En el documento que adjunto encontrarán los principales  proyectos presentados, el trabajo en comisiones y en sesiones, seminarios, foros y la participación en Parlamentarios para la Acción Global, entre otros.

Rendición de cuentas 2019

Aquí les comparto la nota oportunamente publicada, a propósito de la visita de nuestros colegas franceses:

https://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2018/09/20/visita-de-parlamentarios-franceses/

En esta oportunidad la delegación argentina estuvo conformada por :

• Daniel Filmus

FPV-PJ

• Mayda Cresto

Justicialista

• José Luis Ramón

Bloque Protectora

• Vanesa Massetani

Frente Renovador

• Juan de Dios Cincunegui

Director General de Diplomacia Parlamentaria, Cooperación Internacional y Culto.

La visita contó con tres etapas:

• Intercambio bilateral con los parlamentarios franceses.
• Actividades con instituciones públicas y privadas y la comunidad argentina en Francia.
• Intercambio multilateral en la Red Parlamentaria Global de OCDE

Comparto el informe del viaje:

Francia OCDE

Un resumen de los proyectos presentados, trabajo en comisiones, participaciones en foros y congresos y la organización de jornadas y seminarios, entre otros.

Rendición de cuentas 2018

La visita de los legisladores franceses, que incluyó actividades en Entre Ríos y Mendoza, funcionó como espacio de intercambio y debate. Fue, también, una  oportunidad para establecer agendas de trabajo y compromisos en conjunto. Economía, ambiente, trabajo, educación y cultura, fueron alguno de los temas que nos encontraron planteando objetivos comunes.

Al igual que en Argentina, el desempleo es también  una preocupación en Francia.  Actualmente, el índice de desempleo de ese país está en 10.5 % y no se esperan bajas sustanciales en este período dada el bajo nivel de crecimiento del PBI.

Al respecto, los representantes franceses comentaron sobre la implementación de “estrategias de flexibilización segura” con el objetivo de mejorar la competitividad de sus empresas sin desproteger los trabajadores.

Como representante sindical, compartí mis preocupaciones al respecto. Las políticas públicas en relación al empleo deben tener como horizonte al trabajo como derecho. Esto implica necesariamente la participación de los sindicatos, que en el caso de Francia solo alcanza el 8% de la representación de los trabajadores.

En Argentina el rol de los sindicatos es un debate pendiente. Tenemos que atrevernos a pensar una reforma sindical. Los sindicalistas y los dirigentes políticos somos los que menos credibilidad pública tenemos frente a nuestros ciudadanos.

La incorporación de Argentina a la OCDE fue otro de los ejes del intercambio. Francia fue el primer país en apoyar la candidatura argentina y es fundamental su respaldo ahora que nos encontramos en la etapa final de la postulación.

En la misma línea, conversamos sobre la relación entre el MERCOSUR y la Unión Europea. Como parlamentarios argentinos destacamos que esta alianza debe pensarse en igualdad de condiciones, lo que implica considerar a la Argentina no solo como productor de materia prima sino como desarrollador de ciencia y tecnología.

La visita terminó, pero las conversaciones continúan abiertas. Esperamos poder seguir trabajando junto con la Cancillería, la Embajada de Francia, la Dirección de Relaciones Internacionales de la Honorable Cámara de Diputados, y  el Grupo Parlamentario de Amistad en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre Francia y Argentina.

En 2018 los subsidios fueron otorgados al Centro de Actividades Educativas Camino (CAEC) y a la Fundación Carasucias.

Caec es “un Centro de Actividades Educativas para chicos y jóvenes con Discapacidad mental. Nuestro fin último es fomentar la integración social, interacción e Inclusión de los chicos con discapacidad más allá de su diagnóstico “La persona antes que el paciente”. (http://www.caec-online.com.ar/#nosotros)

La Fundación Los Carasucias  fue creada por Mónica Carranza hace más de 24 años. El equipo de Los Carasucias asiste a niñas, niños y adolescentes, ofreciéndoles un espacio de contención.

Ley Justina:
El proyecto fue trabajado en conjunto con el INCUCAI y su nombre en honor a Justina Lo Cane, la niña de 12 años que falleció el año pasado mientras esperaba un corazón para ser trasplantada.

Algunos de los puntos más destacados de la ley son:

• Dispone que todos los mayores de 18 años sean donantes, excepto los que manifiesten lo contrario.
• Los hospitales deben crear servicios para garantizar cada una de las etapas del proceso de donación.
• Capacitación permanente a los recursos humanos afectados en procesos de donación y trasplante.
• Simplificación de procesos que requieren intervención judicial.
• Prioridad en traslados de pacientes con operativos en curso.

Ley Brisa

La aprobación de esta ley se la debíamos a las víctimas y también a los niños, niñas y adolescentes que padecieron la violencia de género, tenemos que garantizar sus derechos.
También se trata de un proyecto que se trabajó en conjunto con la sociedad civil, en esta oportunidad con “La Casa del Encuentro”.
Esta iniciativa es un ejemplo de que las soluciones tienen que venir de la mano de políticas públicas integrales, que en este caso implican no solo la reparación económica, sino también el acceso a una cobertura integral de salud que contemple todas las necesidades de los niños, niñas y adolescentes.
La reparación económica debe ser abonada por el Estado Nacional mensualmente, por un valor equivalente a un haber jubilatorio mínimo y no es incompatible con asignaciones familiares.
La sanción de esta ley es un paso muy importante, sin embargo, sabemos que a pesar de los programas y leyes que sancionamos todavía queda mucho camino por recorrer en la lucha por erradicar la violencia de género.

Urbanización de Barrios Populares

Este proyecto que obtuvo la media sanción dispone la expropiación de las tierras donde se levantan 4.228 barrios populares en todo el país, identificados en el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP). El el objetivo de este proyecto es poder darles el título de propiedad a sus habitantes y que puedan acceder a los servicios básicos.
La Agencia de Administración de Bienes del Estado será la expropiante que trabajará con el Ministerio de Desarrollo Social para lograr acuerdos con las provincias, los municipios y la Ciudad de Buenos Aires, para transferir los bienes inmuebles que estén bajo su titularidad.
Esta media sanción cuenta con la incorporación de la Auditoría General de la Nación para realizar las auditorías pertinentes, asegurando el bueno uso de los fondos públicos. Donde hay dinero del Estado, donde hay fondos públicos, debe haber control gubernamental.

A partir del 10 de abril comenzaron en la Honorable Cámara de Diputados (HCDN) las reuniones plenarias convocadas para debatir la temática.

Se realizaron 15 plenarios de comisiones durante las que expusieron más de 730 personas.

Comparto aquí un resumen con las exposiciones :

Primera Semana de debate

Segunda semana de debate

Tercera Semana de Debate

Cuarta Semana de Debate

Quinta semana de Debate

Sexta Semana de Debate

Séptima Semana de Debate

Octava Semana de Debate

Crónica CSW62

Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia

Durante el 2017 mantuvimos ocho reuniones de diputados y en otras cinco oportunidades las citaciones fueron suspendidas.

Los temas principales que trabajamos este año fueron:

-Quita de Responsabilidad Parental

Este proyecto de ley lo trabajamos en la Comisión durante 2016, en el reciento le incorporamos algunos cambios  y en mayo la Cámara de Senadores  sancionó la ley.

Los cambios que propusimos y que fueron aceptados en el Senado es que se quita la responsabilidad parental a cualquiera de los progenitores cuando sea condenado por el asesinato de su cónyuge. Además del homicidio agravado por el vínculo, lesiones contra la madre o los hijos y el abuso sexual infantil.

También se contemplan los delitos descriptos cuando se configuren en forma de tentativa.

Lo que buscamos con esta ley es garantizar que los niños, niñas y adolescentes vivan en un ambiente libre de violencia y que no convivan con los autores o cómplices de la muerte de su progenitor/a.

-Grooming:

El proyecto para designar el Día Nacional del Grooming, que había sido dictaminado durante el 2016 este año fue llevado al pleno y por votación unánime obtuvo media sanción. Resta que lo trate el Senado para que se convierta en ley.

Aspiramos a extender y fortalecer los debates, con el ánimo de construir un entorno más seguro en Internet y proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Tener un Día “Nacional de  la Lucha contra el Grooming” será un paso importante para seguir difundiendo  y reflexionando sobre esta problemática.

-Acoso Callejero:

Dictaminamos y obtuvo media sanción en la cámara de diputados el “acoso callejero”. A partir de una modificación al artículo 9 de la Ley Nacional 26.485  de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres” serán penadas las ofensas “verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia”, puntualmente “en espacios públicos o de acceso público, transportes y centros comerciales”.

El proyecto también prevé la implementación de una línea telefónica gratuita para contención, asesoramiento y asistencia a las mujeres víctimas de acoso callejero.

Define al acoso callejero como la “Violencia contra las mujeres en el espacio público: aquella ejercida contra las mujeres por una o más personas, en lugares públicos o de acceso público, como medios de transporte o centros comerciales, a través de conductas o expresiones verbales o no verbales, con connotación sexual, que afecten o dañen su dignidad, integridad, libertad, libre circulación o permanencia y/o generen un ambiente hostil u ofensivo” y lo incorpora como un inciso al artículo 6 de la ley.

-Paridad:

El año pasado discutimos paridad en el marco de la Reforma Política, pero como el Senado no lo trató quedó a medio camino.

Por eso, desde todos los espacios políticos,  decidimos avanzar en el proyecto que venía con media sanción de la Cámara Alta y que únicamente hablaba de la paridad en las listas electorales.

En reunión conjunta con las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales dictaminamos el proyecto y fue sancionado en la sesión del 22 de noviembre, ya en la madrugada del 23.

Aquí la nota de opinión que me publicaron en Infobae sobre el tema:

https://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2017/11/27/no-queremos-mas-queremos-lo-mismo/

Si bien los temas que tratamos este año fueron muy importantes, otros, a pesar de contar con el apoyo de varios bloques, no lograron dictamen. Entre esos temas quisiera destacar dos:

Ley Brisa

Esta ley, que cuenta con media sanción del Senado, prevé la reparación económica a niños, niñas y adolescentes cuyas madres hayan sido víctimas de femicidios.

Hubo varios intentos de reunión conjunta con la comisión de Presupuesto y Hacienda, pero todas las citaciones fueron canceladas sin poder llevarse a cabo la reunión.

Este proyecto cuenta con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil.

Ley Micaela

En mayo se presentó un proyecto para que la capacitación de género sea obligatoria para los funcionarios.

El proyecto enseguida contó con el apoyo de todos los bloques, inclusive aceptaron la incorporación que propuse para que los sindicatos formen parte de la implementación de las capacitaciones.

Lamentablemente no llegamos a dictaminar el proyecto, pero seguiremos trabajando para que el año próximo sea uno de los primeros temas a tratar.

LEGISLACIÓN GENERAL

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS:

Este tema estuvo en tratamiento desde el inicio del ciclo legislativo, e introdujo una cuestión internacionalmente reclamada por la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE): la posibilidad de atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas responsables de la comisión de delitos.

El 5 de julio se votó la media sanción, en la cual logramos introducir algunas de nuestras propuestas, tales como la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción; el alcance de la normativa a todos los delitos contemplados por el Código Penal y la quita del tan controvertido artículo 37, por el que se pretendió otorgar a las empresas la posibilidad de acogerse voluntariamente a un acuerdo administrativo de colaboración que les permitía sanear aquellos ilícitos cometidos con anterioridad a la sanción de la ley; y que curiosamente habían puesto bajo la exclusiva órbita de la Procuración del Tesoro de la Nación, atribuyéndole así al Poder Ejecutivo, facultades inherentes del Poder Judicial.

El 27 de septiembre el Senado nos devolvió el proyecto con modificaciones que incluían la eliminación del carácter de imprescriptible que habíamos logrado darle a los delitos de corrupción, y en su reemplazo estableció una prescripción de solo seis años para la acción penal. Por otra parte, la versión de la Cámara Alta también delimitó el alcance de la norma en solo cinco delitos, cuestión que, conjuntamente con el resto del articulado fue nuevamente sometida a consideración, y el texto pudo ser finalmente consensuado y aprobado el 8 de noviembre, bajo la plena conciencia de que la sanción de esta ley representa un importante avance en materia de lucha contra la corrupción. De todas maneras, seguiremos trabajando para que en un futuro se puedan incorporar nuestras sugerencias.

SOCIEDADES DE INTERES Y BENEFICIO COLECTIVO (IBC)

Este tema, ingresado bajo el Expte. N° 0034-PE-2016 nos fue presentado en abril, a partir de la concurrencia de sus creadores a una de las reuniones de asesores. Se trata de las “Empresas de Triple Impacto”, centran su objetivo en la innovación y la sustentabilidad, en el impacto positivo social y ambiental, sin por ello dejar de lado la búsqueda del beneficio económico para sus socios. Este proyecto, visto con buenos ojos desde el comienzo por perseguir la adopción de esta modalidad empresarial -ya sea desde la creación misma de la empresa o bien su transformación posterior,  y que es respaldado por un importante número de empresas de renombre- fue dictaminado en Comisión el día 13 de junio, y posteriormente pasado a Recinto, donde se convirtió en ley.

OBRA PÚBLICA:

Se encuentra en tratamiento desde principios de año. Por tratarse de un tema que involucra una porción importante de nuestro PBI es que amerita un tratamiento ordenado y cauteloso. Son ocho los proyectos analizados y discutidos a lo largo de este año y se sumarán dos más en 2018, a este debate que implica la modificación de la Ley Nacional de Obra Pública N° 13064. La transparencia es fundamental en la obra pública y, como tal, debe ser puesta bajo la lupa y sometida a una rigurosidad mayúscula en todas las etapas del proceso. Avanzamos sobre el tema, escuchamos a especialistas de los distintos sectores involucrados, y diputados autores de los distintos trabajos presentados; analizamos diferentes propuestas con diferentes enfoques, para tomar de todas lo mejor. Pretendemos un mayor y mejor control sobre la obra pública y un esquema sancionatorio específico para los casos de incumplimiento, por lo que ese será sin duda el eje sobre el que seguiremos analizando el tema el próximo año.

REGISTRO DE NIÑOS,  NIÑAS Y ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE ADOPTABILIDAD:

Este proyecto, registrado bajo el N° 2527-D-2016 se trató en reuniones plenarias, junto con las Comisiones de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia y de Presupuesto y Hacienda, los días 10 de mayo y 4 de julio, fecha en la que llevó a la reunión una propuesta de dictamen, el cual fue acompañado. Consideramos positiva esta creación, toda vez que brinda certidumbre y claridad a este tema al formalizar un registro permanente, dinámico y en constante actualización de los datos aportados por los organismos administrativos y judiciales respecto de niñas, niños y adolescentes en situación de adoptabilidad; sin  descuidar por ello la debida confidencialidad de su información, para cuya falta de recaudo también prevé sanciones.

LOCACIONES URBANAS:

Si hay un tema que reviste un alto grado de controversia dentro nuestra actualidad social, es sin duda el de las locaciones urbanas. Fueron diez los proyectos que en el mes de mayo se enviaron a asesores para su tratamiento, entre los que se encuentra el 17-S-2016, proveniente del Senado con una media sanción obtenida el 23/11/2016.

Hubo numerosas reuniones informativas en las que se oyó tanto a representantes del sector inmobiliario como a quienes concurrieron en representación de la Cámara de inquilinos; como así también reuniones de asesores y Diputados que transcurrieron paralelamente a otros temas a lo largo de este año. A fines de noviembre acompañamos el Dictamen que tuvo en consideración el proyecto mencionado, más el N° 2194-D-2017; y sobre el cual logramos que fueran incorporadas diversas modificaciones propuestas, como por ejemplo, la clarificación del concepto de “expensa extraordinaria” del artículo 5°; la fijación de un plazo de sesenta días para efectivizar la devolución del depósito al inquilino; la fijación de un plazo de sesenta días de preaviso para la renovación del contrato; cuestión que será llevada al Recinto para modificar el que figura en el dictamen, que es de treinta.

Plenamente conscientes de la existencia de los derechos que asisten a ambas partes, continuamos con el tratamiento en miras a la obtención de un resultado ecuánime que permita armonizar entre los intereses de todos.

GESTION DE INTERESES:

Este proyecto, enviado por el Poder Ejecutivo y conocido públicamente como “Ley de Lobby”, está siendo analizado de manera conjunta con la Comisión de Asuntos Constitucionales desde mediados de año, y aún se encuentra en etapa de tratamiento. Guarda estrecha vinculación con la ley 25188 de Ética Pública, por cuanto regula cualquier audiencia mantenida entre funcionarios públicos y quienes pretendan influir sobre la toma de decisiones a favor de un interés propio o ajeno; aspecto en el que amplía los efectos del Decreto Nº 1172/03 de Acceso a la Información Pública, que alcanzaba únicamente al Poder Ejecutivo, para obligar a todos los agentes de cualquiera de los tres Poderes y a los del Ministerio Público, a llevar un registro detallado de las audiencias mantenidas. Incluye procesos como el curso y resolución de expedientes administrativos; y excluye otros como las entrevistas laborales o de asesoramiento. Lo analizado hasta el momento fue sustentado en reuniones informativas; y nuestro propósito es aportar una mayor precisión conceptual, borrando los grises en la redacción, que puedan empañar la transparencia interpretativa que siempre debemos anteponer en nuestra labor.

Educación

Durante 2017, la Comisión de Educación reunió a sus diputados únicamente dos oportunidades.En comparación al 2016, la diferencia es significativa: en ese año la Comisión se congregó en 24 oportunidades. No obstante, el accionar de la Comisión en este período no dista del funcionamiento de la mayoría de las comisiones en años electivos.

Entre los proyectos que obtuvieron dictamen en la Comisión de Educación se destaca la creación de un Programa de Estímulo a la Formación de Ingenieros –PEFI-, un subsidio económico para acompañar y fomentar el estudio de Ingeniería como herramienta de desarrollo productivo nacional.

A su vez, en relación al Centenario de la Reforma Universitaria se declaró al 2018 como “Año del Centenario de la Reforma Universitaria”, se dispuso la construcción de un Monumento Nacional de la Reforma Universitaria de 1918 y se instituyó al 11 de abril como “Día Nacional del Movimiento Universitario” en conmemoración a la fundación de la Federación Universitaria Argentina.

Por otro lado, acompañamos la modificación del artículo 15 de la Ley de Pasantías Educativas, 26.427, aumentando el piso mínimo de la asignación estímulo.

En relación a los proyectos aprobados en el período pasado, cabe destacar que la media sanción de diputados sobre la obligatoriedad de sala de 3 años todavía aguarda su tratamiento en la Cámara Alta.

Otro de los elementos que caracterizó al 2017 fue la elevación de numerosos pedidos de informes dirigidos al Ministerio de Educación de la Nación en relación a denuncias por desfinanciamiento de programas nacionales, entre los que se destaca el Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (PROGRESAR) desarrollado desde 2014, consistente en el apoyo a jóvenes entre los 18 y 24 años mediante una prestación económica universal por mes, para la finalización de estudios obligatorio, el comienzo o la continuidad del estudio de un oficio, una carrera universitaria o terciaria, en cualquier establecimiento educativo público del país.

En relación a este programa, presenté un proyecto para otorgarle fuerza de Ley a los Decretos de Necesidad y Urgencia N° 84/2014 y 505/2015 que le dieron origen.

LIBERTAD DE EXPRESION

 Esta comisión se reunió en pocas oportunidades a lo largo del año, pero en las oportunidades que nos reunimos recibimos a invitados y  periodistas que se acercaron para expresar su situación laboral.

De hecho, con la diputada Moreau y el diputado Raffo presentamos un pedido de informe al Poder Ejecutivo ante los hechos públicamente denunciados por los trabajadores respecto a desvinculaciones de las funciones laborales en los canales Canal Encuentro, Paka Paka y DeporTV, dependientes de la Educar S.E.

Por mi trabajo, mi formación y mi trayectoria sindical, estoy convencida de que la Democracia necesita de instituciones permeables y accesibles al ciudadano. También de funcionarios que rindan cuentas de sus gestiones de gobierno y de organismos de control fortalecidos institucionalmente.

A dos años de mi gestión, comparto mi rendición de cuentas.

Rendición-de-Cuentas-2015-2017

El año pasado pasado presentamos el primer Informe 2016 de la CPMRC. Este año también compartimos la versión semestral de la investigación encarada este año.

A continuación podrán encontrar el análisis completo de 2017:

Saber de qué se trata II

Los proyectos del Régimen de Desarrollo de la Marina Mercante y la integración fluvial regional y el Régimen de Promoción de la Industria Naval argentina volverán al Senado por las modificaciones que realizamos.
Ambos proyectos fueron muy trabajados por los diputados y diputadas de nuestro bloque que durante meses trabajaron con representantes de los sindicatos para que estas leyes sean una realidad.

Mi compañera, la diputada Marcela Passo expresó su emoción al concretar “el primer paso en la conquista de beneficios para este sector”.A lo que apuntamos con estas propuestas es a crear una marina mercante de bandera nacional y rehabilitar la industria naval lo que permita generar nuevas fuentes de empleo.

Por otro lado, con 136 votos afirmativos contra 65 negativos, se dio media sanción al proyecto de ley de Financiamiento Productivo, que busca reformar la ley de mercado de capitales.
Por pedido nuestro y de otros bloques opositores se realizaron cambios al proyecto original. De hecho, desde el bloque incorporamos, entre otros puntos como el título III, la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera que deberá-como dice el artículo 214- “contemplar de manera explícita los avances y antecedentes nacionales en términos de inclusión financiera, una adecuada justificación que brinde razón de ser a la Estrategia, los sujetos abarcados por la misma, los compromisos y plazos asumidos por los distintos actores, la metodología de trabajo y el plan de acción a ejecutar”.
En ese mismo artículo incluimos que “la redacción y formulación de la Estrategia deberá también contemplar indefectiblemente la incorporación de programas de educación financiera mandatorios en las escuelas secundarias; esquemas y mecanismos de protección al consumidor, y la perspectiva de género en sus objetivos específicos e
indicadores”.
¿Por qué es importante incluir la perspectiva de género? Porque al igual que en otros ámbitos de la vida las mujeres corren con desventajas en el acceso y uso de los productos financieros y debemos trabajar para revertir esa situación.

Asimismo, aprobamos por amplia mayoría el régimen de compre nacional cuyo texto original fue presentado por el Poder Ejecutivo y modificado por los distintos espacios de la oposición. El objetivo de este proyecto es “establecer una serie de acciones en favor de la industria nacional en el marco de las compras y contrataciones del Estado”.

Por otra parte, con la aprobación del “mapa federal de pymes” buscamos tener datos para aportar a la realización de políticas públicas para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país, uno de los motores principales de la economía de nuestro país.

Uno de los puntos clave de la sesión fue la sanción al proyecto de paridad, que ya contaba con media sanción del Senado y que desde el año pasado trabajamos diputadas y diputados de varios bloques políticos. Aquí encontrarán más información sobre el tema:
https://www.carlapitiot.com.ar/index.php/2017/11/27/no-queremos-mas-queremos-lo-mismo/

En el marco del encuentro, participé del panel de “Control y Participación Ciudadana” acompañada por Fabián Foresteri, Director de Relaciones Institucionales de la Contraloría General de la República de Paraguay, Claudia Regina Silva, Presidenta y gerenta de transparencia y combate a la corrupción del Observatorio Social de Palmas y la Controladuría General del Estado de Tocantins y Cristian Módolo, gerente de coordinación de la Auditoría General de la Nación (AGN).

Es mucho lo que la comunidad del control puede aportar en la construcción de verdaderos Estados abiertos. En esta línea, Módolo comentó los avances del organismo en relación a los compromisos adoptados con la Alianza para el Gobierno Abierto referidos a la institucionalización de  la participación de la Sociedad Civil en el organismo. Desde este año, las organizaciones no solo pueden aportar al Plan Anual Operativo de la Auditoría, también pueden participar de las instancias de control.

A su vez, Foresteri consideró que “la democracia exige que el control y la rendición de cuentas sea permanente, no solo en elecciones. Ahí entramos los organismos de control”.

Por su parte, la representante de Brasil explicó que “muchas veces las acciones de la sociedad civil pueden resultar más eficientes en el sorteo de estructuras institucionales que en ocasiones pueden depender de voluntades políticas reticentes al verdadero control, transparencia y rendición de cuentas”.

Desde mi lugar actual, como diputada nacional e integrante de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas (CPMRC), aporté lo que considero son los desafíos de esta comisión.

La CPMRC es bicameral y permanente. Sus atribuciones son muy importantes: tiene a su cargo la aprobación del plan anual de control externo de la AGN, el análisis del proyecto de presupuesto anual del mismo organismo, así como también la aprobación o rechazo la cuenta de inversión. En otras palabras, la CPMRC, debiera articular la producción técnica realizada por la AGN con el Congreso Nacional.

Hoy esa articulación es poco dinámica.  Los mecanismos de vinculación no establecen plazos para el tratamiento de los expedientes y tanto sus informes como las versiones taquigráficas de nuestros encuentros, no son públicos y mucho menos accesibles.

Al mismo tiempo, no les podemos pedir a los ciudadanos lo que los funcionarios no hacen. Muchos representantes todavía no conocen las atribuciones de nuestros organismos de control, y mucho menos del impacto de sus informes. Advertencias que al no ser escuchadas no solo significan perjuicios económicos para la administración pública, sino que también se cobran vidas humanas.

Si estamos de acuerdo en la importancia que revisten los informes de AGN y que muchos de los temas que son objeto de control impactan directa o indirectamente en la vida de todos nosotros entonces tenemos que acercar dichos trabajos al conjunto de los involucrados (ciudadanos, sindicatos, OSC, funcionarios, legisladores, medios de comunicación).

Y cuando digo “acercar”, lo pienso al menos desde tres planos.

En primer lugar, un plano temporal: el tiempo de tratamiento de los informes debe ser lo más cercano posible al período auditado. Esto no significa vulnerar el principio del control externo ex post sino acortar aquellos plazos que suman tiempos innecesarios al proceso de aprobación y posterior gestión de los informes.

En segundo lugar, un plano espacial: presentar los resultados de los informes a los actores relevantes en el marco de la auditoría desarrollada. Según la temática analizada por el control público irá variando el universo de interesados pero seguro están las comisiones pertinentes del Congreso Nacional, los propios organismos auditados puestos en diálogo con los auditores, organizaciones de la sociedad civil relevantes en el asunto, medios de comunicación.

En tercer lugar, un plano material: la mera publicación de los informes de auditoría nada nos dice acerca de la accesibilidad real de los mismos. De cuán entendibles son estos trabajos. AGN se ha encaminado a dar respuesta a esta problemática a partir de un trabajo de capacitación para elaborar informes más cortos y con lenguaje más llano y antes desde APOC se ha tomado la iniciativa a partir de la creación de El Auditor.info

Para superar tal estado de cosas es necesario tomar riesgos. Poner la luz sobre áreas y procedimientos que hoy son desconocidos para los no entendidos.

Necesitamos avanzar en la sensibilización acerca del rol del control con OSC y funcionarios de los tres poderes del Estado y jerarquizar el tratamiento de la Cuenta de inversión, cuya importancia como balance de las cuentas del Estado no ocupa la misma atención y tiempo de trabajo que el análisis del presupuesto, entre otros desafíos.

El control es garantía contra el abuso de poder y la mejor manera de prevenir y luchar contra la corrupción. Trabajemos para que la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas despliegue todo su potencial y pueda funcionar como herramienta en la construcción Estados más abiertos.

Informe Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas año 2016

Informe Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas primer semestre 2017

En cuanto a la prórroga de ley de tierras, la AGN oportuna y reiteradamente realizó sugerencias para dar soluciones definitivas a la problemática.
A su vez es necesario cumplir con el convenio 169 de la OIT que obliga a implementar consulta previa a pueblos indígenas y reconoce su propiedad comunitaria.

Respecto a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, proyecto que volvió a la Cámara de Diputados con modificaciones realizadas en el Senado, decidimos acompañarla no solo por tratarse de una demanda de la OCDE y del ámbito internacional en general, sino porque también es y debe ser nuestra demanda.

No obstante y así lo planteamos en recinto, el texto aprobado omite cuestiones que, a nuestro entender, son medulares para que la lucha contra la corrupción sea eficaz y genuina.
En este orden de ideas, consideramos que en esta ley, tan esperada por todos, no debería faltar:
● Un mayor nivel de detalle en torno a la responsabilidad de los actores involucrados en el hecho ilícito. En este punto el Senado convirtió a la amplia lista taxativa de actores recibida, en una magra mención de un tercero carente de atribuciones, e incluso con la condición de que la propia Persona jurídica reconociera su gestión.
● Una gama amplia de delitos a los que poder endilgarles la responsabilidad penal empresarial, ya que el Senado la redujo a 5, descartando propuestas muy valiosas como lo es la consideración de agravante al daño ambiental, a sabiendas de que este tipo de delitos son, en su gran mayoría, irreversibles.
● La prescripción de seis años aprobada es exigua con relación a la iniciativa propuesta de darle carácter de imprescriptible a los delitos de corrupción.
● Falta de precisión al momento de establecer la multa “de 2 a 5 veces el beneficio obtenido indebidamente”, ya que el Senado no previó aquellos casos en los que el monto no pueda ser cuantificado de manera precisa, mientras que el proyecto que recibieron sí lo contemplaba.
● Un punto preocupante  es el que introduce una excepción subjetiva y discrecional a la sanción de disolución o liquidación de aquellas Personas jurídicas que hayan sido creadas exclusivamente para delinquir. Esta eximición agregada por el Senado, resulta muy distante de la idea de transparencia que se persigue, ya que podrá ser aplicada “cuando fuere indispensable mantener la continuidad operativa de la entidad, o de una obra, o de un servicio en particular…” Se deja librado a criterio judicial el alcance del término “indispensable”.

Desde el año 2016 me desempeño como Secretaria de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas (CPMRC), una comisión bicameral que, entre sus funciones principales, analiza los informes que elabora y aprueba la Auditoría General de la Nación (AGN) para, en una segunda instancia, someterlos al tratamiento del pleno de ambas Cámaras. Además, la CPMRC dictamina sobre la Cuenta de Inversión, aprueba el plan anual de control externo de la AGN, analiza el presupuesto del mismo organismo.

Con el objetivo de acercar el control público a la ciudadanía, me propuse analizar el funcionamiento esta Comisión para compartir públicamente datos relevantes sobre su dinámica parlamentaria, de cara a fortalecer la publicidad de la CPMRC y contribuir, de esta forma, a la transparencia legislativa. Así fue que presentamos el primer informe 2016 de la CPMRC. En esta oportunidad, compartimos la versión semestral de la investigación encarada este año.

Informe Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas primer semestre 2017

Este año los subsidios fueron otorgados a los siguientes:  Centro de Actividades Educativas Camino (CAEC) y a la Fundación Carasucias.

Caec es “un Centro de Actividades Educativas para chicos y jóvenes con Discapacidad mental. Nuestro fin último es fomentar la integración social, interacción e Inclusión de los chicos con discapacidad más allá de su diagnóstico “La persona antes que el paciente”. (http://www.caec-online.com.ar/#nosotros)

La Fundación Los Carasucias  fue creada por Mónica Carranza hace más de 24 años. El equipo de Los Carasucias asiste a niñas, niños y adolescentes, ofreciéndoles un espacio de contención.