Por primera vez participé en la Asamblea General de la Organización del Trabajo, realizada en la ciudad suiza de Ginebra, formando parte de la delegación de la Asociación de Personal de Organismos de Control.

Durante la Asamblea mantuvimos varias reuniones de trabajo y participamos de los debates y exposiciones sobre las temáticas planteadas como trabajo decente, el trabajo y la mujer y particularmente planteamos la necesidad de tomar medidas que protejan a los trabajadores de los organismos de control, contra la persecución y el avasallamiento de sus derechos.
Desde la RED de trabajadores que integran APOC, A.E.F.I.P, la Asociación de Empleados e Ingresos Públicos y U.E.J.N – Unión Empleados de la Justica de la Nación, venimos trabajando desde hace años en la protección de los trabajadores cuyos deberes están relacionados a funciones de control, inspección, sanción, dictamen, denuncia, juzgamiento y supervisión acerca de tareas sensibles al resguardo y defensa de los intereses y patrimonio del Estado, a la lucha contra la corrupción, la transparencia, eficiencia y la calidad de los Servicios Públicos
En ese marco, nos reunimos con la Directora de normas internacionales del Trabajo, Corinne Vargha, para avanzar en el pedido de recomendación.
La propuesta, expuesta por el secretario general de APOC, Hugo Quintana radicó en la necesidad de la designación de “una comisión técnica, integrada por expertos, y representantes de los gobiernos empleadores y de los trabajadores, para que elaboren un documento que permita la redacción de las recomendaciones y convenios necesarios para garantizar los derechos de los trabajadores”.
Desde el año 2009 impulsamos la necesidad de promover la aprobación de una Norma de la OIT tendiente a garantizar la seguridad, independencia, estabilidad en el empleo y protección de los trabajadores de control.
Asimismo, tuvimos la posibilidad de exponer el proyecto de ley sobre “Prevención, penalización y erradicación de la violencia laboral en el ámbito de la Administración Pública Nacional”, recientemente presentado en el Congreso para explicar la necesidad de su pronto tratamiento.
En la Sesión de Clausura se adoptó la Recomendación sobre el Empleo y Trabajo Decente por la Paz y la Resiliencia, 2017 que “proporciona orientaciones a los miembros sobre las medidas que se han de adoptar para generar empleo y trabajo decente a los fines de la prevención, la recuperación, la paz y la resiliencia con respecto a las situaciones de crisis provocadas por los conflictos armados internacionales y no internacionales, y los desastres que desestabilizan las sociedades y las economías”.