El martes 27 de febrero tuvo lugar en el Salón Pueblos Originarios de Casa Rosada el seminario sobre “Financiamiento Político en Argentina. Diagnósticos y desafíos” a cargo de la secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.
El Ministro Rogelio Frigerio inauguró la jornada presentando algunos acuerdos que estarán contenidos en el proyecto pronto a ser presentado en el Congreso de la Nación. En este sentido, Frigerio destacó la propuesta de bancarizar el régimen de aportes; la creación de un registro de aportes y gastos en tiempo real; la habilitación de aportes de empresas, con topes; el registro de proveedores de publicidad en la vía pública y el perfeccionamiento de la regulación de la publicidad oficial y de actos de gobierno durante el período de campaña.
En el primer panel, Janos Bertók, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sostuvo que “la confianza de los ciudadanos en los gobiernos es baja en todo el mundo, sobre todo a partir de la última crisis financiera”.
En ese sentido, Bertók destacó que Argentina se encuentra en una situación peligrosa: “El 70% de los ciudadanos argentinos encuestados considera que las políticas públicas están capturadas por algún interés. Y el 60% se consideró desalentado por el funcionamiento de la democracia”.
Entre los factores que influyen en la confianza el especialista destacó: integridad del gobierno, transparencia y calidad de los servicios públicos.
Para el caso Argentino, resulta especialmente problemático en términos de financiamiento político la brecha existente entre el nivel nacional y los sub-nacionales. Por ejemplo, muchas provincias no cuentan con legislaciones que limiten el gasto de los aportes en campaña.
Otro problema es el de la trazabilidad de los aportes: “el 90% de los aportes son en efectivo”.
Con respecto a los recursos públicos y las conocidas ventajas oficialistas, Bertók compartió que “Argentina y Colombia son los únicos países de la región sin prohibiciones al uso de recursos públicos en períodos electorales”.
“¿Están bien o mal los aportes de las empresas?” preguntó uno de los participantes. Si bien el representante de la OCDE prefirió no responder, consideró que es importante garantizar transparencia tanto en la generación como en la ejecución de los fondos, como así también legislar sobre los límites a los aportes. “Depende de cada país el ejercicio de balancear aporte públicos y privados. Lo que la experiencia demuestra es que cuando el sector privado se vuelve dominante, hay más probabilidades de captura”.
En representación de la sociedad civil, participaron del debate Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional; Daniel Zovatto, Director para América Latina y el Caribe del Instituto para la democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y Julia Pomares, Directora Ejecutiva del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).
Para Pomares el punto de partida del financiamiento político en Argentina es que “no sabemos cuánto se gasta”.
Por su parte, Zovatto hizo hincapié en la importancia de “no demonizar el dinero privado. La democracia tiene un costo”.
Para Ferreiro las empresas también piensan aportar, “porque es lo que pasa”. Sin embargo, la especialista expresó su preocupación por la posible introducción de dinero del crimen organizado.
Todos los expositores coincidieron en destacar la falta de coordinación entre el nivel nacional y subnacional. Para Ferreiro “la figura de la adhesión para las provincias no alcanza. Puede ser una ventana de oportunidad para el incumplimiento de la futura ley”.
Otro punto de acuerdo fue la necesidad de fortalecer a los organismos de control, en especial a la Justicia Electoral, así como también la importancia de generar información permanente y en tiempo real sobre los movimientos de los aportes.
La equidad de género, la inclusión de tecnología como aliada para el control, y la posibilidad de legislar sobre los usos de las redes sociales en campaña, fueron otros de los temas presentados.
El último panel estuvo integrado por los diputados Silvia Lospenatto y Juan Brugge y los senadores Dalmacio Mera e Inés Brizuela. Los representantes manifestaron compartir la voluntad política para discutir el tema, así como también la revisión de la reforma electoral que continúa a la espera de su tratamiento en el Senado, a más de un año de conseguir media sanción.
Se estima que el proyecto del Ejecutivo será presentado oficialmente en el mes de marzo. Esperamos que estos consensos posibiliten la sanción de una norma que mejore el funcionamiento de nuestro sistema político, y al fin y al cabo, de nuestra democracia.
El miércoles 14 de febrero se convirtió en noticia un nuevo caso de ciberacoso a menores, problemática conocida a nivel internacional como grooming. Un padre se hizo pasar por su hija de 11 años y acordó un encuentro con un joven de 29 que la acosaba por chat.
El hecho, que terminó con la apertura de causas judiciales tanto para el padre de la menor (por lesiones) como para el hostigador (por grooming), debe servirnos para continuar difundiendo y reflexionando sobre esta problemática.
En este sentido, en 2017 obtuvo media sanción un proyecto de mi autoría para tener un
“Día Nacional de la Lucha contra el Grooming”.
En conmemoración al 13 de noviembre de 2013, día en el que el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley 26.904 reconociendo en el código penal al delito de Grooming, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a realizar actividades públicas de información y concientización sobre la temática.
Debemos reconocer el valor y los riesgos de Internet, sin estigmatizar. En un contexto de revolución tecnológica y mundialización de las comunicaciones, navegar en internet es una herramienta fundamental. Es nuestro deber garantizar que esa conexión sea segura.
“Un país que no se acuerda y cuida a sus abuelos es un país que no sabe cuidar su historia y un país que no cuida su historia no va a cuidar el futuro y no va a generar un mejor futuro para todos los argentinos” decía el ahora Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un centro de jubilados en plena campaña 2015.
Con el proyecto que se aprobó esta semana estas palabras son solo eso: campaña. Y en consecuencia miles de argentinos salieron a la calle para reclamar por lo que entienden y entendemos como un atropello a sus derechos.
Pero ni el clamor de la protesta ni la vergüenza de la represión lograron inquietar a quienes acompañaron esta iniciativa que indiscutidamente va a perjudicar a familias, jubilados, y millones de trabajadores.
Como sostuvo mi compañera Mirta Tundis, ya vivimos una instancia de reforma previsional en la que el Estado nos vendía a la jubilación privada como lo mejor, y como resultado 400 mil jubilados fueron estafados y olvidados.
Tenemos memoria. Esto no es una reforma previsional, es un ajuste sobre los que menos tienen.
Porque los jubilados no son los únicos perjudicados. La modificación de la fórmula también afecta a los destinatarios de asignaciones familiares y Universal por Hijo: más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes, verían afectados en sus ingresos.
El ajuste violenta el principio de progresividad o no regresividad de jerarquía constitucional, reconocido en diversos tratados internacionales. No podemos avanzar sobre medidas que deterioren el nivel de cumplimiento de un derecho. Y esta medida no lo respeta
Al mismo tiempo, esta reforma tiene impacto de género y afecta particularmente a las mujeres. Las amas de casa, empleadas domésticas y más del 30% de los trabajadores precarizados no podrán jubilarse al no contar con los 30 años requeridos de aportes. A su vez, son las mujeres jefas de hogar las principales receptoras de las asignaciones familiares que se verán recortadas.
En función de estas observaciones me sigo preguntando: ¿se analizaron de manera exhaustiva todas las alternativas posibles?; ¿está esta iniciativa debidamente justificada?; ¿es este el punto de partida sobre el que queremos pensar un nuevo régimen previsional “universal, integral, solidario y sustentable”? No nos convencieron las explicaciones dadas en las comisiones ni en el recinto.
Para nosotros, esta reforma implica la supresión y restricción de derechos ya reconocidos y resguardados y de convertirse en ley no será más que una inocultable violación de derechos humanos, garantizados por la Constitución Nacional.
Sabemos a quiénes representamos. Vamos a defender a nuestros jubilados y trabajadores y no vamos a ahorrar en sus derechos.
Durante los días 27 y 28 de noviembre de este año se llevó a cabo en la Ciudad de Milán – Italia- el 39° Foro Anual de Parlamentarios para la Acción Global. (PGA).
PGA es “una red internacional sin fines de lucro y apartidista compuesta aproximadamente por 1.300 legisladores de 145 parlamentos electos alrededor del mundo cuya misión es informar, convocar y movilizar parlamentarios para promover la paz, la democracia, el estado de derecho, los derechos humanos, la igualdad de género y cuestiones poblacionales”.
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Hablar de paridad molesta. Sí, molesta. Lo sabemos. Molesta porque incomoda, cuestiona elementos que considerábamos incuestionables. Porque visibiliza lo invisibilizado. Porque distingue “diferencia” de “jerarquía”. Porque discute la división sexual del trabajo. Porque presenta al género como una forma de relación construida social y culturalmente a partir de estereotipos. (más…)
Hace apenas unos meses nos reunía en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una tarea: evaluar la permanencia en ese cuerpo de uno de sus integrantes a raíz de una multiplicidad de conductas irregulares en su ejercicio de la función pública. Discutimos una sanción de tipo política en un cuerpo político y representativo, en donde lo que estaba en juego es la defensa de la legitimidad de esta casa.
El resultado de aquella sesión es conocido por todos y todas, y de alguna forma razón por la que este encuentro tuvo que repetirse, convocados esta vez expresamente por la justicia.
De ese tiempo a esta parte, no nos mantuvimos expectantes. Este caso nos requirió la precisión y el análisis de nuestra normativa vigente en la materia. Recibimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales a prestigiosos abogados constitucionalistas para escuchar su opinión sobre los proyectos presentados en relación a las inmunidades legislativas.
En este sentido, tanto los abogados como los integrantes de la comisión estuvimos de acuerdo en la necesidad de precisar la denominada “Ley de fueros” 25.320 con una mirada a mediano y largo plazo, despegándonos de la bochornosa coyuntura.
En la misma línea, se destacó la importancia de establecer y clarificar reglas de debido proceso como así también precisar los reglamentos de ambas cámaras. Cabe señalar que durante el análisis del caso De Vido, fuimos los representantes del frente 1país quienes abogamos para el establecimiento de un mínimo proceso garantizando así, entre otras cuestiones, el derecho a la legítima defensa.
Los tiempos electorales detuvieron este ejercicio a medio camino. Tarea a la cual deberemos abocarnos con urgencia. Pero el análisis del caso también sirvió para echar luz a un olvido recurrente que en cada sesión siento el deber de recordar: la importancia de nuestro Sistema de Control Público Nacional.
Por las causas que hoy la justicia solicita el desafuero de Julio De Vido, los principales organismos de control público de nuestro sistema han sido claves.
En el caso que investiga el supuesto desvío de fondos que debían destinarse al mantenimiento y la modernización del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y a las obras para un tren turístico en la zona, los informes de la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo, aparecen citados como pruebas.
Entre algunos de los elementos que la Sindicatura menciona en sus auditorías figuran: falta de informes técnicos que respalden los montos presupuestados por la Facultad Regional a Yacimientos Carboníferos (FRYC); alto nivel de discrecionalidad en la elección de los proveedores; el fraccionamiento de los convenios para que no superen los montos que exige la normativa y deba aprobarlo el Consejo Superior y el Ministerio de Planificación; el presunto sobreprecio de la obra de $121.635.707,36 a junio de 2016; falta de planificación y la existencia de condiciones inseguras para el personal -de riesgo grave e inminente.
En la misma línea, la SIGEN observó que en casi la totalidad de los casos los Convenios Específicos asociados a cada etapa fueron cele por sumas que superan lo presupuestado, entre otros elementos.
A su vez, dos informes ambientales de la Auditoría General de la Nación (Res 99/2008 y 132/2014), alertaron sobre la falta de documentación y la ausencia de organización como así también en observación de la gestión del periodo 2004-2006 (Res 39/2009) la AGN sostuvo que “el Ministerio Planificación Federal no cuenta con una planificación estratégica” para las obras públicas que deben realizarse a mediano y largo plazo en el territorio nacional y observó que “la Secretaría de Obras Públicas no tiene criterios para desarrollar un plan estratégico que refleje las necesidades ciertas de la población”.
Por otro lado, en lo que respecta al presunto pago de comisiones y sobreprecios para proveer Gas Natural Licuado (GNL) la resolución 315/2010 de la AGN figura como evidencia concluyendo expresamente en lo referido a las compras de combustible realizadas por ENARSA que “los precios de gas oil incluyen un valor de premio que excede los valores razonables de flete y seguro; compras de dicho producto a YPF S.A por encima de los valores precio de mercado, aun cuando ENARSA solicitó una mejora en la oferta; compras de GNL donde no se establece un precio fórmula, con la identificación del marcador de referencia, ni la cuantificación de otros costos relacionados para cada entrega”.
En la reciente celebración de los 25 años de la Auditoría General de la Nación, que reunió a representantes, trabajadores y funcionarios, se hizo referencia a las más de 400 causas penales que fueron fruto de informes de auditoría.
De acuerdo a la Constitución, la AGN funciona como organismo de asistencia técnica al Congreso con autonomía funcional. A través de la realización de informes y estudios especiales, el organismo suscita la promoción del uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos, así como también la contribución a la rendición de cuentas y el perfeccionamiento del Estado.
Los organismos de control son una herramienta indispensable para lograr que la República sea una realidad, porque el control pone límites al abuso de poder. Sin embargo, cuánto más podría la AGN de contar con una norma reglamentaria que le otorgue mayores facultades, que permita que nuestro sistema de control externo funcione correctamente.
Cuánto más podría nuestro sistema de control de no encontrarse con la poca receptividad, indiferencia y desidia por parte de los funcionarios respecto de los informes realizados por estos organismos. Desinterés que se traduce en la pérdida de vidas humanas y en pérdidas económicas con mucho impacto social.
Tal y como lo sostuvimos anteriormente, consideramos desde nuestra más firme convicción, que las conductas analizadas del señor Julio Devido configuran la ineludible obligación de éste Honorable Cuerpo de objetar estas actitudes indignas e inapropiadas y colaborar con el desempeño de nuestro sistema de justicia, razón por la cual aprobamos el pedido de desafuero.
No obstante, no debemos olvidar que mientras el Estado no cuente con un sistema de control independiente, transparente, y profesionalizado para fiscalizar el desempeño de la Administración Pública y en consecuencia de la gestión de gobierno, no podrán garantizarse la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos y la pelea contra la corrupción seguirá siendo una lucha desigual.
En marzo de 2009, la sanción y promulgación de la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, representó un avance sin precedentes en la inclusión de la perspectiva de género en la política pública y en el reconocimiento del derecho a la igualdad de trato y oportunidades.
El Consejo Nacional de las Mujeres, ahora Instituto Nacional de las Mujeres, fue designado como organismo competente para diseñar las políticas públicas que hicieran efectivas las disposiciones de la norma. Dentro de las facultades del Consejo, la norma establece en su artículo 9º inciso “o” la implementación de una línea telefónica gratuita y accesible en forma articulada con las provincias destinada a dar contención, información y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia contra las mujeres y asistencia a quienes la padecen. (más…)
El 27 de septiembre el Senado de la Nación aprobó por unanimidad una nueva prórroga, por cuatro años, de la Ley 26.160, que suspende los desalojos en tierras habitadas por pueblos originarios hasta que finalice el relevamiento catastral que está realizando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
De todas maneras, considero que la prórroga debe ir de la mano de tomar las sugerencias y recomendaciones de la Auditoría General de la Nación, a propósito de las dos auditorías que realizó el organismo.
Sobre la ley 26.160, la AGN advierte que: “constituye un valioso aporte a la política de reconocimiento de tierras, porque prohíbe los desalojos y ordena realizar el relevamiento jurídico catastral de la situación dominial de las comunidades indígenas, lo que configura una documentación oficial significativa sobre la posesión tradicional, actual y pública. Sin embargo, no es un instrumento legal de regularización dominial, que está pendiente aún en la Argentina. Por ello resulta necesario mantener el programa de relevamiento territorial de dicha ley y combinarlo con un programa de regularización dominial”.
A continuación comparto un análisis de las dos auditorías realizadas por AGN:
Análisis de Informes de AGN sobre INAI
A pocos días de la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública se realizó en la Cámara de Diputados un seminario del que participaron los especialistas María Fernanda Araujo, directora de Fortalecimiento de la Democracia en el Ministerio del Interior; Marta Oyhanarte, miembro del Comité de Expertos en Administración Pública (CEPA); y Roberto Saba, especialista en derecho constitucional de la UBA.
La ley fue una cuenta pendiente del Congreso durante mucho tiempo. Promover leyes que acompañen el derecho de la ciudadanía a tener una participación más activa que permita lograr mayor transparencia y erradicar la corrupción fortalece la democracia.
También es importante concientizar sobre la importancia de la participación ciudadana y de la rendición de cuentas por parte de los funcionarios para lograr gestiones y gobiernos más transparentes.
Durante su exposición Marta Oyhanarte , sostuvo que aún queda mucho por concientizar porque según su “experiencia y estudios de campo realizados, sólo el 1% de la ciudadanía reconoce al derecho a la información como intrínseco al desarrollo pleno de la democracia”.
En tanto, Roberto Saba, precisó que el acceso a la información pública “es un derecho necesario para otorgar otros derechos y construir confianza desde el Estado” porque es clave en el proceso de fortalecimiento de las instituciones democráticas y crucial para garantizar la confianza de los ciudadanos en la gestión”.
Por su parte, Fernanda Araujo, detalló los pasos para la implementación y destacó que durante 2016, se recibieron 893 pedidos de acceso a la información por parte de la sociedad civil, mientras que en lo que va del 2017 ya se igualó esa cifra lo que demuestra que la sanción de la ley generó interés en la ciudadanía.
El Panorama de Seguridad Alimentaria y Nutricional elaborado por la OMS y la FAO ubica a la Argentina primera en el ranking regional de obesidad. Según ese informe, el 9,9% de los niños menores de cinco años padecen el problema, informa el diario La Nación en una nota publicada el domingo 10 de septiembre.
En el mismo artículo se precisa que según “la Encuesta Mundial de Salud Escolar, hecha en 2007 y 2012, en los adolescentes, el incremento del sobrepeso fue un 16% y el de la obesidad un 34%” y afirman que “hoy, uno de cada cuatro escolares tiene sobrepeso”.
En Argentina, a lo largo de los últimos años, se han llevado a cabo numerosos planes, campañas y programas orientados a la promoción de la salud y el control de enfermedades no transmisibles, como la obesidad. No obstante, el panorama no ha mejorado. En respuesta a ello presenté varios proyectos que tienen como objetivo promover una alimentación saludable, en pos del bienestar de los niños, niñas y adolescentes argentinos.
Uno de ellos apunta a realizar una campaña pública nacional de concientización a favor de la alimentación saludable para brindar herramientas a los niños y niñas para crear hábitos saludables que puedan ir consolidándose a lo largo de sus vidas, al tiempo que permitirá a los adultos tomar conciencia de los alimentos que ingieren y podrán realizar los cambios necesarios en pos de una alimentación sana que repercuta en su salud de manera positiva.
La campaña pública fomentará la alimentación saludable y será una manera de instalar los hábitos saludables en la sociedad e informar sobre los beneficios del consumo de vegetales, frutas y agua para la salud.
Aquí pueden leer el proyecto completo.
Asimismo presenté un proyecto para prohibir la venta de bebidas azucaradas en todas las instituciones educativas del país con el fin de fomentar entornos saludables.
No basta con que los niños y niñas coman sano en sus hogares. Los entornos educativos son un factor decisivo en sus conductas. En ese sentido, la prohibición de la venta de bebidas azucaradas en las instituciones educativas debe pensarse como una atribución de estos establecimientos a los fines de colaborar en la promoción de una alimentación y hábitos saludables.
Pueden leer el proyecto completo aquí.
Otra iniciativa parlamentaria se relaciona con garantizar de manera efectiva el derecho de acceso al agua, un derecho humano reconocido explícitamente desde 2010 por la Resolución 64/292 dictada por la Asamblea de las Naciones Unidas. Apunta a incorporar de forma obligatoria la disponibilidad de agua filtrada, segura y exenta de todo riesgo para la salud, de forma gratuita, en todos los espacios estatales y privados, que desarrollen actividades de carácter público y privado, sin necesidad que medie solicitud alguna.
Sabemos que a pesar de algunos intentos para generar conciencia sobre la importancia de crear hábitos saludables el panorama no ha mejorado. Sin embargo, insistimos en que es el Estado quien debe impulsar medidas que contribuyan a una alimentación más saludable para que, de esa manera, la responsabilidad no recaiga en la ciudadanía, que en muchos casos carece de la información necesaria para optar por las mejores opciones. En ese sentido, con los proyectos presentados intentamos con determinación mejorar la calidad de vida de las personas.
Nota completa de La Nación:
http://www.lanacion.com.ar/2061460-la-argentina-encabeza-el-ranking-regional-de-obesidad-infantil
La Auditoría General de la Nación y el Ministerio de Modernización firmaron un acuerdo de colaboración y asistencia técnica vinculados a modernización administrativa, tecnológica y de gestión.
Comenzarán a implementar sistemas informáticos de gestión documental, compras electrónicas y tramitación a distancia.
Sin ninguna duda este convenio es un paso importante hacia adelante, pero no se debe perder de vista la experiencia que la implementación del sistema de Administración de Documentos Electrónicos (SADE) dejó en la Ciudad de Buenos Aires .
El SADE comenzó a utilizarse con el objetivo de digitalizar todos los trámites y comunicaciones del Poder Ejecutivo porteño. Casi ocho años después, la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA) aún no pudo acceder al sistema para cumplir su tarea de control del sector público.
A través de notas y reuniones, las autoridades de la AGCBA plantearon esta situación a funcionarios de la CABA, pero sin tener aún los resultados esperados.
Los organismos de control son una herramienta fundamental para lograr gestiones transparentes y eficientes , pero si los trabajadores no pueden acceder a la información que necesitan esa tarea se dificulta, se dilata y entorpece.
La presidenta de la Auditoría, Cecilia Segura Rattagan, envió en mayo de este año un pedido al Jefe de Gabinete de la Ciudad de Buenos Aires, Felipe Miguel en la que solicitaba acceso a SADE explicando las razones y las consecuencias que ducha imposibilidad provocaban en el desarrollo de las tareas de control.
La nota, que fue recibida el 26 de mayo reiteraba el pedido de acceso de forma irrestricta a modo consulta a los módulos que conforman el Ecosistema SADE ya que, de lo contrario, “se limita a la AGCBA la posibilidad de llevar adelante su trabajo” explicaba.
El SADE fue promocionado en su oportunidad por el gobierno de la ciudad como una herramienta de gobierno abierto, que hace foco en la transparencia, facilitando el rendimiento de cuentas y mejorando los controles ante el traspaso de las auditorías manuales a ex post por sistemas.
Por ello es importante poner el foco en este tema porque cualquier traba al proceso de facilita las prácticas no transparentes y, por otro lado, los trabajadores que están auditando en el campo no cuentan con la información necesaria por lo que no pueden realizar como quisieran su trabajo por falta de acceso a la documentación.
La despapelización es un paso necesario y valioso pero el cambio de sistema no puede ser una traba para el control, o al menos no debería serlo.
Más información: http://elauditor.info/articulo/7142
