Nuestro país firmó los acuerdos de cooperación de sobre libertad provisional y libertad de personas con la Corte Penal Internacional (CPI).
Los acuerdos de cooperación fortalecen el funcionamiento eficaz de la CPI, organismo con el que han colaborado todos los gobiernos argentinos desde su creación. En estos acuerdos, los Estados tienen la oportunidad de decidir y establecer los procedimientos adecuados para situaciones muy concretas.
Como miembro del grupo nacional de Parlamentarios por la Acción Global (PGA) en noviembre del año pasado nos reunimos junto con la entonces presidenta de PGA, la diputada mandato cumplido Margarita Stolbizer y legisladores de varios espacios políticos con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Ministro Germán Garavano, para promover la negociación y firma de los acuerdos.
Que Argentina los haya firmado es importante porque no podemos seguir tolerando la impunidad por los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y el crimen de agresión. Lamentablemente, muchos Estados todavía están fuera del sistema de la CPI: su inercia es una afrenta a los derechos humanos universalmente aceptados, el Estado de Derecho, la democracia, la paz y la justicia.
Comparto el comunicado publicado por PGA sobre la firma de estos acuerdos:
http://www.pgaction.org/es/news/argentina-first-country-to-sign-all-four-cooperation-agreements-icc.html
El martes 27 de febrero tuvo lugar en el Salón Pueblos Originarios de Casa Rosada el seminario sobre “Financiamiento Político en Argentina. Diagnósticos y desafíos” a cargo de la secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
El Ministro Rogelio Frigerio inauguró la jornada presentando algunos acuerdos que estarán contenidos en el proyecto pronto a ser presentado en el Congreso de la Nación. En este sentido, Frigerio destacó la propuesta de bancarizar el régimen de aportes; la creación de un registro de aportes y gastos en tiempo real; la habilitación de aportes de empresas, con topes; el registro de proveedores de publicidad en la vía pública y el perfeccionamiento de la regulación de la publicidad oficial y de actos de gobierno durante el período de campaña.
En el primer panel, Janos Bertók, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sostuvo que “la confianza de los ciudadanos en los gobiernos es baja en todo el mundo, sobre todo a partir de la última crisis financiera”.
En ese sentido, Bertók destacó que Argentina se encuentra en una situación peligrosa: “El 70% de los ciudadanos argentinos encuestados considera que las políticas públicas están capturadas por algún interés. Y el 60% se consideró desalentado por el funcionamiento de la democracia”.
Entre los factores que influyen en la confianza el especialista destacó: integridad del gobierno, transparencia y calidad de los servicios públicos.
Para el caso Argentino, resulta especialmente problemático en términos de financiamiento político la brecha existente entre el nivel nacional y los sub-nacionales. Por ejemplo, muchas provincias no cuentan con legislaciones que limiten el gasto de los aportes en campaña.
Otro problema es el de la trazabilidad de los aportes: “el 90% de los aportes son en efectivo”.
Con respecto a los recursos públicos y las conocidas ventajas oficialistas, Bertók compartió que “Argentina y Colombia son los únicos países de la región sin prohibiciones al uso de recursos públicos en períodos electorales”.
“¿Están bien o mal los aportes de las empresas?” preguntó uno de los participantes. Si bien el representante de la OCDE prefirió no responder, consideró que es importante garantizar transparencia tanto en la generación como en la ejecución de los fondos, como así también legislar sobre los límites a los aportes. “Depende de cada país el ejercicio de balancear aporte públicos y privados. Lo que la experiencia demuestra es que cuando el sector privado se vuelve dominante, hay más probabilidades de captura”.
En representación de la sociedad civil, participaron del debate Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional; Daniel Zovatto, Director para América Latina y el Caribe del Instituto para la democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y Julia Pomares, Directora Ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Para Pomares el punto de partida del financiamiento político en Argentina es que “no sabemos cuánto se gasta”.
Por su parte, Zovatto hizo hincapié en la importancia de “no demonizar el dinero privado. La democracia tiene un costo”.
Para Ferreiro las empresas también piensan aportar, “porque es lo que pasa”. Sin embargo, la especialista expresó su preocupación por la posible introducción de dinero del crimen organizado.
Todos los expositores coincidieron en destacar la falta de coordinación entre el nivel nacional y subnacional. Para Ferreiro “la figura de la adhesión para las provincias no alcanza. Puede ser una ventana de oportunidad para el incumplimiento de la futura ley”.
Otro punto de acuerdo fue la necesidad de fortalecer a los organismos de control, en especial a la Justicia Electoral, así como también la importancia de generar información permanente y en tiempo real sobre los movimientos de los aportes.
La equidad de género, la inclusión de tecnología como aliada para el control, y la posibilidad de legislar sobre los usos de las redes sociales en campaña, fueron otros de los temas presentados.
El último panel estuvo integrado por los diputados Silvia Lospenatto y Juan Brugge y los senadores Dalmacio Mera e Inés Brizuela. Los representantes manifestaron compartir la voluntad política para discutir el tema, así como también la revisión de la reforma electoral que continúa a la espera de su tratamiento en el Senado, a más de un año de conseguir media sanción.
Se estima que el proyecto del Ejecutivo será presentado oficialmente en el mes de marzo. Esperamos que estos consensos posibiliten la sanción de una norma que mejore el funcionamiento de nuestro sistema político, y al fin y al cabo, de nuestra democracia.
Participé en la reunión con vistas a la reforma del Código Penal de la Nación, en la que representamos al Frente Renovador con los diputados Vanesa Massetani y Alejandro Grandinetti.
Sin lugar a dudas la reforma del Código es necesaria y urgente y esa necesidad fue la que Sergio Massa receptó en su proyecto de Código Penal presentado en el año 2015.
De hecho, los miembros de la Comisión nos reconocieron que se han receptado institutos y tipos penales propuestos por Massa, pero no queda claro aún con qué alcance para poder valorarlo.
Nuestra posición no es para la tribuna: para narcos y corruptos queremos penas firmes e inflexibles. Esperamos que sea realmente un Código justo para la gente y no una mera construcción de noticia.
El proyecto presentado en 2015 por Massa contempla, entre otras cuestiones, perpetua para narcos y violadores, que los hechos de corrupción no sean excarcelables, y la extinción de dominio para recuperar los bienes producto de la corrupción y del narcotráfico y ponerlos al servicio de los argentinos.
La reunión se realizó en el Ministerio de Justicia y estuvo a cargo del presidente de la Comisión el camarista Mariano Borinsky, acompañado del jefe de Gabinete del Ministerio Martin Casares. También estuvieron presentes los diputados Diego Matias Mestre (UCR), Gabriela Burgos (UCR) Luis Petri (UCR), Rodolfo Tailhade (FPV) y Juan José Bahilo (PJ).
El miércoles 14 de febrero se convirtió en noticia un nuevo caso de ciberacoso a menores, problemática conocida a nivel internacional como grooming. Un padre se hizo pasar por su hija de 11 años y acordó un encuentro con un joven de 29 que la acosaba por chat.
El hecho, que terminó con la apertura de causas judiciales tanto para el padre de la menor (por lesiones) como para el hostigador (por grooming), debe servirnos para continuar difundiendo y reflexionando sobre esta problemática.
En este sentido, en 2017 obtuvo media sanción un proyecto de mi autoría para tener un
“Día Nacional de la Lucha contra el Grooming”.
En conmemoración al 13 de noviembre de 2013, día en el que el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley 26.904 reconociendo en el código penal al delito de Grooming, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a realizar actividades públicas de información y concientización sobre la temática.
Debemos reconocer el valor y los riesgos de Internet, sin estigmatizar. En un contexto de revolución tecnológica y mundialización de las comunicaciones, navegar en internet es una herramienta fundamental. Es nuestro deber garantizar que esa conexión sea segura.
Presentamos una acción declarativa por inconstitucionalidad del DNU 27/2018 “Desburocratización y Simplificación”, firmado por el Poder Ejecutivo tan solo 10 días después de finalizada la actividad del Congreso. El decreto avasalla la división de poderes porque el ejecutivo se adjudica facultades legislativas que le están prohibidas.
Concretamente con la demanda que presentamos el martes 23 de enero pedimos que “se declare la nulidad y/o inconstitucionalidad” del decreto.
Vulnera el artículo 99 de la Constitución Nacional que advierte que el Poder Ejecutivo podrá dictar decretos de necesidad y urgencia “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos” . No es el caso.
Con la firma de este “mega DNU” queda claro que el gobierno no tiene voluntad de diálogo ni de debate. No quiere arriesgarse a no contar con el apoyo necesario para que se sancionen las leyes que ellos pretenden que salgan.
No hay necesidad ni urgencia. Hay conveniencia política y falta de confianza en el diálogo y en la búsqueda de consensos.
En sus 192 artículos, el decreto deroga 19 leyes y modifica más de 140 normas, algunas de mucha sensibilidad para los trabajadores como la posibilidad del embargo de las cuentas sueldo, modificando el art. 147 LCT.
También flexibiliza la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) incluyendo la posibilidad de destinarlo a constituir fondos fiduciarios financieros para garantizar la toma de deuda en los mercados internacionales. En el caso de que dicha garantía se ejerciera, se pone en riesgo los fondos y se desvirtúan los objetivos para
los cuales fue creado.
Esperamos que se declare la nulidad y/o la inconstitucionalidad del decreto porque queremos evitar que cause perjuicios irreversibles a la ciudadanía.
Pero la mayor aspiración debe ser que el ámbito del Congreso sea el lugar de discusión sin confrontación, de debate en las diferencias y de diálogo político para construcción de políticas que garanticen más derechos.
