El 27 de septiembre el Senado de la Nación aprobó por unanimidad una nueva prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras habitadas por pueblos originarios hasta que finalice el relevamiento catastral que está realizando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
De todas maneras, considero que la prórroga debe ir de la mano de tomar las sugerencias y recomendaciones de la Auditoría General de la Nación, a propósito de las dos auditorías que realizó el organismo.
Sobre la ley 26.160, la AGN advierte que: “constituye un valioso aporte a la política de reconocimiento de tierras, porque prohíbe los desalojos y ordena realizar el relevamiento jurídico catastral de la situación dominial de las comunidades indígenas, lo que configura una documentación oficial significativa sobre la posesión tradicional, actual y pública. Sin embargo, no es un instrumento legal de regularización dominial, que está pendiente aún en la Argentina. Por ello resulta necesario mantener el programa de relevamiento territorial de dicha ley y combinarlo con un programa de regularización dominial”.
A continuación comparto un análisis de las dos auditorías realizadas por AGN:
Análisis de Informes de AGN sobre INAI