El martes 27 de febrero tuvo lugar en el Salón Pueblos Originarios de Casa Rosada el seminario sobre “Financiamiento Político en Argentina. Diagnósticos y desafíos” a cargo de la secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda.

El Ministro Rogelio Frigerio inauguró la jornada presentando algunos acuerdos que estarán contenidos en el proyecto pronto a ser presentado en el Congreso de la Nación. En este sentido, Frigerio destacó la propuesta de bancarizar el régimen de aportes; la creación de un registro de aportes y gastos en tiempo real; la habilitación de aportes de empresas, con topes; el registro de proveedores de publicidad en la vía pública y el perfeccionamiento de la regulación de la publicidad oficial y de actos de gobierno durante el período de campaña.

En el primer panel, Janos Bertók, representante de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) sostuvo que “la confianza de los ciudadanos en los gobiernos es baja en todo el mundo, sobre todo a partir de la última crisis financiera”.

En ese sentido, Bertók destacó que Argentina se encuentra en una situación peligrosa: “El 70% de los ciudadanos argentinos encuestados considera que las políticas públicas están capturadas por algún interés. Y el 60% se consideró desalentado por el funcionamiento de la democracia”.

Entre los factores que influyen en la confianza el especialista destacó: integridad del gobierno, transparencia y calidad de los servicios públicos.

Para el caso Argentino, resulta especialmente problemático en términos de financiamiento político la brecha existente entre el nivel nacional y los sub-nacionales. Por ejemplo, muchas provincias no cuentan con legislaciones que limiten el gasto de los aportes en campaña.

Otro problema es el de la trazabilidad de los aportes: “el 90% de los aportes son en efectivo”.

Con respecto a los recursos públicos y las conocidas ventajas oficialistas, Bertók compartió que “Argentina y Colombia son los únicos países de la región sin prohibiciones al uso de recursos públicos en períodos electorales”.

“¿Están bien o mal los aportes de las empresas?” preguntó uno de los participantes. Si bien el representante de la OCDE prefirió no responder, consideró que es importante garantizar transparencia tanto en la generación como en la ejecución de los fondos, como así también legislar sobre los límites a los aportes. “Depende de cada país el ejercicio de balancear aporte públicos y privados. Lo que la experiencia demuestra es que cuando el sector privado se vuelve dominante, hay más probabilidades de captura”.

En representación de la sociedad civil, participaron del debate Delia Ferreira Rubio, Presidenta de Transparencia Internacional; Daniel Zovatto, Director para América Latina y el Caribe del Instituto para la democracia y la Asistencia Electoral (IDEA) y  Julia Pomares, Directora Ejecutiva del Centro de Implementación de  Políticas Públicas para la Equidad  y el Crecimiento (CIPPEC).

Para Pomares el punto de partida del financiamiento político en Argentina es que “no sabemos cuánto se gasta”.

Por su parte, Zovatto hizo hincapié en la importancia de “no demonizar el dinero privado. La democracia tiene un costo”.

Para Ferreiro las empresas también piensan aportar, “porque es lo que pasa”. Sin embargo, la especialista expresó su preocupación por la posible introducción de dinero del crimen organizado.

Todos los expositores coincidieron en destacar la falta de coordinación entre el nivel nacional y subnacional. Para Ferreiro “la figura de la adhesión para las provincias no alcanza. Puede ser una ventana de oportunidad para el incumplimiento de la futura ley”.

Otro punto de acuerdo fue la necesidad de fortalecer a los organismos de control, en especial a la Justicia Electoral, así como también la importancia de generar información permanente y en tiempo real sobre los movimientos de los aportes.

La equidad de género, la inclusión de tecnología como aliada para el control, y la posibilidad de legislar sobre los usos de las redes sociales en campaña, fueron otros de los temas presentados.

El último panel estuvo integrado por los diputados Silvia Lospenatto y Juan Brugge y los senadores Dalmacio Mera e Inés Brizuela. Los representantes manifestaron compartir la voluntad política para discutir el tema, así como también la revisión de la reforma electoral que continúa a la espera de su tratamiento en el Senado, a más de un año de conseguir media sanción.

Se estima que el proyecto del Ejecutivo será presentado oficialmente en el mes de marzo. Esperamos que estos consensos posibiliten la sanción de una norma que mejore el funcionamiento de nuestro sistema político, y al fin y al cabo, de nuestra democracia.