Los desafíos del sindicalismo en Chubut

Los desafíos del sindicalismo en Chubut

Durante el jueves 12 y viernes 13 de abril organizamos con  la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC) una jornada de reflexión bajo el título “Equidad, tecnología y trabajo: los desafíos del sindicalismo”. El encuentro tuvo en el Tribunal de Cuentas de la localidad de Rawson, Chubut, y reunió a trabajadores y trabajadoras del control.

Hace tiempo venimos planteando dar un debate sobre las implicancias de una reforma gremial y entendemos que esta reforma quedaría vacía de contenido si no somos capaces de lograr un debate en conjunto con afiliados y compañeros de los organismos a los que representamos.

(más…)

Mujeres, armas y violencia

Mujeres, armas y violencia

El jueves 5 de abril, legisladores, referentes de la sociedad civil y representantes sindicales, nos reunimos para insistir con el tratamiento de un proyecto presentado en tres períodos consecutivos por la Diputada Margarita Stolbizer sin obtener tratamiento legislativo.

Esta vez, me tocó a mí acompañar la firma de una iniciativa que intenta mejorar una problemática que no desaparece: la necesidad de reducir la violencia social y los accidentes y suicidios ocasionados por el uso y acceso a las armas de fuego.

Esta temática también la trabajamos a nivel internacional desde Parlamentarios por la Acción Global,  red que integro y que también presidió Margarita. En el marco del Programa Paz y Democracia legisladores y legisladoras de todo el mundo impulsamos proyectos que apunten a la regulación y control del comercio de armas.

El objetivo principal del proyecto es fortalecer el rol del Estado al momento de otorgar los permisos y autorizaciones para la adquisición, portación o tenencia de armas de fuego, municiones y materiales especiales. Por este motivo, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMac) deberá realizar una evaluación de las aptitudes psicosociales de las personas que solicitan estos permisos y autorizaciones, evaluación que estará a cargo de un equipo profesional interdisciplinario del organismo.

Es conocido que las armas de fuego en manos de civiles aumentan el circulante de armas ilegales, en buena medida provenientes del robo y hurto de armas registradas en casas particulares. Además, aumenta el riesgo de resultar herido/a o morir, ya sea ocasión de delito o en la resolución violenta de conflictos interpersonales que, debemos destacar, afecta en mayor medida a las mujeres.

Por ello mismo, la persona que detente un arma en su casa no sólo tiene que estar preparado físicamente, sino también psíquicamente. Y a pesar de contar con este tipo de preparación, tampoco se evita la situación de riesgo dado que las armas tienen el potencial de terminar con la vida y afectar la salud de las personas.

Todos tenemos derecho a una vida libre de violencia.

Basta de armas para matar mujeres.

Financiamiento político en Argentina

Financiamiento político en Argentina

El martes 27 de febrero tuvo lugar en el Salón Pueblos Originarios de Casa Rosada el seminario sobre “Financiamiento Político en Argentina. Diagnósticos y desafíos” a cargo de la secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

El Ministro Rogelio Frigerio inauguró la jornada presentando algunos acuerdos que estarán contenidos en el proyecto pronto a ser presentado en el Congreso de la Nación. En este sentido, Frigerio destacó la propuesta de bancarizar el régimen de aportes; la creación de un registro de aportes y gastos en tiempo real; la habilitación de aportes de empresas, con topes; el registro de proveedores de publicidad en la vía pública y el perfeccionamiento de la regulación de la publicidad oficial y de actos de gobierno durante el período de campaña.

En el primer panel, Janos Bertók, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sostuvo que “la confianza de los ciudadanos en los gobiernos es baja en todo el mundo, sobre todo a partir de la última crisis financiera”.

En ese sentido, Bertók destacó que Argentina se encuentra en una situación peligrosa: “El 70% de los ciudadanos argentinos encuestados considera que las políticas públicas están capturadas por algún interés. Y el 60% se consideró desalentado por el funcionamiento de la democracia”.

Entre los factores que influyen en la confianza el especialista destacó: integridad del gobierno, transparencia y calidad de los servicios públicos.

Para el caso Argentino, resulta especialmente problemático en términos de financiamiento político la brecha existente entre el nivel nacional y los sub-nacionales. Por ejemplo, muchas provincias no cuentan con legislaciones que limiten el gasto de los aportes en campaña.

Otro problema es el de la trazabilidad de los aportes: “el 90% de los aportes son en efectivo”.

Con respecto a los recursos públicos y las conocidas ventajas oficialistas, Bertók compartió que “Argentina y Colombia son los únicos países de la región sin prohibiciones al uso de recursos públicos en períodos electorales”.

“¿Están bien o mal los aportes de las empresas?” preguntó uno de los participantes. Si bien el representante de la OCDE prefirió no responder, consideró que es importante garantizar transparencia tanto en la generación como en la ejecución de los fondos, como así también legislar sobre los límites a los aportes. “Depende de cada país el ejercicio de balancear aporte públicos y privados. Lo que la experiencia demuestra es que cuando el sector privado se vuelve dominante, hay más probabilidades de captura”.

En representación de la sociedad civil, participaron del debate Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional; Daniel Zovatto, Director para América Latina y el Caribe del Instituto para la democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y  Julia Pomares, Directora Ejecutiva del Centro de Implementación de  Políticas Públicas para la Equidad  y el Crecimiento (CIPPEC).

Para Pomares el punto de partida del financiamiento político en Argentina es que “no sabemos cuánto se gasta”.

Por su parte, Zovatto hizo hincapié en la importancia de “no demonizar el dinero privado. La democracia tiene un costo”.

Para Ferreiro las empresas también piensan aportar, “porque es lo que pasa”. Sin embargo, la especialista expresó su preocupación por la posible introducción de dinero del crimen organizado.

Todos los expositores coincidieron en destacar la falta de coordinación entre el nivel nacional y subnacional. Para Ferreiro “la figura de la adhesión para las provincias no alcanza. Puede ser una ventana de oportunidad para el incumplimiento de la futura ley”.

Otro punto de acuerdo fue la necesidad de fortalecer a los organismos de control, en especial a la Justicia Electoral, así como también la importancia de generar información permanente y en tiempo real sobre los movimientos de los aportes.

La equidad de género, la inclusión de tecnología como aliada para el control, y la posibilidad de legislar sobre los usos de las redes sociales en campaña, fueron otros de los temas presentados.

El último panel estuvo integrado por los diputados Silvia Lospenatto y Juan Brugge y los senadores Dalmacio Mera e Inés Brizuela. Los representantes manifestaron compartir la voluntad política para discutir el tema, así como también la revisión de la reforma electoral que continúa a la espera de su tratamiento en el Senado, a más de un año de conseguir media sanción.

Se estima que el proyecto del Ejecutivo será presentado oficialmente en el mes de marzo. Esperamos que estos consensos posibiliten la sanción de una norma que mejore el funcionamiento de nuestro sistema político, y al fin y al cabo, de nuestra democracia.

No es una reforma, es un ajuste

No es una reforma, es un ajuste

“Un país que no se acuerda y cuida a sus abuelos es un país que no sabe cuidar su historia y un país que no cuida su historia no va a cuidar el futuro y no va a generar un mejor futuro para todos los argentinos” decía el ahora Presidente de la Nación, Mauricio Macri, en un centro de jubilados en plena campaña 2015.

Con el proyecto que se aprobó esta semana estas palabras son solo eso: campaña. Y en consecuencia miles de argentinos salieron a la calle para reclamar por lo que entienden y entendemos como un atropello a sus derechos.

Pero ni el clamor de la protesta ni la vergüenza de la represión lograron inquietar a quienes acompañaron esta iniciativa que indiscutidamente va a perjudicar a familias, jubilados, y millones de trabajadores.

Como sostuvo mi compañera Mirta Tundis, ya vivimos una instancia de reforma previsional en la que el Estado nos vendía a la jubilación privada como lo mejor, y como resultado 400 mil jubilados fueron estafados y olvidados.

Tenemos memoria. Esto no es una reforma previsional, es un ajuste sobre los que menos tienen.

Porque los jubilados no son los únicos perjudicados. La modificación de la fórmula también afecta a los destinatarios de asignaciones familiares y Universal por Hijo: más de 8 millones de niños, niñas y adolescentes, verían afectados en sus ingresos.

El ajuste violenta el principio de progresividad o no regresividad de jerarquía constitucional, reconocido en diversos tratados internacionales. No podemos avanzar sobre medidas que deterioren el nivel de cumplimiento de un derecho. Y esta medida no lo respeta

Al mismo tiempo, esta reforma tiene impacto de género y afecta particularmente a las mujeres. Las amas de casa, empleadas domésticas y más del 30% de los trabajadores precarizados no podrán jubilarse al no contar con los 30 años requeridos de aportes. A su vez, son las mujeres jefas de hogar las principales receptoras de las asignaciones familiares que se verán recortadas.

En función de estas observaciones me sigo preguntando: ¿se analizaron de manera exhaustiva todas las alternativas posibles?; ¿está esta iniciativa debidamente justificada?; ¿es este el punto de partida sobre el que queremos pensar un nuevo régimen previsional “universal, integral, solidario y sustentable”? No nos convencieron las explicaciones dadas en las comisiones ni en el recinto.

Para nosotros, esta reforma implica la supresión y restricción de derechos ya reconocidos y resguardados y de convertirse en ley no será más que una inocultable violación de derechos humanos, garantizados por la Constitución Nacional.

Sabemos a quiénes representamos. Vamos a defender a nuestros jubilados y trabajadores y no vamos a ahorrar en sus  derechos.

 

Control público y participación ciudadana

Control público y participación ciudadana

Durante los días 21 y 22 de noviembre, tuvo lugar por primera vez en nuestro país el Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto. La Alianza cuenta actualmente con 18 países de América comprometidos en impulsar y fomentar gobiernos más abiertos mediante la promoción de políticas transparentes y participativas, la co-creación de nuevos compromisos de apertura gubernamental, y la rendición de cuentas sobre la gestión pública.

En el marco del encuentro, participé del panel de “Control y Participación Ciudadana” acompañada por Fabián Foresteri, Director de Relaciones Institucionales de la Contraloría General de la República de Paraguay, Claudia Regina Silva, Presidenta y gerenta de transparencia y combate a la corrupción del Observatorio Social de Palmas y la Controladuría General del Estado de Tocantins y Cristian Módolo, gerente de coordinación de la Auditoría General de la Nación (AGN).

(más…)