Nuestro país firmó los acuerdos de cooperación de sobre libertad provisional y libertad de personas con la Corte Penal Internacional (CPI).
Los acuerdos de cooperación fortalecen el funcionamiento eficaz de la CPI, organismo con el que han colaborado todos los gobiernos argentinos desde su creación. En estos acuerdos, los Estados tienen la oportunidad de decidir y establecer los procedimientos adecuados para situaciones muy concretas.
Como miembro del grupo nacional de Parlamentarios por la Acción Global (PGA) en noviembre del año pasado nos reunimos junto con la entonces presidenta de PGA, la diputada mandato cumplido Margarita Stolbizer y legisladores de varios espacios políticos con el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de Argentina, Ministro Germán Garavano, para promover la negociación y firma de los acuerdos.
Que Argentina los haya firmado es importante porque no podemos seguir tolerando la impunidad por los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y el crimen de agresión. Lamentablemente, muchos Estados todavía están fuera del sistema de la CPI: su inercia es una afrenta a los derechos humanos universalmente aceptados, el Estado de Derecho, la democracia, la paz y la justicia.
Comparto el comunicado publicado por PGA sobre la firma de estos acuerdos:
El martes 27 de febrero tuvo lugar en el Salón Pueblos Originarios de Casa Rosada el seminario sobre “Financiamiento Político en Argentina. Diagnósticos y desafíos” a cargo de la secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
El Ministro Rogelio Frigerio inauguró la jornada presentando algunos acuerdos que estarán contenidos en el proyecto pronto a ser presentado en el Congreso de la Nación. En este sentido, Frigerio destacó la propuesta de bancarizar el régimen de aportes; la creación de un registro de aportes y gastos en tiempo real; la habilitación de aportes de empresas, con topes; el registro de proveedores de publicidad en la vía pública y el perfeccionamiento de la regulación de la publicidad oficial y de actos de gobierno durante el período de campaña.
En el primer panel, Janos Bertók, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sostuvo que “la confianza de los ciudadanos en los gobiernos es baja en todo el mundo, sobre todo a partir de la última crisis financiera”.
En ese sentido, Bertók destacó que Argentina se encuentra en una situación peligrosa: “El 70% de los ciudadanos argentinos encuestados considera que las políticas públicas están capturadas por algún interés. Y el 60% se consideró desalentado por el funcionamiento de la democracia”.
Entre los factores que influyen en la confianza el especialista destacó: integridad del gobierno, transparencia y calidad de los servicios públicos.
Para el caso Argentino, resulta especialmente problemático en términos de financiamiento político la brecha existente entre el nivel nacional y los sub-nacionales. Por ejemplo, muchas provincias no cuentan con legislaciones que limiten el gasto de los aportes en campaña.
Otro problema es el de la trazabilidad de los aportes: “el 90% de los aportes son en efectivo”.
Con respecto a los recursos públicos y las conocidas ventajas oficialistas, Bertók compartió que “Argentina y Colombia son los únicos países de la región sin prohibiciones al uso de recursos públicos en períodos electorales”.
“¿Están bien o mal los aportes de las empresas?” preguntó uno de los participantes. Si bien el representante de la OCDE prefirió no responder, consideró que es importante garantizar transparencia tanto en la generación como en la ejecución de los fondos, como así también legislar sobre los límites a los aportes. “Depende de cada país el ejercicio de balancear aporte públicos y privados. Lo que la experiencia demuestra es que cuando el sector privado se vuelve dominante, hay más probabilidades de captura”.
En representación de la sociedad civil, participaron del debate Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional; Daniel Zovatto, Director para América Latina y el Caribe del Instituto para la democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y Julia Pomares, Directora Ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Para Pomares el punto de partida del financiamiento político en Argentina es que “no sabemos cuánto se gasta”.
Por su parte, Zovatto hizo hincapié en la importancia de “no demonizar el dinero privado. La democracia tiene un costo”.
Para Ferreiro las empresas también piensan aportar, “porque es lo que pasa”. Sin embargo, la especialista expresó su preocupación por la posible introducción de dinero del crimen organizado.
Todos los expositores coincidieron en destacar la falta de coordinación entre el nivel nacional y subnacional. Para Ferreiro “la figura de la adhesión para las provincias no alcanza. Puede ser una ventana de oportunidad para el incumplimiento de la futura ley”.
Otro punto de acuerdo fue la necesidad de fortalecer a los organismos de control, en especial a la Justicia Electoral, así como también la importancia de generar información permanente y en tiempo real sobre los movimientos de los aportes.
La equidad de género, la inclusión de tecnología como aliada para el control, y la posibilidad de legislar sobre los usos de las redes sociales en campaña, fueron otros de los temas presentados.
El último panel estuvo integrado por los diputados Silvia Lospenatto y Juan Brugge y los senadores Dalmacio Mera e Inés Brizuela. Los representantes manifestaron compartir la voluntad política para discutir el tema, así como también la revisión de la reforma electoral que continúa a la espera de su tratamiento en el Senado, a más de un año de conseguir media sanción.
Se estima que el proyecto del Ejecutivo será presentado oficialmente en el mes de marzo. Esperamos que estos consensos posibiliten la sanción de una norma que mejore el funcionamiento de nuestro sistema político, y al fin y al cabo, de nuestra democracia.
Participé en la reunión con vistas a la reforma del Código Penal de la Nación, en la que representamos al Frente Renovador con los diputados Vanesa Massetani y Alejandro Grandinetti.
Sin lugar a dudas la reforma del Código es necesaria y urgente y esa necesidad fue la que Sergio Massa receptó en su proyecto de Código Penal presentado en el año 2015.
De hecho, los miembros de la Comisión nos reconocieron que se han receptado institutos y tipos penales propuestos por Massa, pero no queda claro aún con qué alcance para poder valorarlo.
Nuestra posición no es para la tribuna: para narcos y corruptos queremos penas firmes e inflexibles. Esperamos que sea realmente un Código justo para la gente y no una mera construcción de noticia.
El proyecto presentado en 2015 por Massa contempla, entre otras cuestiones, perpetua para narcos y violadores, que los hechos de corrupción no sean excarcelables, y la extinción de dominio para recuperar los bienes producto de la corrupción y del narcotráfico y ponerlos al servicio de los argentinos.
La reunión se realizó en el Ministerio de Justicia y estuvo a cargo del presidente de la Comisión el camarista Mariano Borinsky, acompañado del jefe de Gabinete del Ministerio Martin Casares. También estuvieron presentes los diputados Diego Matias Mestre (UCR), Gabriela Burgos (UCR) Luis Petri (UCR), Rodolfo Tailhade (FPV) y Juan José Bahilo (PJ).
Presentamos una acción declarativa por inconstitucionalidad del DNU 27/2018 “Desburocratización y Simplificación”, firmado por el Poder Ejecutivo tan solo 10 días después de finalizada la actividad del Congreso. El decreto avasalla la división de poderes porque el ejecutivo se adjudica facultades legislativas que le están prohibidas.
Concretamente con la demanda que presentamos el martes 23 de enero pedimos que “se declare la nulidad y/o inconstitucionalidad” del decreto.
Vulnera el artículo 99 de la Constitución Nacional que advierte que el Poder Ejecutivo podrá dictar decretos de necesidad y urgencia “solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia
penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos” . No es el caso.
Con la firma de este “mega DNU” queda claro que el gobierno no tiene voluntad de diálogo ni de debate. No quiere arriesgarse a no contar con el apoyo necesario para que se sancionen las leyes que ellos pretenden que salgan.
No hay necesidad ni urgencia. Hay conveniencia política y falta de confianza en el diálogo y en la búsqueda de consensos.
En sus 192 artículos, el decreto deroga 19 leyes y modifica más de 140 normas, algunas de mucha sensibilidad para los trabajadores como la posibilidad del embargo de las cuentas sueldo, modificando el art. 147 LCT.
También flexibiliza la utilización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) incluyendo la posibilidad de destinarlo a constituir fondos fiduciarios financieros para garantizar la toma de deuda en los mercados internacionales. En el caso de que dicha garantía se ejerciera, se pone en riesgo los fondos y se desvirtúan los objetivos para
los cuales fue creado.
Esperamos que se declare la nulidad y/o la inconstitucionalidad del decreto porque queremos evitar que cause perjuicios irreversibles a la ciudadanía.
Pero la mayor aspiración debe ser que el ámbito del Congreso sea el lugar de discusión sin confrontación, de debate en las diferencias y de diálogo político para construcción de políticas que garanticen más derechos.
La diputada nacional Carla Pitiot y Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Trato de APOC (Asociación del Personal de Organismos de Control), se reunió con integrantes de la seccional de la Provincia de Chubut, que encabeza la secretaria general Graciela Gómez, y con el Contador General de la Provincia, Mario Glades, a propósito de la creación de su propio Convenio Colectivo de Trabajo.
También estuvieron presentes el Secretario Adjunto de APOC, Gervasio Flores; la Secretaria Administrativa María Fernanda Castro; el Secretario de Deportes, Tomás Hildebrant y la Secretaria de Prensa y Cultura, Teresa Morán.
“La reunión con el Contador fue muy positiva y franca, y pudimos expresar que la firma del Convenio Colectivo propio será sin dudas un gran paso no solo para los trabajadores y trabajadoras de los organismos de control de la provincia sino para los organismos en general”, afirmó la diputada Pitiot.
“Contar con un convenio colectivo implicará un salto cualitativo y cuantitativo en las relaciones entre los trabajadores a través de su representación sindical y los empleadores, porque le da certeza a las condiciones de trabajo, al escalafón, carrera administrativa y capacitación del personal técnico, profesional y administrativo”, sostuvo Pitiot.
El convenio colectivo de trabajo, tal como sostiene el proyecto, “aspira a sostener los principios generales del Derecho protectorio del Trabajo en la concreción de valores universales de seguridad, justicia e igualdad, como así también los principios específicos e inmutables para salvaguardar la dignidad del trabajador y la seguridad jurídica. Entre ellos, el Principio de igualdad de oportunidades y de trato en el empleo e igual remuneración por igual tarea”.
Asimismo, ambas partes se comprometen a “asegurar la mejor y más efectiva prestación de servicios de cada agente de control con absoluta conciencia de la importancia del trabajo eficiente, búsqueda constante de la calidad, mejoras en la labor diaria y buen clima en el medio ambiente laboral como Organismo de Control Constitucional y Órgano Rector del Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Administración Provincial, contribuyendo a la recuperación del Estado como factor central en la construcción de una sociedad justa, transparente, equitativa, libre, armoniosa y solidaria”.
APOC y la Contaduría general de la provincia también trabajarán “para mantener una relación de mutuo beneficio con los Organismos de la Administración Pública Provincial y la Sociedad”.
Para ambas partes, tal como se desprende del proyecto, “la negociación colectiva es el método idóneo para favorecer el logro de los objetivos de eficiencia, idoneidad y compromiso en la tarea de auditoría y control, así como de empleos estables y de calidad que garanticen una continua mejora de la empleabilidad y del trabajo en la Contaduría General”.
En el convenio se contemplan, entre otros aspectos, los requisitos de ingreso; el concurso para cubrir vacantes, los derechos y obligaciones del personal; remuneraciones; horarios, licencias, capacitaciones y la creación de una comisión paritaria permanente.
La firma de este convenio “será la garantía de la búsqueda de equidad en las relaciones de trabajo de la cual se beneficiarán todas las partes comprometidas y por eso debemos trabajar para avanzar en la firma y que sea una realidad”, concluyó la diputada nacional Carla Pitiot y Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Trato de APOC.
En el seminario “Empoderamiento económico de la mujer. Inclusión de las políticas económicas”, organizado por Fepesna, expuse sobre la importancia de la inclusión financiera de las mujeres. Al igual que en otros ámbitos de la vida las mujeres corren con desventajas en el acceso y uso de los productos financieros y debemos trabajar para revertir esa situación.
En el marco de la XI Conferencia Ministerial de la OMC (Organización Mundial del Comercio en Buenos Aires) participé en la Conferencia Parlamentaria que se realizó en Buenos Aires el fin de semana del 9 y 10 de diciembre.
Los parlamentarios desempeñamos un papel importante en el sistema multilateral de comercio y en la OMC teniendo en cuenta que los acuerdos que surgen de las negociaciones entre gobiernos requieren la aprobación del Congreso.
En el auditorio de la Asociación Amigos del Museo de Bellas Arte se realizó la presentación del Women 20, un grupo de compromiso del G20 cuyo objetivo es dar participación a la sociedad civil para garantizar la equidad de género y promover el empoderamiento económico de las mujeres.
Durante el 2017 lo presidió Alemania y lo sucederá Argentina, que también asume la presidencia del G20.
Los ejes de trabajo son la inclusión laboral, digital, financiera y de la mujer rural con la intención de “transformar las propuestas en acciones concretas”, precisó la diputada Susana Balbo, presidenta del W20.
En la Cámara de Diputados dimos media sanción al proyecto de Financiamiento Productivo, incorporando desde el FR la necesidad de posibilitar el acceso a productos financieros de las mujeres porque eso contribuye al empoderamiento de la mujer, a reducir brechas y por ende a reducir desigualdades y pobreza. No es algo sólo beneficioso para las mujeres, sino para la sociedad toda.
La vicepresidenta de la Nación, Gabriela Michetti, participó en la apertura de la presentación junto al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.
La ministra de Desarrollo Carolina Stanley participó de un panel junto a la ministra de Asuntos Familiares, Ciudadanos Mayores, Mujeres y Jóvenes de Alemania, Katarina Barley.
Luego, se desarrolló otro panel en el que se recalcó la necesidad de incorporar mujeres en las mesas de decisión, la importancia del apoyo de los gobiernos y la necesidad de que la agenda de género sea transversal a todas las políticas públicas.
“Un país que no se acuerda y cuida a sus abuelos es un país que no sabe cuidar su historia y un país que no cuida su historia no va a cuidar el futuro y no va a generar un mejor futuro para todos los argentinos” decía el ahora Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un centro de jubilados en plena campaña 2015.
Con el proyecto que se aprobó esta semana estas palabras son solo eso: campaña. Y en consecuencia miles de argentinos salieron a la calle para reclamar por lo que entienden y entendemos como un atropello a sus derechos.
Pero ni el clamor de la protesta ni la vergüenza de la represión lograron inquietar a quienes acompañaron esta iniciativa que indiscutidamente va a perjudicar a familias, jubilados, y millones de trabajadores.
Como sostuvo mi compañera Mirta Tundis, ya vivimos una instancia de reforma previsional en la que el Estado nos vendía a la jubilación privada como lo mejor, y como resultado 400 mil jubilados fueron estafados y olvidados.
Tenemos memoria. Esto no es una reforma previsional, es un ajuste sobre los que menos tienen.
Porque los jubilados no son los únicos perjudicados. La modificación de la fórmula también afecta a los destinatarios de asignaciones familiares y Universal por Hijo: más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes, verían afectados en sus ingresos.
El ajuste violenta el principio de progresividad o no regresividad de jerarquía constitucional, reconocido en diversos tratados internacionales. No podemos avanzar sobre medidas que deterioren el nivel de cumplimiento de un derecho. Y esta medida no lo respeta
Al mismo tiempo, esta reforma tiene impacto de género y afecta particularmente a las mujeres. Las amas de casa, empleadas domésticas y más del 30% de los trabajadores precarizados no podrán jubilarse al no contar con los 30 años requeridos de aportes. A su vez, son las mujeres jefas de hogar las principales receptoras de las asignaciones familiares que se verán recortadas.
En función de estas observaciones me sigo preguntando: ¿se analizaron de manera exhaustiva todas las alternativas posibles?; ¿está esta iniciativa debidamente justificada?; ¿es este el punto de partida sobre el que queremos pensar un nuevo régimen previsional “universal, integral, solidario y sustentable”? No nos convencieron las explicaciones dadas en las comisiones ni en el recinto.
Para nosotros, esta reforma implica la supresión y restricción de derechos ya reconocidos y resguardados y de convertirse en ley no será más que una inocultable violación de derechos humanos, garantizados por la Constitución Nacional.
Sabemos a quiénes representamos. Vamos a defender a nuestros jubilados y trabajadores y no vamos a ahorrar en sus derechos.
Comparto mi discurso en la sesión del lunes sobre la Reforma Previsional.
No se trata de una reforma, es un ajuste y un recorte.
Si se restringe un derecho nosotros vamos a estar en la vereda de enfrente.
Vamos a defender a los jubilados y a los trabajadores.
En la Conferencia Parlamentaria sobre la Organización Mundial del Comercio nos reunimos parlamentarios de todo el mundo. Por nuestra función constitucional los parlamentarios desempeñamos un rol importante en el sistema multilateral de comercio y en la OMC. La mayor parte de los acuerdos resultantes de negociaciones intergubernamentales van a requerir la aprobación de los legisladores. Nos toca a nosotros los parlamentarios convertir en leyes y políticas públicas los acuerdos globales a los que arriben los organismos internacionales. Ser garantes de la transmisión a nuestros pueblos de estos acuerdos.
Los ejes en los que coincidieron los participantes en la primera jornada de la Conferencia fueron en la necesidad de fortalecer el multilateralismo; trabajar en la búsqueda de consensos y procurar un comercio equitativo y justo.
Durante la Conferencia, además, se realizó la presentación de una declaración conjunta sobre “Comercio y Empoderamiento Económico de la Mujer”.
Arancha González, Directora ejecutiva del centro de comercio Internacional, solicitó a todos los parlamentarios que le pidamos a nuestros gobiernos que adhieran a la declaración de mejores prácticas para ampliar la participación de las mujeres en el comercio.
González sostuvo que el comercio debe ser realmente inclusivo y al respecto las cifras y los hechos indican que solo 1 de cada 5 empresas que exportan están dirigidas por mujeres.
Ahora lo increíble es que en empresas de Comercio electrónico son 4 de cada 5 las mujeres. Es decir el comercio electrónico es más inclusivo. Ello se debe a muchas causas, entre ellas: culturales , disponibilidad del tiempo de dedicación.
Será importante que en vez de crear normas especiales, categorías o capítulos especiales exista un compromiso para establecer mejores prácticas para ampliar la participación de más mujeres en el comercio internacional. ¿Cómo lograrlo? A través de la capacitación, la inclusión financiera.
En el marco de la reunión convocada por la ISP, organizada en conjunto por UITOC y la Red de Trabajadores ICJ (APOC; AEFIP Y UEJN) para trabajar en la protección de los trabajadores de los organismos de control y de aquellos que por sus labores difunden actos de corrupción expuse el proyecto de Prevención, Penalización y Erradicación de la Violencia
Laboral, presentado este año en el Congreso Nacional.
El proyecto es una herramienta para proteger a víctimas, denunciantes y testigos; previendo la adopción de medidas que garantizan la confidencialidad, discrecionalidad y resguardo absoluto de la identidad de todos los involucrados.
Durante los días 27 y 28 de noviembre de este año se llevó a cabo en la Ciudad de Milán – Italia- el 39° Foro Anual de Parlamentarios para la Acción Global. (PGA).
PGA es “una red internacional sin fines de lucro y apartidista compuesta aproximadamente por 1.300 legisladores de 145 parlamentos electos alrededor del mundo cuya misión es informar, convocar y movilizar parlamentarios para promover la paz, la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos, la igualdad de género y cuestiones poblacionales”.
Durante los días 21 y 22 de noviembre, tuvo lugar por primera vez en nuestro país el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza cuenta actualmente con 18 países de América comprometidos en impulsar y fomentar gobiernos más abiertos mediante la promoción de políticas transparentes y participativas, la co-creación de nuevos compromisos de apertura gubernamental, y la rendición de cuentas sobre la gestión pública.
En el marco del encuentro, participé del panel de “Control y Participación Ciudadana” acompañada por Fabián Foresteri, Director de Relaciones Institucionales de la Contraloría General de la República de Paraguay, Claudia Regina Silva, Presidenta y gerenta de transparencia y combate a la corrupción del Observatorio Social de Palmas y la Controladuría General del Estado de Tocantins y Cristian Módolo, gerente de coordinación de la Auditoría General de la Nación (AGN).
En la sesión del 22 de noviembre, ya en la madrugada del 23, aprobamos la ley de paridad.
Una conquista colectiva de todas las fuerzas políticas a 70 años del voto femenino.
La ley de paridad, implica, entre otras cosas, que “las listas de candidato/as que se presenten para la elección de senadores/as nacionales, diputados/as nacionales y parlamentarios/as del Mercosur deben integrarse de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a candidato/a a titular hasta el/la último/a suplente”.
La Asociación del Personal de los Organismos de Control -Apoc- impulsó la creación de la Sala de Familia de la Auditoría General de la Nación. Un logro colectivo que garantiza derechos para los trabajadores y trabajadoras del organismo.
La lactancia materna es un derecho de los niños, niñas, las mujeres y las familias.
Por eso los sindicatos, empresas, y Estado a través de sus organismos debemos asumir el compromiso -a
través de su promoción y protección- para que sean respetados y reconocidos. La sala de familia es un espacio en el ámbito laboral pensado para que las madres puedan extraer su leche materna y conservarla adecuadamente.
Estos espacios permiten ejercer el derecho y responsabilidad de la lactancia materna dentro del ámbito laboral, en condiciones de calidad y calidez.
La ley 26.873 de promoción y concientización pública de lactancia materna, sancionada en 2013, tiene por objetivo promover acciones, formular recomendaciones respecto a las condiciones adecuadas de la lactancia materna y difundir su importancia.
Durante el acto de inauguración estuvieron presentes el secretario general de APOC, Hugo Quintana, trabajadores y trabajadoras de la AGN. Asimismo participaron las diputadas nacionales Vanesa Massetani, Karina Banfi, Alejandra Martinez, Cornelia Schmidt Liermann y Patricia Gimenez, vicepresidenta de la cámara de Diputados.
También acompañaron la inauguración los Auditores Generales Javier Fernandez, Alejandro Nieva, Jesús Rodriguez y Juan Ignacio Forlón.
Este miércoles 1 de noviembre participé del “Diálogo Legislativo: qué se puede aprender de la experiencia sueca en licencias? Un encuentro en el que legisladores y legisladoras junto a organizaciones de la sociedad civil, representantes del Ministerio de Trabajo, organismos internacionales y funcionarios suecos reflexionamos sobre la necesidad de modificar las licencias parentales para equiparar derechos.
Suecia fue el primer país del mundo, en 1974, que reemplazó la licencia de maternidad por la licencia de paternidad, que otorgaba a ambas personas en la pareja la oportunidad de dedicar su tiempo para cuidar en el hogar a sus hijos e hijas.
Desde ese momento al día de hoy la licencia fue modificada varias veces, siempre buscando mayor participación equitativa entre varones y mujeres para garantizar el derecho de cuidar y de ser cuidado.
Sebastián Waisgrais, de Unicef, sostuvo que en cuanto a licencias parentales Argentina se encuentra “a la cola” de muchos países de la región y afirmó que la modificación de las mismas contribuirá a reducir brechas significativas en el mercado laboral.
Waisgrais recalcó que la modificación del sistema de licencias debe incorporar principios asociados a corresponsabilidad, universalización y servicios de cuidado; puntos en los que coincidieron desde CIPPEC.
En el documento “Más días para cuidar: Una propuesta para modificar el régimen de licencias desde la equidad” sostienen que la modificación de licencias debe ser:
Universal
Todas las familias que tengan niños, sin importar su estatus laboral, deben estar cubiertas por este beneficio. Para los trabajadores formales e informales, las licencias les permite mantener su nivel de ingresos durante el tiempo de cuidado de sus hijos.
Promover la co-parentalidad
La corresponsabilidad entre los distintos adultos a cargo.
Equitativa y contemplar licencias familiares
Es preciso ir hacia un régimen que contemple los casos de adopción y que reconozca la existencia de familias no tradicionales.
Además, cada familia debería poder decidir cómo repartir los días entre sus adultos responsables.
Por su parte, el Subsecretario de Programación Técnica y Estudios Laborales, Dr. José Francisco de Anchorena, explicó que desde el Ministerio se trabaja para aumentar la participación de las mujeres en el mercado laboral porque en nuestro país sigue siendo baja, existe una diferencia laboral y el “techo de cristal”.
De Anchorena coincidió en la necesidad de modificar las licencias, de hecho-aunque de manera muy limitada- está propuesto en el proyecto de reforma laboral presentado recientemente por el Poder Ejecutivo, aunque advirtió que hay que evitar las consecuencias no deseadas como podría ser una mayor discriminación laboral hacia las mujeres.
La Ley de Régimen de Contrato de Trabajo 20.744 fue sancionada en 1974 con modificaciones posteriores, pero tras cambios que se gestaron en la sociedad en las últimas décadas vinculados a la organización económica y social; adecuaciones del Código Civil y Comercial de la Nación y la sanción de leyes como la de matrimonio igualitario y la de identidad de género, ha quedado obsoleta en muchos aspectos.
En ese sentido, coincidimos en que de manera urgente debe ser modificada, tanto para acompañar las sugerencias de Organismos Internacionales en cuanto a la cantidad de días por licencias de maternidad y paternidad y los avances de la sociedad, sino también para reflejar la creciente participación de las mujeres en el mercado laboral y los pasos dados en relación a la igualdad de género y oportunidades.
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) exige como mínimo 98 días de licencias de maternidad, ocho más del promedio que tienen las madres argentinas, aunque recomienda a los Estados Miembros extender esa licencia “a 18 semanas por lo menos”. En cuanto a la paternidad la OIT no tiene normas, pero una resolución de la organización “insta a los gobiernos a formular políticas adecuadas que permitan equilibrar mejor las responsabilidades laborales y familiares, incluir la licencia de paternidad y/o parental, y prever incentivos para que los hombres las aprovechen”.
Andrea Perez Fransus, Primer Secretario de la Embajada de Asuntos políticos, comerciales, económicos, administrativos, prensa y cultura aseguró que su sistema de licencias “permite también a los hombres liberarse de los estereotipos machistas” y afirmó que “el costo de las licencias es mayor si las mujeres abandonan el mercado laboral”.
Por su parte, Niklas Löfgren, de la Agencia Sueca de Seguro Social, precisó que los objetivos de las políticas en cuanto a las licencias familiares implementadas en su país son compatibilizar la vida laboral con la familiar, la redistribución del dinero y el apoyo en situaciones vulnerables.
Löfgren explicó las etapas y modificaciones que a lo largo de cuatro décadas implementaron para que hoy en día los varones tengan una licencia de 90 días para cuidar a sus hijos y un dato muy interesante es que el progenitor que no quiera dar uso a este tiempo, no recibirá su sueldo durante tres meses de vacaciones.
Cuando implementaron las licencias familiares, por la década del ‘70, la idea era que las parejas recibirían seis meses de licencia por hijo, cada uno con el derecho a tomarse la mitad de los días.
Pero, lo que sucedió es que como los hombres tenían la posibilidad de traspasar esos días a las mujeres y muchos optaron por eso.
En la década de los ´90 casi la totalidad de los días de licencia eran utilizados por las mujeres, por lo que optaron por incorporar la “cuota para papás”, que daba 30 días exclusivamente para el padre con la condición de que si el padre no se tomaba el mes del trabajo, la pareja en conjunto perdería un mes de licencia pagada.
En 2002, la medida se extendió a 60 días y eso marcó un cambio positivo porque los hombres comenzaron a tomarse los días. El año pasado se amplió a 90 días y ese es el régimen que tienen hoy.
Con la Asociación del Personal de Organismos de Control (APOC) y la Fundación Éforo realizamos la jornada “Tecnología y trabajo. Los desafíos del sindicalismo”. Buscamos identificar, debatir y problematizar el impacto de la revolución tecnológica en relación al mundo laboral y el rol del sindicalismo en particular.
En la OIT, los ámbitos y foros vinculados con el G20 y en los espacios donde el trabajo y los trabajadores tenemos influencia, se está debatiendo como las tecnologías van a influir en nuestros trabajos.
Debatimos sobre la posibilidad de la creación de nuevos trabajos y fundamentalmente sobre el rol que tendrá el sindicalismo en como posicionar a nuestros compañeros en este nuevo escenario.
Participamos miembros de la Comisión Directiva y delegados y delegadas de APOC de organismos de control como Auditoría General de la Nación, Sindicatura General de la Nación, Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires, Unidad de Auditoría Interna y Entes Reguladores, entre otros.
Por su parte, Federico Recagno, Secretario Adjunto de APOC y Presidente de la Fundación Éforo, afirmó que se trató de la “primera experiencia de participación de dirigencia sindical de los organismos de control para pensar el tema de tecnología y trabajo y los desafíos del sindicalismo hacia el futuro”.
En un país con muchas ambigüedades, donde hay tecnología que está dando muchos resultados y a su vez con alrededor del 30% de pobreza, con un tercio de la población activa en negro “cuando hablamos de desafío nos referimos al compromiso que tenemos que asumir como representantes de los trabajadores”.
Al cerrar el encuentro Hugo Quintana, Secretario General de APOC, sostuvo “que hay que aprender a convivir la vieja tecnología con la nueva tecnología y en eso el sindicalismo tiene una misión fundamental”.
Conmemoración por 25 años de la creación de la AGN
La diputada nacional Carla Pitiot participó en la conmemoración por los 25 años de la creación de la Auditoría General de la Nación, órgano del control externo del Estado.
Pitiot, integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y Secretaria de Igualdad de Oportunidades y Trato de APOC, el único sindicato de los trabajadores de organismos de control, recordó que a un cuarto de siglo de la creación de la AGN aún no se cumplió con la reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional, que sienta las bases de nuestro sistema de control.
En la reforma de 1994, la Constitución Nacional estableció en ese artículo que “el control externo del sector público nacional será una atribución propia del Poder Legislativo” y que “el examen y la opinión” del Congreso sobre el desempeño y situación general de la administración pública “estarán sustentados en los dictámenes de la AGN”.
“La reglamentación de ese artículo es una deuda pendiente del Congreso”, afirmó la diputada y aseguró que “si el Estado no cuenta con un sistema de control independiente no puede garantizar la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos”.
La diputada Pitiot presentó un proyecto de ley que apunta a regular la actuación de la Auditoría General de la Nación, así como también abarca la labor del Congreso de la Nación como responsable primario de dicho control a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas y el proceso de aprobación de la Cuenta de inversión y mejorar el acceso a la información.
“El accionar de los organismos de control es fundamental para garantizar gestiones transparentes y la AGN es un ejemplo de ello”, sostuvo Pitiot que trabajó en el organismo durante casi 20
años, hasta asumir como diputada Nacional.
Durante el acto de conmemoración el presidente de la AGN, Oscar Lamberto, precisó los cambios que está implementando la auditoría para acercar el control a la gente porque sostuvo que el control solo sirve si la gente “lo toma en sus manos”.
El secretario general de APOC, Hugo Quintana y el secretario adjunto Federico Recagno estuvieron presentes en la celebración, a la que también asistieron el senador Miguel Angel Pichetto, la vicepresidenta de la cámara de Diputados, Patricia Giménez y los diputados nacionales Graciela Camaño y Marco Lavagna, entre otros.
En marzo de 2009, la sanción y promulgación de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, representó un avance sin precedentes en la inclusión de la perspectiva de género en la política pública y en el reconocimiento del derecho a la igualdad de trato y oportunidades.
El Consejo Nacional de las Mujeres, ahora Instituto Nacional de las Mujeres, fue designado como organismo competente para diseñar las políticas públicas que hicieran efectivas las disposiciones de la norma. Dentro de las facultades del Consejo, la norma establece en su artículo 9º inciso “o” la implementación de una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen. (más…)
