En Argentina, el suicidio constituye la segunda causa de muerte en la adolescencia, después de las tragedias de tránsito. En los últimos treinta años, los casos se triplicaron.

Según los últimos datos disponibles* se estima que mueren entre 450 y 500 adolescentes por año, cifra que podría no ser conclusiva debido a las dificultades que existen en el registro de los suicidios, responsabilidad que compete a las jurisdicciones. Sucede que existe un alto porcentaje de registros de defunción que no especifican la causa para no estigmatizar a las familias.  

El suicidio es una problemática compleja y tiene perspectiva multicausal. Constituye un problema social y de salud pública. Según un reciente informe publicado por UNICEF sobre el tema, el suicidio se presenta con mayor frecuencia en aquellos que presentan un menor nivel socioeducativo. Además, el suicidio tendría correlación con la pobreza.

Las provincias más afectadas son Salta, Jujuy, Chubut y Catamarca. La investigación de UNICEF demostró en sus hallazgos que, contrario a lo que se piensa, el fenómeno se presenta especialmente en pequeñas localidades, donde últimamente se han producido una acumulación de casos.

Implica además una connotación sexo-genérica diferencial: existe una mayor cantidad de decesos de varones que de mujeres, aunque esta cuestión se revierte significativamente cuando se trata de tentativa de suicidio. 

A nivel legislativo, en 2015 se aprobó la Ley nacional Nº 27.130, marco conocido como Ley Nacional de Prevención del Suicidio, cuyo objetivo consiste en la disminución de la incidencia de esta problemática a través de la prevención, la asistencia y la posvención, es decir, las acciones destinadas a trabajar con el entorno de la persona que se quitó la vida para evitar nuevos eventos. Esta norma constituye una herramienta fundamental para transformar la situación actual. Sin embargo y pese a varios pedidos e insistencias al Ejecutivo, aún se encuentra en proceso de reglamentación.

El suicidio es prevenible. La contención institucional, la capacitación en detección temprana y las redes de apoyo son condiciones necesarias y probadas para lograr reducir los casos. La sensibilización responsable, también. Es preciso avanzar de forma urgente en la reglamentación de la ley vigente y acompañar con partidas presupuestarias adecuadas las acciones de política pública consensuadas. Sin presupuesto no hay norma viable. 

Teléfonos de asistencia: #135 – 0800-222-2223

Fuente*: UNICEF, 2019.