Control público y participación ciudadana

Control público y participación ciudadana

Durante los días 21 y 22 de noviembre, tuvo lugar por primera vez en nuestro país el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza cuenta actualmente con 18 países de América comprometidos en impulsar y fomentar gobiernos más abiertos mediante la promoción de políticas transparentes y participativas, la co-creación de nuevos compromisos de apertura gubernamental, y la rendición de cuentas sobre la gestión pública.

En el marco del encuentro, participé del panel de “Control y Participación Ciudadana” acompañada por Fabián Foresteri, Director de Relaciones Institucionales de la Contraloría General de la República de Paraguay, Claudia Regina Silva, Presidenta y gerenta de transparencia y combate a la corrupción del Observatorio Social de Palmas y la Controladuría General del Estado de Tocantins y Cristian Módolo, gerente de coordinación de la Auditoría General de la Nación (AGN).

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Por un Congreso sin privilegios.

Hace apenas unos meses nos reunía en el recinto de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación una tarea: evaluar la permanencia en ese cuerpo de uno de sus integrantes a raíz de una multiplicidad de conductas irregulares en su ejercicio de la función pública. Discutimos una sanción de tipo política en un cuerpo político y representativo, en donde lo que estaba en juego es la defensa de la legitimidad de esta casa.

 

El resultado de aquella sesión es conocido por todos y todas, y de alguna forma razón por la que este encuentro tuvo que repetirse, convocados esta vez expresamente por la justicia.

 

De ese tiempo a esta parte, no nos mantuvimos expectantes. Este caso nos requirió la precisión y el análisis de nuestra normativa vigente en la materia. Recibimos en la Comisión de Asuntos Constitucionales a prestigiosos abogados constitucionalistas para escuchar su opinión sobre los proyectos presentados en relación a las inmunidades legislativas.

 

En este sentido, tanto los abogados como los integrantes de la comisión estuvimos de acuerdo en la necesidad de precisar la denominada “Ley de fueros” 25.320 con una mirada a mediano y largo plazo, despegándonos de la bochornosa coyuntura.

 

En la misma línea, se destacó la importancia de establecer y clarificar reglas de debido proceso como así también precisar los reglamentos de ambas cámaras. Cabe señalar que durante el análisis del caso De Vido, fuimos los representantes del frente 1país quienes abogamos para el establecimiento de un mínimo proceso garantizando así, entre otras cuestiones, el derecho a la legítima defensa.

 

Los tiempos electorales detuvieron este ejercicio a medio camino. Tarea a la cual deberemos abocarnos con urgencia. Pero el análisis del caso también sirvió para echar luz a un olvido recurrente que en cada sesión siento el deber de recordar: la importancia de nuestro Sistema de Control Público Nacional.

 

Por las causas que hoy la justicia solicita el desafuero de Julio De Vido, los principales organismos de control público de nuestro sistema han sido claves.

En el caso que investiga el supuesto desvío de fondos que debían destinarse al mantenimiento y la modernización del Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) y a las obras para un tren turístico en la zona, los informes de la Sindicatura General de la Nación, órgano de control interno del Poder Ejecutivo, aparecen citados como pruebas.

Entre algunos de los elementos que la Sindicatura menciona en sus auditorías figuran: falta de informes técnicos que respalden los montos presupuestados por la Facultad Regional a Yacimientos Carboníferos (FRYC); alto nivel de discrecionalidad en la elección de los proveedores; el fraccionamiento de los convenios para que no superen los montos que exige la normativa y deba aprobarlo el Consejo Superior y el Ministerio de Planificación; el presunto sobreprecio de la obra de $121.635.707,36 a junio de 2016; falta de planificación y la existencia de condiciones inseguras para el personal -de riesgo grave e inminente.

En la misma línea, la SIGEN observó que en casi la totalidad de los casos los Convenios Específicos asociados a cada etapa fueron cele por sumas que superan lo presupuestado, entre otros elementos.

A su vez, dos informes ambientales de la Auditoría General de la Nación (Res 99/2008  y 132/2014), alertaron sobre la falta de documentación y la ausencia de organización como así también en observación de la gestión del periodo 2004-2006 (Res 39/2009) la AGN sostuvo que “el Ministerio Planificación Federal no cuenta con una planificación estratégica” para las obras públicas que deben realizarse a mediano y largo plazo en el territorio nacional y observó que “la Secretaría de Obras Públicas no tiene criterios para desarrollar un plan estratégico que refleje las necesidades ciertas de la población”.

Por otro lado, en lo que respecta al presunto pago de comisiones y sobreprecios para proveer Gas Natural Licuado (GNL) la resolución 315/2010 de la AGN figura como evidencia concluyendo expresamente en lo referido a las compras de combustible realizadas por ENARSA  que “los precios de gas oil incluyen un valor de premio que excede los valores razonables de flete y seguro; compras de dicho producto a YPF S.A por encima de los valores precio de mercado, aun cuando ENARSA solicitó una mejora en la oferta; compras de GNL donde no se establece un precio fórmula, con la identificación del marcador de referencia, ni la cuantificación de otros costos relacionados para cada entrega”.

En la reciente celebración de los 25 años de la Auditoría General de la Nación, que reunió a representantes, trabajadores y funcionarios, se hizo referencia a las más de 400 causas penales que fueron fruto de informes de auditoría.

De acuerdo a la Constitución, la AGN funciona como organismo de asistencia técnica al Congreso con autonomía funcional. A través de la realización de informes y estudios especiales, el organismo suscita la promoción del uso eficiente, económico y eficaz de los recursos públicos, así como también la contribución a la rendición de cuentas y el perfeccionamiento del Estado.

Los organismos de control son una herramienta indispensable para lograr que la República sea una realidad, porque el control pone límites al abuso de poder. Sin embargo, cuánto más podría la AGN de contar con una norma reglamentaria que le otorgue mayores facultades, que permita que nuestro sistema de control externo funcione correctamente.

Cuánto más podría nuestro sistema de control de no encontrarse con la poca receptividad, indiferencia y desidia por parte de los funcionarios respecto de los informes realizados por estos organismos. Desinterés que se traduce en la pérdida de vidas humanas y en pérdidas económicas con mucho impacto social.

Tal y como lo sostuvimos anteriormente, consideramos desde nuestra más firme convicción, que las conductas analizadas del señor Julio Devido configuran la ineludible obligación de éste Honorable Cuerpo de objetar estas actitudes indignas e inapropiadas y colaborar con el desempeño de nuestro sistema de justicia, razón por la cual aprobamos el pedido de desafuero.

No obstante, no debemos olvidar que mientras el Estado no cuente con un sistema de control independiente, transparente, y profesionalizado para fiscalizar el desempeño de la Administración Pública y en consecuencia de la gestión de gobierno, no podrán garantizarse la defensa de los derechos y garantías de los ciudadanos y la pelea contra la corrupción seguirá siendo una lucha desigual.

Por 1País con justicia y transparencia

Por 1País con justicia y transparencia

El martes 10 de octubre en una de las sedes de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES) especialistas, funcionarios y representantes, se reunieron para intentar responder una pregunta: ¿qué sistema de justicia necesita Argentina?

El encuentro, organizado por la diputada y candidata a senadora nacional Margarita Stolbizer, contó con la presentación de dos informes para inaugurar el debate. En primer lugar, la Lic. Mariel Fornoni de Management & Fit, expuso sobre  la “desconfianza social en las instituciones”. De acuerdo a la investigación realizada por la consultora, la justicia y la política son las dos áreas con mayor desconfianza para los argentinos. “Las instituciones educativas son las mejor ponderadas” y la confianza “aumenta en los más jóvenes”, agregó Fornoni.

Por su parte, el Dr. Juan Carlos Vega presentó el informe del Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba sobre “Anticorrupción y Derechos Humanos” y sostuvo que la matriz de los problemas de la justicia argentina se concentra en “la impunidad de los casos de corrupción”. El problema de la corrupción es “sistémico y requiere respuestas integrales, no parches” concluyó Vega.

Al momento de problematizar la relación entre el Estado y los organismos de control, la diputada nacional Carla Pitiot sostuvo que “el control es garantía contra el abuso de poder y la mejor manera de prevenir y luchar contra la corrupción. Hasta tanto no seamos conscientes de sus implicancias y no dotemos a nuestros organismos de herramientas y normativa para poder desplegar su plena potencia”.

Se sumaron al debate el Dr. Félix Loñ quien disertó sobre la importancia del Consejo de la Magistratura; el Dr. Guillermo Lipera, con la voz de los abogados; la Lic. Natalia Gherardi con la relación entre género y justicia; la Dra. Silvina Martínez con herramientas de prevención y sanción para una justicia transparente; el Sen. Sebastián Galmarini con el control social y la presentación del caso de la provincia de Buenos Aires y el Lic. Claudio Savoia con el rol del periodismo.

Día Internacional de Acceso a la Información Pública

Día Internacional de Acceso a la Información Pública

El Día Mundial del Acceso a la Información es reconocido por la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Se conmemora desde el año 2002 cuando grupos de activistas de todo el mundo se reunieron en Bulgaria para definir estrategias en pos de la defensa y difusión del derecho de acceso a la información pública.

El derecho a la información es un derecho humano fundamental refrendado por nuestra Constitución Nacional, garante del Estado de derecho y propio de nuestro régimen político, que exige la publicidad de los actos de gobierno.

Por primera vez desde la conmemoración inicial de la fecha, nuestro país cuenta con la incipiente implementación de una ley nacional de acceso a la información pública, cuenta pendiente del Congreso durante mucho tiempo.

Sin embargo, el acceso a la información no se alcanza solamente a través de la sanción de una norma. Implica compromiso de funcionarios y ciudadanos en la construcción de una gestión pública más transparente y participativa.

Es tarea de todos conocer nuestros derechos y defenderlos. Seguiremos trabajando para asegurar la plena vigencia de esta herramienta democrática.

Media sanción al Día Nacional de Lucha contra el Grooming

Media sanción al Día Nacional de Lucha contra el Grooming

En la sesión del miércoles 13 de septiembre finalmente obtuvo media sanción el proyecto que presenté en 2016 para establecer un día nacional de lucha contra el grooming.

El 13 de noviembre de 2013 el Senado de la Nación Argentina aprobó la Ley 26.904 conocida como la Ley de Grooming. El término en inglés refiere a una problemática en crecimiento en nuestro país que implica el acoso sexual virtual a niños y adolescentes por parte de adultos mayores.

En su texto, la normativa modificatoria al código penal, establece que: “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”.

La modificación es perfectible y en ocasiones incluso ha sido criticada. No obstante, este proyecto avanza sobre una materia que es fundamental para la lucha efectiva contra este flagelo: la concientización. No alcanza con modificar penas o crear figuras penales para la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, tarea  para los 365 días del año.

La problemática crece. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por ejemplo, de acuerdo a datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Porteña, entre 2014 y 2016 los casos de grooming aumentaron un 35%.

Debemos reconocer el valor y los riesgos de Internet, sin estigmatizar. Tener un Día “Nacional de  la Lucha contra el Grooming” será un paso importante para seguir difundiendo  y reflexionando sobre esta problemática. Sin ir más lejos, el proyecto obliga al Poder Ejecutivo a realizar actividades públicas de información y concientización sobre la temática.

En un contexto de revolución tecnológica y mundialización de las comunicaciones, navegar en internet es una herramienta fundamental. Es nuestro deber garantizar que esa conexión sea segura. Espero que pronto esta media sanción cobre fuerza de ley.