El 12 de noviembre se conmemora el Día Mundial de Lucha contra la Obesidad. El objetivo de la conmemoración de esta fecha es sensibilizar a la población sobre los efectos que tiene en la salud esta problemática y sobre la importancia de su prevención.   

En nuestro país, a lo largo de los últimos años, se han llevado a cabo numerosos planes, campañas y programas orientados a la promoción de la salud y el control de enfermedades no transmisibles, como la obesidad. Pero el panorama no ha mejorado y los números son desalentadores. Argentina es uno de los países de la región con los índices más elevados de obesidad entre niños/as (40%) y adultos (60%), según datos oficiales de la ahora Secretaría de Salud de la Nación.

Una de las principales falencias nacionales es la ausencia de una ley marco relativa tanto al derecho a una alimentación adecuada como a la soberanía alimentaria. Esta fue una de las observaciones destacadas por Hilda Elver, Relatora Especial sobre el derecho a la alimentación de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en su visita a Argentina en septiembre de este año.

Después de haberse entrevistado con funcionarios, legisladores, productores rurales, comunidades aborígenes, dirigentes sociales y académicos, la experta acercó un informe preliminar a las Observaciones y Recomendaciones que finalmente presentará ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2019.

Entre sus notas la Relatora observó que somos el país de la región que consume la mayor cantidad de productos ultraprocesados per cápita por año y que lideramos el consumo de gaseosas.

Al mismo tiempo, señaló que el uso de plaguicidas en Argentina está mínimamente regulado y que, como consecuencia, aumentó la cantidad de personas que han perdido la vida o padecen enfermedades graves.

A su vez, destacó que muchos niños y niñas que se ven obligados a depender de los comedores escolares para tener su comida diaria, entre otras observaciones realmente preocupantes.

Desde que asumí mi mandato como Diputada Nacional y luego de participar de numerosos y valiosos espacios de intercambio, formación y debate, presentamos y acompañamos varios proyectos relacionados con la problemática de la obesidad y la alimentación saludable. Son muchos los problemas y necesitamos estrategias integrales.

Y en esta línea creo necesaria una revisión urgente sobre nuestras políticas de etiquetado y publicidad de alimentos. Necesitamos consumidores soberanos y autónomos, y esto solo se logra facilitando y acercando información veraz sobre la calidad de los productos que consumimos.

Es por ello que presenté un proyecto sobre etiquetado y publicidad de alimentos. La iniciativa recupera propuestas de otros legisladores y legisladoras y fue supervisado por  el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en atención a las observaciones de otras instituciones de referencia, como la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS).  

En los últimos años, diversos países de América Latina han avanzado en la sanción de normativa y la implementación de políticas que buscan generar un cambio significativo en la cultura alimentaria, para favorecer hábitos y pautas de consumo más saludables, así como información más clara sobre los productos disponibles.

En esta línea, cabe destacar los esfuerzos de Brasil, Costa Rica, Uruguay y Ecuador para mejorar la alimentación en entornos escolares. El etiquetado frontal de alimentos envasados es obligatorio en Perú y, desde 2016, en Chile. Recientemente, el gobierno de Uruguay aprobó un proyecto de ley que establece el rotulado frontal, convirtiéndose entonces en el tercer país en la Región en establecer un sistema de advertencias sobre los altos niveles de azúcares, calorías, sodio y grasas saturadas que pueden presentar los alimentos envasados. Brasil, está cerca de continuar el mismo camino.

En cuanto a la normativa nacional, el Código Alimentario Argentino (Ley 18.284) y sus normas complementarias establecen ciertas pautas para la rotulación y la publicidad de los alimentos. Estos lineamientos, sin embargo, consideramos que son insuficientes: para la declaración de los ingredientes, por ejemplo, no es obligatorio declarar la cantidad de azúcares o bien, este grupo puede incluirse como porcentaje total de los carbohidratos, sin desglosar la información.

La información es un derecho ciudadano, amparado en primer lugar por nuestra Constitución y apoyado ampliamente por sucesivas disposiciones, acuerdos y compromisos. Es claro que una decisión fundada en información y conocimiento, permite una elección más autónoma. Este proyecto busca justamente fortalecer y alentar hábitos de alimentación saludable, a partir de garantizar el acceso a una información oportuna, accesible y veraz de los alimentos y bebidas destinadas al consumo humano. Incluso, el proyecto pretende fomentar el cuidado de la salud y el derecho a una alimentación saludable y responsable, promoviendo acciones educativas para la concientización de la importancia de generar este tipo de hábitos. Así también y prohibiendo la publicidad de alimentos no saludables dirigidas a niños y niñas, se espera colaborar con la prevención de la malnutrición y la reducción de enfermedades no transmisibles.

Estos temas nos atraviesan como ciudadanos, como consumidores. Argentina está en un problema y las cifras nos interpelan.

La prevención del sobrepeso y la obesidad es un tema de salud pública y un derecho humano profundamente relacionado con la protección de la niñez. Celebremos este Día de Lucha contra la Obesidad avanzando con normas que defiendan los intereses que realmente importan: la salud de nuestros ciudadanos y ciudadanas.