https://eleconomista.com.ar/politica/el-control-como-garantia-calidad-gestion-publica-largo-plazo-n75755#google_vignette

Se constituyó la mesa sindical de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas ProyectAR 

«Créeme, mi amor, sufrí mucho más por falta de recursos y fondos que por ser mujer», responde Marie Curie a una de sus hijas cuando esta le dice, «debe haber sido muy difícil ser mujer y realizar todo lo que hiciste».

Ese diálogo forma parte de la última película sobre la vida de la científica polaca que se convirtió en la primera persona en ganar dos premios Nobel. Esa conversación entre madre e hija está enmarcada en una película que, aunque biográfica, es ficcionada; pero pensemos en la vida real, ¿cuántas mujeres habrán visto sus sueños y proyectos truncados por la falta de recursos o de fondos? ¿Cuántas estarán pasando hoy por lo mismo, a más de 80 años de ese posible diálogo entre Marie Curie y su hija?

De hecho, según estudios realizados en los últimos años, podemos decir que la falta de recursos a la que se refería Marie Curie se relaciona de manera proporcional con el hecho de ser mujer, e incluso aunque las mujeres cuenten con las mismas herramientas que los varones, cuentan con menos oportunidades. Así, vamos encontrando brechas de género en el trayecto laboral, como lo dictan los números de la informalidad, la precarización y el desempleo, que siempre son mayores entre las mujeres. Pero también en el desarrollo económico y en la dificultad de las mujeres para acceder a puestos de decisión, tanto en los ámbitos políticos y judiciales como empresariales. Todo esto sin considerar el factor de la maternidad y la sobrecarga de las tareas domésticas no remuneradas, que suelen recaer mayoritariamente sobre las mujeres.

La pandemia no solo acrecentó esas diferencias con nuestros compañeros varones, sino que además las agravó. De hecho, según datos de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG) de Argentina, en el segundo trimestre de 2020 más de 1,5 millones de mujeres salieron del mercado laboral, no encontraron empleo o no lo buscaron. No son opiniones; la actividad económica de las mujeres cayó ocho puntos porcentuales más que la de los hombres durante la pandemia.

Esta crisis laboral desencadenada por la pandemia, y algunas de las medidas que se tomaron para tratar de mitigar sus efectos, no son homogéneas y varían de sector en sector económico. Sin embargo, hay un denominador común que muestra que los sectores formales que más perdieron son aquellos que registran una alta empleabilidad de mujeres, como el comercio, la gastronomía y el turismo. Una excepción a esta regla es tal vez el sector de la salud, rubro en el cual en Argentina trabajan una de cada diez mujeres ocupadas. Se estima que este sector concentra a más de 760.000 trabajadoras, el cual conlleva una alta exposición al virus y un enorme esfuerzo y desgaste físico y emocional, tanto para las trabajadoras como para sus familias.

En el sector informal también se perdieron miles de puestos de trabajo. De hecho, en el país hay más de 1,3 millones de trabajadoras de casas particulares, de las cuales tres de cada cuatro trabajan en la informalidad, según datos de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), que, desde el comienzo de la pandemia, advirtió que eran y serían las más expuestas al impacto sanitario y económico de la COVID-19.

Y si el virus no hace diferencia a la hora de contagiar, hay otra pandemia silenciosa que no logramos atacar de manera efectiva y que sí discrimina: las desigualdades por género. Incluso en la leve recuperación económica que se dio en el tercer trimestre de 2020, la tasa de actividad para las mujeres fue un 35% más baja que para los hombres.

Entonces la pregunta del millón es, ¿qué necesitamos para que más mujeres puedan acceder al mercado laboral? ¿Qué necesitamos las mujeres para que no nos resulte, no digo difícil, sino casi imposible cumplir los sueños, desarrollarnos, realizarnos?

En primer lugar, necesitamos al Estado, a las empresas y a las organizaciones sindicales trabajando juntos, en alianza, en pos de ese objetivo. Necesitamos una mirada sostenible del desarrollo humano, que ponga el foco y en el centro a las personas, que incluya, que incorpore la perspectiva del crecimiento igualitario, que logre vencer el desequilibrio y sus consecuencias en el que el mundo del trabajo está inmerso.

El corazón de la desigualdad está sin duda en la carga de las tareas del cuidado y, con la pandemia, quedó en evidencia quién cuida en Argentina y la necesidad de políticas económicas y públicas que equilibren esas tareas y, en consecuencia, el acceso a los derechos de manera igualitaria.

Estamos obligados a diseñar políticas económicas y de cuidados de manera integral, con una verdadera mirada humana; pensar el trabajo como factor clave del desarrollo en igualdad de oportunidades; y que desde el Estado se generen puestos de trabajo de calidad, pensando en todos los sectores de la economía para que se mejoren las condiciones, mientras se extienden las medidas de protección laborales, de derechos y de diálogo social, como estrategias contra la informalidad y la desigual división sexual del trabajo.

Esa es la verdadera transformación cultural que permitirá dejar atrás la idea tan naturalizada de que los cuidados son tareas de mujeres. Solo así no retrocederemos, y no se frustrarán los sueños, expectativas y oportunidades que deberíamos aprovechar tras una crisis como la que estamos atravesando. Esas oportunidades no son ni más ni menos que el anhelo del logro de la justicia social por la que debemos seguir trabajando.

Nota Publicada por Fundación Carolina:  https://www.fundacioncarolina.es/ser-mujer-trabajar-y-no-frustrarse-en-el-intento/

Nota completa en El Estadista: https://www.elestadista.com.ar/?p=16400

Fragmento de la nota publicada:

…En este contexto, la tarea sindical también se ve desafiada. La coyuntura posiblemente abra nuevos espacios de disputa y encuentro, de reclamo y participación para seguir transitando la vida en clave al día después. Con todo lo que estamos viviendo tendremos radiografías para diagnosticar aciertos, desaciertos, puntos fuertes y falencias; datos para rediseñar estrategias y, fundamentalmente, para seguir acompañando a los trabajadores y trabajadoras. En tiempos de incertidumbre es cuando más presentes tenemos que estar para construir una “mirada de futuro”, con todos los actores participando del tan esperado y necesario diálogo social; en el que las y los dirigentes sindicales debemos poner en el centro de la escena la protección de los derechos de los trabajadores.

Pueden leer mi nota completa Nuevos tiempos y también acceder a la publicación completa:  https://www.eforo.org.ar/foro100

​

Sí, leyeron bien. Baja, cesante, suspendido. Como si de repente una mañana hubieran decidido por voluntad propia dejar de asistir a sus puestos de trabajo sin más que eso.

Siendo diputada nacional y por mi origen sindical trabajé en conjunto con la Secretaría de Derechos Humanos de la CGT y presenté en 2019 un proyecto que permitiera visibilizar esta situación y que generara desde el Estado las acciones reparatorias para asegurar la recuperación de la verdad en las historias de los compañeros y compañeras.

Nota completa:

Memoria, Verdad y Justicia

El objetivo es reconocer el trabajo que realizan mayoritariamente las mujeres en sus hogares y que, en muchos casos, no está visibilizado ni remunerado.

“Eso que llaman amor es trabajo no pago” y en este contexto de aislamiento se ha puesto en evidencia la necesidad invalorable que tienen las tareas domésticas, las personas que las realizan y sobre todo el tiempo que ellas conllevan.

El trabajo doméstico comprende las tareas del cuidado. Por su parte, los trabajadores domésticos constituyen una parte considerable de la fuerza de trabajo en empleo informal encontrándose entre los grupos de trabajadores más vulnerables en tiempos de pandemia.

La OIT advierte sobre los desafíos del sector pos COVID 19 y al respecto que “será fundamental implementar medidas para su transición de la informalidad a la formalidad, de modo de proteger su salud y garantizar su estabilidad laboral y seguridad económica ante contextos de crisis como el actual”.

Esta realidad nos ha reafirmado que:

• Los trabajos del cuidado son trabajo;
• No se han detenido con el aislamiento;
• Las llevan adelante mayormente mujeres;

Hoy son sustento necesario para que continúen los mecanismos de las “tareas esenciales”.

Por todo ello deberemos pensar la salida del aislamiento y la reactivación con perspectiva de género poniendo el foco en la creación de programas de empleo para cuidadores y cuidadoras, en la formalización del trabajo doméstico y en la promoción de políticas del cuidado en clave igualdad.

Comparto datos de la OIT, de la Encuesta sobre el Uso del Tiempo de INDEC y datos propios recogidos por la encuesta que realizamos el año pasado entre nuestros afiliados y afiliadas.

Por Carla Pitiot

A excepción de un grupo de trabajadores que sale a la calle exponiéndose por necesidades ajenas o propias, los demás cumplimos el aislamiento, a veces preocupados por el futuro. ¿Qué será de la salud, pero también de la educación, el trabajo o la economía?

Parados frente al coronavirus, la estrategia de la cuarentena preventiva parece ser adecuada y cuenta con el apoyo de la población, a pesar de sus angustias.

Nota completa

En qué día estamos

Es necesario en estos contextos generar la oportunidad de prevenir delitos como el grooming, que es el acoso sexual de una persona adulta a un niño, niña o adolescente por medio de Internet.

Los perpetradores de este delito suelen crear un perfil falso en una red social, sala de chat, foro, videojuego u otro, en donde se hacen pasar por un chico o una chica y entablan una relación de amistad y confianza con el niño o niña que quieren acosar.

A partir del 2018, año que se estableció el 13 de noviembre de cada año como Día Nacional de la lucha contra el Grooming, el Estado debe convertirse en impulsor y responsable de campañas de difusión para concientizar sobre esta problemática y brindar herramientas a la sociedad para sensibilizar sobre este delito que aunque virtual tiene implicancias reales en la vida de niños, niñas, adolescentes y sus familias.

Precisamente, en momentos como los que estamos atravesando de alta conectividad debido al aislamiento para prevenir el Coronavirus debemos estar más atentos y atentas que nunca para asegurar un entorno más seguro en Internet y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Hoy el contacto con las redes y la tecnología pareciera ser natural e inevitable, pero los más jóvenes no dejan de ser sujetos vulnerables y es nuestra responsabilidad como adultos protegerlos.

Es importante entender que en el mundo digital existen riesgos devenidos de su uso pero no sirve su prohibición. Al contrario, los adultos debemos incorporar cuestiones de la cultura digital para poder acompañar en el proceso de crecimientos de los más chicos.

Para el caso puntual de grooming es fundamental brindarles herramientas para que comprendan los riesgos que existen al compartir información personal en un espacio público como las redes sociales o Internet y que conozcan las formas de prevenirlos.

En este sentido, como he afirmado en otras oportunidades, es importante acompañarlos, generar espacios de diálogo y confianza. Tenemos que estar alertas y prestar atención a los cambios de conducta o de humor, a los silencios.

Los especialistas recomiendan que en caso de detectar una situación de acoso, debemos reunir toda la información posible, asesorarnos y radicar la denuncia penal.

Internet es una herramienta casi irremplazable de estos tiempos, y en estos días en particular se han convertido en nuestro medio de comunicación y pedagógico principal, por eso más que nunca debemos reconocer el valor y los riesgos de Internet, sin estigmatizar.

Aprovechemos estas semanas de “suspensión de clases” y de “trabajo desde casa” para
acompañarlos y acompañarlas no solo en las tareas del colegio sino para conversar, para
reforzar diálogos y confianza e inculcar una mirada crítica y reflexiva sobre sus actitudes en la web.

Pensemos juntos el mundo online como un espacio de oportunidades y beneficios, pero también donde existen riesgos. Los peligros que suceden en la calle, en el exterior o “mundo real” se trasladan a la web, y es indispensable que los cuidados que tenemos en ámbitos físicos los usemos online.

Nota publicada en El Auditor en marzo de 2020: https://elauditor.info/actualidad/la-lucha-contra-el-grooming-en-tiempos-de-maxima-conexion_a5e73bfbc24d8d904211a8194

Según los últimos datos disponibles* se estima que mueren entre 450 y 500 adolescentes por año, cifra que podría no ser conclusiva debido a las dificultades que existen en el registro de los suicidios, responsabilidad que compete a las jurisdicciones. Sucede que existe un alto porcentaje de registros de defunción que no especifican la causa para no estigmatizar a las familias.  

El suicidio es una problemática compleja y tiene perspectiva multicausal. Constituye un problema social y de salud pública. Según un reciente informe publicado por UNICEF sobre el tema, el suicidio se presenta con mayor frecuencia en aquellos que presentan un menor nivel socioeducativo. Además, el suicidio tendría correlación con la pobreza.

Las provincias más afectadas son Salta, Jujuy, Chubut y Catamarca. La investigación de UNICEF demostró en sus hallazgos que, contrario a lo que se piensa, el fenómeno se presenta especialmente en pequeñas localidades, donde últimamente se han producido una acumulación de casos.

Implica además una connotación sexo-genérica diferencial: existe una mayor cantidad de decesos de varones que de mujeres, aunque esta cuestión se revierte significativamente cuando se trata de tentativa de suicidio. 

A nivel legislativo, en 2015 se aprobó la Ley nacional Nº 27.130, marco conocido como Ley Nacional de Prevención del Suicidio, cuyo objetivo consiste en la disminución de la incidencia de esta problemática a través de la prevención, la asistencia y la posvención, es decir, las acciones destinadas a trabajar con el entorno de la persona que se quitó la vida para evitar nuevos eventos. Esta norma constituye una herramienta fundamental para transformar la situación actual. Sin embargo y pese a varios pedidos e insistencias al Ejecutivo, aún se encuentra en proceso de reglamentación.

El suicidio es prevenible. La contención institucional, la capacitación en detección temprana y las redes de apoyo son condiciones necesarias y probadas para lograr reducir los casos. La sensibilización responsable, también. Es preciso avanzar de forma urgente en la reglamentación de la ley vigente y acompañar con partidas presupuestarias adecuadas las acciones de política pública consensuadas. Sin presupuesto no hay norma viable. 

Teléfonos de asistencia: #135 – 0800-222-2223

Fuente*: UNICEF, 2019.

Estamos en emergencia desde el año 2002, 16 años viviendo en emergencia. Una medida transitoria que se volvió una necesidad permanente.

Pero en los últimos años la situación se agravó y algunas de las estrategias que se desprendieron del Decreto 108/2002, como los consejos con participación de la comunidad, fueron desmanteladas. En suma, el Presupuesto Nacional 2019 asigna a la emergencia alimentaria 12.582.967 millones de pesos, que representan apenas un 0,3% del total.

El agravamiento de la situación social ha producido la apertura de innumerable cantidad de merenderos y comedores, como respuesta solidaria de la comunidad frente a un Estado sin la capacidad de reacción suficiente. Necesitamos herramientas diferentes para que esta declaración no funcione meramente como la repetición de un trámite legislativo y en este sentido quiero destacar la importancia de la incorporación de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) en el proyecto que obtuvo media sanción. Para que la atención a estos reclamos sociales sea efectiva, necesitamos controlarla.

Los organismo de control provinciales integrantes de la Red Federal de Control Público, realizaron durante el año 2018, 30 auditorías al programa de Comedores y Tarjetas Alimentarias. Este esfuerzo de control abarcó el conjunto de provincias del país excepto CABA, Santa Fe y La Rioja. La interlocución central de los organismos de control locales es con la Unidad de Auditoría Interna (UAI) del Ministerio de Desarrollo Social quien acuerda con las instancias de control provinciales los temas de control a priorizar así como las muestras de auditoría pertinentes.

Por otra parte, desde la SIGEN –en tanto instancia de Coordinación de la Red Federal de Control- se viene trabajando –en el ex ante- en los criterios de control con las distintas UAIs y –en el ex post- en la homogeneización y sistematización del conjunto de la información que producen las provincias en sus trabajos de auditoría. Esta tarea implica conciliar distintas exigencias que van desde incorporar enfoques e instrumentos de auditoría en línea con las corrientes más modernas en la materia como el respeto a las competencias legales de cada uno de los organismos de control provinciales. En este sentido, incorporar en la Ley la obligación de intervención de la Sindicatura General de la Nación, aportará al organismo rector del sistema de control interno público, una herramienta fundamental para tener información homogénea, sistemática y sostenible en el tiempo acerca de los modos de uso de los fondos públicos en una problemática crítica como la que venimos discutiendo.

Repito: más de la mitad de los niños y niñas de nuestro país son pobres, argumento suficiente para comprometernos. Comer es un derecho, no un privilegio y es obligación del Estado garantizar que nadie sufra hambre en Argentina.

Hay un país que además de la Emergencia Alimentaria está esperando de nosotros, los políticos, compromisos a largo plazo y un consenso básico de políticas públicas que aseguren que nunca más lleguemos tarde.

Como diputada nacional y dirigente gremial celebro y apoyo este paso porque estoy convencida del rol fundamental que tienen los sindicatos en la formación de los trabajadores y trabajadoras.

De hecho, APOC, desde la Secretaria  de Igualdad de Oportunidades y Trato promovió y concretó  hace unos meses una reunión con  las autoridades de la AGN y del  INAM para trabajar en la implementación de la Ley Micaela, que obliga a todas las personas que integran los poderes del Estados a capacitarse en la temática de género.

En la discusión en las comisiones del Congreso  incorporamos a las asociaciones sindicales como responsables junto a las autoridades de  cada organismo de garantizar la implementación de la Ley.

En ese sentido y siendo responsables de la capacitación,  los sindicatos somos actores principales en este camino que emprende la AGN y sus trabajadores y trabajadoras para construir sociedades más justas e igualitarias.

El año pasado, también desde APOC, impulsamos el Protocolo para la prevención, sensibilización y erradicación de situaciones de violencia en ambientes de trabajo con el objetivo de que los trabajadores y trabajadoras del organismo cuenten con herramientas de abordaje y sensibilización.

Como expositoras, me acompañaron en el panel la Lic. Josefina Perriaux de Videla (Filósofa – Instituto para el Matrimonio y la Familia, UCA), la Dra. Marcela Mazzini (Teóloga – Facultad de Teología, UCA) y la Dra. Soledad Carrizo (Abogada UCC – Diputada Nacional por la Unión Cívica Radical).

Para explicar un poco de qué se trata la planificación pública con perspectiva de género, les conté mi historia, y los obstáculos que tuve que atravesar como mujer en los espacios de poder y de representación política. Utilicé también  al empleo y al espacio público como ejemplos de áreas en los que se puede intervenir desde una mirada de género.

Es que es difícil explicar una mirada. Y en definitiva, de eso se trata la perspectiva de género. De una forma de mirar en búsqueda permanente de la equidad, de generar reales e iguales oportunidades para todos y todas. De reconocer, además, que los puntos de partida son diferentes. 

Lo que queremos construir es un nuevo modelo de convivencia desde un enfoque de derechos con igual acceso, disponibilidad, calidad y permanencia para todos y todas. Esto incluye al trabajo, a la vivienda, a la educación, a la alimentación saludable, al ambiente sano, al cuidado a la participación, a la salud, a la recreación, a la cultura, a la seguridad, a la comunicación, a la ciencia y a la información. 

No todos los feminismos son iguales: hay muchas y variadas diferencias, y creo que es saludable porque muestra la heterogeneidad del movimiento.

No solo existen diferentes representaciones -cosa que muchas veces se critica cuando en realidad es inevitable, porque somos todas personas-, sino que también hay diferentes puntos de vista sobre cuáles son las prioridades en materia de igualdad de género 

El artículo ¿Soy una mala feminista? de la escritora Margaret Atwood nos recuerda  la necesidad de dar lugar a las diferencias de opiniones, incluso, dentro del pensamiento feminista. “Nunca -ni en sus orígenes- el feminismo fue una unidad de pensamiento y de acción monolítica, y no veo por qué debería serlo ahora. Hay que reconocer la diversidad de voces dentro del feminismo como en otro tipo de cuestiones donde la única mirada la única perspectiva reduccionista produce más grietas y distinciones que acciones constructivas para avanzar en ampliación de derechos”.

No es momento de dividir a la sociedad con colores: verdes, celestes, naranjas, etc. Es momento de unir. De entender la diversidad como una oportunidad, no como un obstáculo. Necesitamos sumar (no restar) esfuerzos para caminar hacia la igualdad de la mujer. En estos tiempos de prepotencia, indiferencia y rencor hacia el que piensa distinto, nuestro desafío es aprender a escuchar (no oír) y subrayar las coincidencias.

Si hay algo que aprendí del sindicalismo es que la construcción solo puede ser colectiva. Y las mujeres sabemos construir de manera colectiva, tejiendo redes, apoyándonos en los puntos que nos unen, en las coincidencias más allá de las diferencias.

Las mujeres participamos, luchamos, militamos. No queremos más, queremos lo mismo. Realizar transformaciones en las formas de hacer política es una estrategia fundamental para conseguir cambios sociales profundos y ese es el camino y desafío que tenemos por delante.

El informe consta de un análisis y de 191 propuestas enmarcadas en ocho capítulos en los que abarca “cómo garantizar políticas de integridad en todos los poderes y niveles de gobierno de Argentina”, desde distintos actores y organismos.
Los Estudios sobre Integridad de la OCDE, según precisan desde la organización “ayudan a los encargados de la formulación de políticas públicas a mejorar estas, adoptar buenas prácticas y poner en marcha principios y estándares establecidos”
Inclusive, resalta la importancia de “concientizar a la sociedad acerca de los beneficios de la integridad y reducir la tolerancia a la violación de normas de integridad pública”.El informe precisa que “un marco de control interno y gestión de riesgos sólido es la piedra angular para la defensa contra la corrupción en una organización.
Al referirse a los organismos de control el informe advierte que la Auditoría General de la Nación “podría fortalecerse aumentando su poder para seleccionar los tópicos de auditoría externa, destacando su independencia y mandato en una ley orgánica específica y reforzando el seguimiento y monitoreo de las recomendaciones de auditoría”.
En el capítulo 5 “Hacia un marco de control interno y gestión de riesgos que salvaguarde la integridad pública en Argentina” propone acciones específicas para establecer un sistema de control con objetivos precisos.
Entre esas acciones destacamos las relativas a la Auditoría General de la Nación:
 Fortalecer la independencia funcional de la AGN aumentando su capacidad para seleccionar sus propios temas de auditoría.
 Fortalecer la independencia funcional de la AGN detallando en una ley orgánica específica la independencia y mandato de la AGN.
 Fortalecer el seguimiento y monitoreo de las recomendaciones de auditoría a través de la inclusión de algunas auditorías de seguimiento en su plan anual de trabajo de auditoría.
 Fortalecer el seguimiento y monitoreo de las recomendaciones de auditoría organizando anualmente autoevaluaciones de las entidades, escribiendo a los directivos para solicitar una evaluación del estado de implementación de las
recomendaciones de auditoría.
 Aumentar la influencia de la AGN siendo ejemplo de transparencia y proporcionando al público la información sobre sus gastos discrecionales. Esto serviría como ejemplo de transparencia para el resto de los actores del sector
público. Para llevarlo a cabo se podría proporcionar acceso a la información en el sitio web de la AGN, de manera similar a como la SAI australiana presenta y proporciona la información.
Justamente estas recomendaciones están en sintonía con mi proyecto de ley sobre la reglamentación del artículo 85 de la Constitución Nacional, en lo que respecta a la creación y el funcionamiento de la Auditoría General de la Nación.
El proyecto lo presenté en 2016 y el año pasado, al perder estado parlamentario porque nunca fue tratado, ni siquiera en comisiones, lo volví a presentar con las actualizaciones pertinentes.
Con el objetivo de lograr un control más eficiente, eficaz y económico el proyecto regula la actuación de la Auditoría General de la Nación, así como también abarca la labor del Congreso de la Nación como responsable primario de dicho control, a través de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, el proceso de aprobación de la Cuenta
de inversión y mejora el acceso a la información, en consonancia a los principios y objetivos establecidos en la reciente Ley de Acceso a la Información Pública Nª 27.275.
El proyecto avanza en la posibilidad de establecer controles concomitantes en aquellos casos considerados de significación económica. Asimismo, destaca particularmente como función del organismo la intervención en el procedimiento de formulación del Presupuesto General de Gastos y Recursos de la Administración.
Buscamos dotar a la AGN de las garantías básicas de independencia y funcionalidad respecto a las autoridades del organismo al establecer un proceso de selección transparente de los auditores y la posibilidad de participación de la sociedad en su designación. A su vez, se reglamenta la composición plural del Colegio de Auditores teniendo en cuenta la diversidad y la paridad de género.

Aquí pueden acceder al proyecto:

https://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/01/03/reglamentacion-articulo-85-de-la- constitucion-nacional/#more-3004

En cuanto a la Sindicatura General de la Nación la OCDE considera que “podría reforzar el marco de gestión de riesgos incorporando explícitamente los riesgos de integridad”.
Los organismos de control son una herramienta esencial para contar con gestiones transparentes y para luchar contra la corrupción.

Resumen del Informe:
http://www.oecd.org/gov/ethics/estudio-integridad-en-argentina-folleto.pdf

Hace unos días en el Congreso Nacional la OCDE presentó también el estudio sobre  políticas regulatorias.
Aquí el resumen: https://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2019/03/27/la-ocde-presento-estudio-sobre-politicas-regulatorias/

En nuestro país, a lo largo de los últimos años, se han llevado a cabo numerosos planes, campañas y programas orientados a la promoción de la salud y el control de enfermedades no transmisibles, como la obesidad. Pero el panorama no ha mejorado y los números son desalentadores. Argentina es uno de los países de la región con los índices más elevados de obesidad entre niños/as (40%) y adultos (60%), según datos oficiales de la ahora Secretaría de Salud de la Nación.

Una de las principales falencias nacionales es la ausencia de una ley marco relativa tanto al derecho a una alimentación adecuada como a la soberanía alimentaria. Esta fue una de las observaciones destacadas por Hilda Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en su visita a Argentina en septiembre de este año.

Después de haberse entrevistado con funcionarios, legisladores, productores rurales, comunidades aborígenes, dirigentes sociales y académicos, la experta acercó un informe preliminar a las Observaciones y Recomendaciones que finalmente presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2019.

Entre sus notas la Relatora observó que somos el país de la región que consume la mayor cantidad de productos ultraprocesados per cápita por año y que lideramos el consumo de gaseosas.

Al mismo tiempo, señaló que el uso de plaguicidas en Argentina está mínimamente regulado y que, como consecuencia, aumentó la cantidad de personas que han perdido la vida o padecen enfermedades graves.

A su vez, destacó que muchos niños y niñas que se ven obligados a depender de los comedores escolares para tener su comida diaria, entre otras observaciones realmente preocupantes.

Desde que asumí mi mandato como Diputada Nacional y luego de participar de numerosos y valiosos espacios de intercambio, formación y debate, presentamos y acompañamos varios proyectos relacionados con la problemática de la obesidad y la alimentación saludable. Son muchos los problemas y necesitamos estrategias integrales.

Y en esta línea creo necesaria una revisión urgente sobre nuestras políticas de etiquetado y publicidad de alimentos. Necesitamos consumidores soberanos y autónomos, y esto solo se logra facilitando y acercando información veraz sobre la calidad de los productos que consumimos.

Es por ello que presenté un proyecto sobre etiquetado y publicidad de alimentos. La iniciativa recupera propuestas de otros legisladores y legisladoras y fue supervisado por  el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en atención a las observaciones de otras instituciones de referencia, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).  

En los últimos años, diversos países de América Latina han avanzado en la sanción de normativa y la implementación de políticas que buscan generar un cambio significativo en la cultura alimentaria, para favorecer hábitos y pautas de consumo más saludables, así como información más clara sobre los productos disponibles.

En esta línea, cabe destacar los esfuerzos de Brasil, Costa Rica, Uruguay y Ecuador para mejorar la alimentación en entornos escolares. El etiquetado frontal de alimentos envasados es obligatorio en Perú y, desde 2016, en Chile. Recientemente, el gobierno de Uruguay aprobó un proyecto de ley que establece el rotulado frontal, convirtiéndose entonces en el tercer país en la Región en establecer un sistema de advertencias sobre los altos niveles de azúcares, calorías, sodio y grasas saturadas que pueden presentar los alimentos envasados. Brasil, está cerca de continuar el mismo camino.

En cuanto a la normativa nacional, el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284) y sus normas complementarias establecen ciertas pautas para la rotulación y la publicidad de los alimentos. Estos lineamientos, sin embargo, consideramos que son insuficientes: para la declaración de los ingredientes, por ejemplo, no es obligatorio declarar la cantidad de azúcares o bien, este grupo puede incluirse como porcentaje total de los carbohidratos, sin desglosar la información.

La información es un derecho ciudadano, amparado en primer lugar por nuestra Constitución y apoyado ampliamente por sucesivas disposiciones, acuerdos y compromisos. Es claro que una decisión fundada en información y conocimiento, permite una elección más autónoma. Este proyecto busca justamente fortalecer y alentar hábitos de alimentación saludable, a partir de garantizar el acceso a una información oportuna, accesible y veraz de los alimentos y bebidas destinadas al consumo humano. Incluso, el proyecto pretende fomentar el cuidado de la salud y el derecho a una alimentación saludable y responsable, promoviendo acciones educativas para la concientización de la importancia de generar este tipo de hábitos. Así también y prohibiendo la publicidad de alimentos no saludables dirigidas a niños y niñas, se espera colaborar con la prevención de la malnutrición y la reducción de enfermedades no transmisibles.

Estos temas nos atraviesan como ciudadanos, como consumidores. Argentina está en un problema y las cifras nos interpelan.

La prevención del sobrepeso y la obesidad es un tema de salud pública y un derecho humano profundamente relacionado con la protección de la niñez. Celebremos este Día de Lucha contra la Obesidad avanzando con normas que defiendan los intereses que realmente importan: la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas.

La actividad, que contó con la presencia de funcionarios públicos, representantes y especialistas nacionales e internacionales, formó parte de las acciones de cooperación de estas agencias internacionales en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y de las actividades que lleva adelante el Observatorio Parlamentario Agenda 2030 de la HCDN.

Los objetivos del encuentro atravesaron dos ejes principales: brindar cooperación técnica facilitando la experiencia internacional para el desarrollo de políticas regulatorias que permitan un ejercicio pleno de los derechos de los consumidores y contribuir asimismo con las políticas de promoción de la alimentación saludable y prevención de la obesidad, en especial, en la infancia y adolescencia.

En el panel de apertura el, Dr. Rubinstein, Ministro de Salud de la Nación, consideró que “el sobrepeso, la obesidad y la obesidad infantil son problemas serios de salud pública, con impacto en el desarrollo económico” y aseguró que “más del  40% niños, niñas  y adolescentes de nuestro país  tienen sobrepeso u obesidad y esos números están creciendo”.

En este sentido, avanzar en una regulación sobre el etiquetado frontal de los alimentos puede ser, para el Ministro, un puntapié para el desarrollo de otras políticas regulatorias y una buena señal tanto para la sociedad y como para la industria.

Ecuador, Chile,  Perú y Uruguay, son los países de la región que avanzaron en políticas de etiquetado. En Argentina, ya están en marcha las reuniones en búsqueda del mejor formato, mientras se fortalecen los consensos regionales a través del MERCOSUR.

Para la Dra. Ana Mendoza, representante de UNICEF, “Argentina tiene una oportunidad histórica con la presidencia del G20, todas las miradas van a estar puestas aquí. Tiene que ponerse a la altura de las circunstancias”.

“Somos optimistas en que la Argentina puede avanzar en esta causa. Las advertencias textuales, claras, veraces, sencillas y rápidas resultan en un mejor desempeño para proteger al consumidor y garantizar su libertad de elección”, argumentó la Dra. Maureen Birmingham, referente de la OPS/OMS quien a su vez alertó que “América Latina es la región más obesa del mundo y los población de niños y niñas es la más vulnerable”.

De acuerdo a las experiencias internacionales, el etiquetado de los alimentos debe ser sencillo, relevante y útil. A lo que se apunta es a brindar información que modifique el patrón de compras, sobre todo en los grupos más vulnerables con menos educación.

Asimismo y por la evidencia empírica los especialistas prefieren un etiquetado con sistema de advertencias, al estilo Chile. Los sistemas de resumen no resultaron eficaces.

Para Fabio Da Silva, Asesor regional en nutrición y actividad física OPS/OMS, también es importante avanzar en regulaciones que tengan en cuenta el perfil no-nutricional de los alimentos: si son fáciles de masticar, si tienen baja saciedad o una compensación calórica débil, la velocidad de ingesta y la presencia o no de aditivos considerados cancerígenos.

En la misma línea, Jaime Delgado, autor de la normativa peruana en la materia, consideró que “las advertencias no deben premiar a los productos. El etiquetado tiene que estar claro. Como ejemplo es el caso de Ecuador, en el que de acuerdo a la normativa vigente  Coca-Cola es un producto que tiene todo verde. Eso es lo que no debe suceder. Ese no es el sentido”.

La propuesta de Perú es integral, apunta también a la educación nutricional en las escuelas y a la promoción de actividad diaria. Asimismo incorpora la prohibición de venta de comida chatarra en las escuelas y establece que los kioscos o comedores dentro de las instituciones educativas no deben ser concesiones: “son parte de las aulas y de la estrategia educativa, no puede ser un negocio”, aseguró Delgado.

Para Verónica Schoj, Directora de Promoción de la Salud y control de Enfermedades no transmisibles  del Ministerio de Salud de la Nación, los altos niveles de obesidad en la población argentina están relacionados el entorno social, la regulación vigente, la alta oferta de productos no saludables y la baja oferta de alimentos frescos y naturales y la falta de educación nutricional, como así también la ausencia de estándares regulatorios de calidad, basados en evidencia científicia.

Sobre este último punto la especialista advirtió que “22 provincias argentinas tienen regulaciones sobre, por ejemplo,  entornos escolares saludables, pero no tienen medidas adecuadas de estándares, no cumplen con los objetivos de salud pública”.

En lo que respecta a la práctica, “los conflictos de interés son unas de las variables críticas en la implementación de políticas efectivas. Es necesaria la participación de la sociedad civil para contrarrestar esos intereses”, agregó Birmingham y sostuvo que “La OPS/OMS no recibe fondos de las industrias y tiene normas estrictas con socios no estatales”.

Para Stefano Fedele, representante de UNICEF, la prevención del sobrepeso y la obesidad es un tema de salud pública y un derecho humano profundamente relacionado con la protección de la niñez. En relación a este último punto consideró que “el período más eficaz para prevenir es en los primeros años de vida: momento en el que se establecen los patrones de alimentación y actividad física”.

A su turno, Belén Ríos, representante FIC Argentina,  “la baja calidad nutricional, la alta exposición, el poder de las técnicas de marketing y los rótulo poco claros nos obligan a generar de políticas para proteger a consumidores, especialmente niños/as y adolescentes”.

Para Myriam Gorban, Coordinadora de la cátedra libre de soberanía alimentaria, Escuela de Nutrición de la UBA, “el Sistema Alimentario Nacional está en emergencia económica, productiva y financiera” y las principales barreras a las que se enfrenta son “el precio de los alimentos, afectados por la  intermediación y la especulación financiera; la contaminación de los alimentos, tanto en la producción como en la industrialización y la pobreza: hay un porcentaje creciente de niños/as en comedores escolares”.

En relación a la agenda argentina en el próximo Día Nacional de Lucha contra la Obesidad, que tendrá lugar en el mes de octubre, se presentará el Plan interministerial de obesidad infantil (2019-2023) que reunirá el trabajo de las dependencias de salud, educación, desarrollo y agroindustria.

Tal y como comentó Shoj, los objetivos son: fortalecer la educación alimentaria; generar campañas de alto impacto; promover la calidad nutricional en los programas con componentes alimentarios; establecer y/o mejorar políticas regulatorias y promover el consumo de alimentos frescos y naturales.

En el marco del Plan los ministerios ya se encuentran trabajando en regulaciones sobre etiquetado y el establecimiento de estándares de calidad.

Estos temas nos atraviesan como ciudadanos, como consumidores. Argentina está en un problema y las cifras nos interpelan. Existen excelentes proyectos pero no han tenido el acompañamiento para concretarse.

Agradezco haber tenido la oportunidad de participar de un encuentro tan enriquecedor y me comprometo a seguir trabajando desde mi lugar para asegurar y defender el derecho a una alimentación saludable para todos y todas.

Tal y como lo propusimos el 8 de marzo, continuamos problematizando la relación entre las mujeres y el espacio público, esta vez a partir del Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 11 de Naciones Unidas.

Esta meta refiere a la posibilidad de lograr  que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.

Se estima que en 2030, un 60 por ciento de la población mundial vivirá probablemente en ciudades, un máximo histórico. Para las mujeres y las niñas, la vida en la ciudad puede suponer más ingresos, mejores trabajos y una mayor independencia. Sin embargo, muchas de nosotras tenemos dificultades para gozar de los mismos derechos en lo que respecta a disfrutar de los beneficios y las oportunidades que ofrecen los entornos urbanos.

Para territorializar estas problemáticas en la Ciudad de Buenos Aires, realizamos un mapeo de la Comuna 1 en donde identificamos problemas de luz, falta de presencia policial, ausencia de espacios verdes, veredas rotas, basura, zonas inseguras como paredones de más de 50mts de largo y recorridos incompatibles con las tareas de cuidado- que mayoritariamente realizamos las mujeres.

La inseguridad no debe solo abordarse desde una perspectiva de crimen.  La percepción de inseguridad y el miedo que experimentan las mujeres también deben ser tenidos en cuenta. Y son diferentes las políticas públicas en cada uno de estos sentidos.

Ser vistas, ser oídas, son algunos de los factores que necesitamos incluir en la planificación urbana. Tenemos que defender nuestro derecho al movimiento, a movernos libremente en la ciudad.

Seguimos diciendo “No te cuelgues” y los invitamos a ser parte de la solución.

Hace tiempo venimos planteando dar un debate sobre las implicancias de una reforma gremial y entendemos que esta reforma quedaría vacía de contenido si no somos capaces de lograr un debate en conjunto con afiliados y compañeros de los organismos a los que representamos.

Con estas actividades que comenzamos en Chubut buscamos hablar con los afiliados de distintas seccionales de APOC para ver qué están pensando en relación al sindicalismo en general y a nuestro propio gremio y la situación laboral.

Al mismo tiempo, debatimos sobre los desafíos ante las nuevas tecnologías y modalidades de trabajo. Una tecnología que es presente, se impone, por lo que tenemos que estar preparados y preparar a los trabajadores para los nuevos escenarios. Es muy valioso para nosotros como dirigentes sindicales y desde mi rol legislativo escuchar las inquietudes y preocupaciones de nuestros compañeros ante una eventual reforma laboral y cómo podrían impactar las nuevas tecnologías en el trabajo del control y fiscalización.

La equidad en términos de perspectiva de género constituyó otro de los ejes del encuentro. “Igual remuneración por igual tarea” fue una de las consignas más reivindicadas por los asistentes.

La jornada en Chubut inauguró de este modo un ciclo de actividades que pretende problematizar la relación tecnología y trabajo, así como abrir el diálogo sobre otros desafíos del sindicalismo, con perspectiva de género, a los fines de repensar algunas acciones y generar otras que tiendan a proponer un ambiente laboral y una sociedad más justa.

En primer lugar, quiero aclarar que viajé por compromisos gremiales de la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), acompañada por el Secretario General, Federico Recagno.

Las actividades gremiales se desarrollaron en el Tribunal de Cuentas de la provincia, Contaduría de Gobierno y Tribunales de Cuentas Municipales.

Es cierto que parte del equipo económico del Frente Renovador, entre ellos el Diputado Nacional Marco Lavagna, estuvo semanas atrás en Chubut reunido con funcionarios. El equipo viajó para ponerse a  disposición, porque desde nuestro espacio siempre estamos dispuestos a ayudar y colaborar con el gobierno de la provincia y de cualquier otra como  así como con funcionarios y dirigentes de todas las fuerzas.

Sin embargo, es importante recalcar que en esta oportunidad el Diputado Nacional Marco Lavagna no estuvo en la provincia. Asimismo, me veo en la obligación de aclarar-por la información erróneamente publicada- que no me reuní con funcionarios del gabinete provincial.

¿De qué se trata esta ley?

La Ley de Educación Nacional (LEN) Nº 26.206 establece que la educación y el conocimiento son un bien público, y un derecho personal y social garantizados por el Estado. Entre los fines y objetivos de la LEN están los referidos a brindar una formación integral, comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos y respeto a los derechos humanos.

La norma reconoce también el respeto por las diferencias entre las personas sin admitir discriminaciones de ningún tipo y garantiza en el ámbito educativo los derechos de los niños y adolescentes estatuidos por la Ley Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Teniendo en cuenta a la LEN como ley marco y en consideración del abordaje integral que requiere un modelo de educación de calidad e inclusivo, en octubre de 2013 se aprobó la Ley 26.892 de Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas. La normativa significó un avance en el reconocimiento y la regulación de problemáticas en crecimiento en las instituciones educativas, tales como los altos niveles de violencia, el acoso escolar y la ausencia de comunicación y articulación entre directivos, docentes, estudiantes, padres o tutores.

No obstante desde su sanción poco se conoce sobre los efectos y la efectiva implementación de la normativa, principalmente en lo que refiere a las tareas previstas de investigación, recopilación y difusión de información.

Para intervenir sobre la conflictividad social en el ámbito educativo es necesario contar con  información oficial, precisa y actualizada. La dispersión de fuentes de información y específicamente de un diagnóstico certero sobre la problemática, se traduce en esfuerzos públicos fragmentados y respuestas aisladas.

Es por ello que solicité el pedido de informe Nº 3005-D-2017.

Este año, recibimos la respuesta a través de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias. Compartimos la información a continuación:

“1. El funcionamiento y difusión de la línea telefónica “0800 Convivencia Escolar”.

Se informa que durante el presente año se implementó un nuevo circuito de atención de la línea con el objetivo de optimizar el funcionamiento e intervención de la línea y de las jurisdicciones habían avanzado en su implementación.

A partir del mes de agosto de 2017 las llamadas son recepcionadas por operadores dependientes del Ministerio de Educación de la Nación. Estos operadores realizan el registro y análisis de la llamada teniendo en cuenta los datos del interesado y los motivos. Se orienta al ciudadano y se lo deriva a la jurisdicción. Luego los referentes jurisdiccionales, que trabajan coordinadamente con el Ministerio de Educación, realizan un registro sobre cada una de las acciones realizadas en pos de la resolución de la situación demandada.

La Coordinación Nacional de Educación Inclusiva realiza mensualmente una evaluación cuantitativa, acerca de la cantidad de llamadas, motivos, interlocutores y acciones realizadas por las jurisdicciones.

El martes 24 del mes de octubre se realizó una videoconferencia con los referentes jurisdiccionales para evaluar y fortalecer la implementación de este nuevo circuito.

Durante el período de agosto a septiembre se han recepcionado en la línea 445 situaciones.

Se informa que se ha difundido la línea a través de los canales de comunicación del Ministerio de Educación de la Nación (EDUCAR, redes sociales institucionales, entre otros), así como también en la campaña de concientización elaborada por la Presidencia de la Nación, sobre la temática de Cyber acoso, realizada en el mes de septiembre del corriente año.

2. Las tareas de investigación y la recopilación de experiencias indicadas en el artículo 9º de la Ley 26.892

Se informa que durante el mes de agosto se ha enviado a las jurisdicciones una solicitud de relevamiento sobre la temática, el estado de avance de implementación de las normativas vigentes, los principales obstáculos y/o problemáticas en los diferentes niveles de enseñanza, así como las acciones desarrolladas a nivel jurisdiccional. Nos encontramos en proceso de devolución por parte de los referentes para la unificación de datos y su análisis con el fin de elaborar informe correspondiente.

Asimismo, se elabora un informe sobre la línea gratuita 0800-222-1197 (Convivencia Escolar) para completar el informe de situación de la temática a nivel de las jurisdicciones y a nivel nacional.

3. La presentación, publicación y difusión de los informes bienales indicados en el artículo 10 de la Ley 26.892.

Se encuentra en proceso de elaboración y será comunicado oportunamente.”

Una vez más, las respuestas no nos satisfacen.  Poco se ha hecho desde la sanción de esta iniciativa. Pero insistiremos en el control y el seguimiento de esta iniciativa que entendemos fundamental en la consecución de una convivencia escolar pacífica.