamos los diputados y diputadas de todos los bloques.
A continuación comparto el análisis que realizamos de las respuestas del Jefe de Gabinete.
Respuestas Informe 101
Respuestas Informe 103
Respuestas Informe 105
Respuestas Informe 107
Respuestas Informe 108
El Día Mundial del Acceso a la Información es reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se conmemora desde el año 2002 cuando grupos de activistas de todo el mundo se reunieron en Bulgaria para definir estrategias en pos de la defensa y difusión del derecho de acceso a la información pública.
El derecho a la información es un derecho humano fundamental refrendado por nuestra Constitución Nacional, garante del Estado de derecho y propio de nuestro régimen político, que exige la publicidad de los actos de gobierno.
Por primera vez desde la conmemoración inicial de la fecha, nuestro país cuenta con la incipiente implementación de una ley nacional de acceso a la información pública, cuenta pendiente del Congreso durante mucho tiempo.
Sin embargo, el acceso a la información no se alcanza solamente a través de la sanción de una norma. Implica compromiso de funcionarios y ciudadanos en la construcción de una gestión pública más transparente y participativa.
Es tarea de todos conocer nuestros derechos y defenderlos. Seguiremos trabajando para asegurar la plena vigencia de esta herramienta democrática.
En el segundo encuentro del ciclo “Género y G20” bajo la consigna “Cerrando Brechas” abordamos las perspectivas sociales y del empleo en el mundo; el empoderamiento económico de las mujeres y el impacto de la violencia laboral en el marco de las discusiones que se generarán en la cumbre internacional donde dicha perspectiva no estará ausente sino que será un de los ejes nodales.
En la reunión que se realizó en la Cámara de Diputados de cara al foro internacional que el año próximo tendrá como Presidente a la Argentina, participaron representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social y de organizaciones de la sociedad civil, como así diputados y diputadas de diferentes bloques partidarios.
Kristen Sobeck, oficial en mercados de Trabajo Inclusivos de la Oficina de París de la OIT para la Argentina, presentó el informe “Perspectivas Sociales y del Empleo en el Mundo”, del que se desprende que la brecha de participación en el mercado global laboral es del 26,7% lo que impacta en la calidad de trabajo, nivel de ingresos y acceso a protección social.
La representante de la OIT precisó que la reducción de la brecha reportará beneficios económicos y un incremento del PBI mundial. De todas maneras, advirtió que para lograr esa reducción se requerirán políticas focalizadas para combatir la discriminación tanto dentro como fuera del ámbito laboral, como así también generar y proteger empleos de calidad vinculados a las economía del cuidado, poniendo énfasis en reconocer y redistribuir las tareas de cuidado no remuneradas que recaen principalmente en las mujeres.
Gala Diaz Langou, Directora del Programa de Protección Social de CIPPEC, afirmó, por su parte, que el desafío de cerrar brechas es básicamente una cuestión de derechos y equidad. Que el Estado debe generar estrategias de empoderamiento económico para las mujeres y que ello tendrá retornos muy concretos para la sociedad y las empresas. Señaló que “es básicamente un inversión”.
También informó que la brecha salarial se redujo en los puestos jerárquicos, pero que en los puestos de la base de la pirámide se amplió la diferencia en los últimos años.
Al cerrar el encuentro, Patricia Saenz, coordinadora de la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, brindó datos sobre las denuncias que ha recibido el organismo desde su puesta en funcionamiento. Asimismo señaló la importancia de la implementación de Protocolos de actuación ante las denuncias de violencia laboral .
De la información recogida por la OAVL se desprende que las mujeres son las que más denuncias realizan (el 60%), pero también las más perjudicadas porque son las que tienen más posibilidades de padecer acoso o abuso sexual en el ámbito laboral. Aunque como dato advirtió que las mujeres que sí acceden a puestos de poder y decisión son las que más acoso ejercen sobre otras mujeres.
En definitiva la Agenda del G20 se plantea el empoderamiento de las mujeres y reconoce la relevancia de estrategias vinculadas con: inclusión digital, inclusión financiera y participación laboral.
La reunión abrió un profundo debate sobre la necesidad de aprobar las iniciativas parlamentarias que se encuentran en tratamiento en el Congreso de la Nación relativas a disminuir las brechas de género en los aspectos de la vida pública y privada.
A pocos días de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública se realizó en la Cámara de Diputados un seminario del que participaron los especialistas María Fernanda Araujo, directora de Fortalecimiento de la Democracia en el Ministerio del Interior; Marta Oyhanarte, miembro del Comité de Expertos en Administración Pública (CEPA); y Roberto Saba, especialista en derecho constitucional de la UBA.
La ley fue una cuenta pendiente del Congreso durante mucho tiempo. Promover leyes que acompañen el derecho de la ciudadanía a tener una participación más activa que permita lograr mayor transparencia y erradicar la corrupción fortalece la democracia.
También es importante concientizar sobre la importancia de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas por parte de los funcionarios para lograr gestiones y gobiernos más transparentes.
Durante su exposición Marta Oyhanarte , sostuvo que aún queda mucho por concientizar porque según su “experiencia y estudios de campo realizados, sólo el 1% de la ciudadanía reconoce al derecho a la información como intrínseco al desarrollo pleno de la democracia”.
En tanto, Roberto Saba, precisó que el acceso a la información pública “es un derecho necesario para otorgar otros derechos y construir confianza desde el Estado” porque es clave en el proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas y crucial para garantizar la confianza de los ciudadanos en la gestión”.
Por su parte, Fernanda Araujo, detalló los pasos para la implementación y destacó que durante 2016, se recibieron 893 pedidos de acceso a la información por parte de la sociedad civil, mientras que en lo que va del 2017 ya se igualó esa cifra lo que demuestra que la sanción de la ley generó interés en la ciudadanía.
