Micaela está muerta. Una víctima más. Un femicidio más. Aunque cada vez gritamos más fuerte #NiUnaMenos, no alcanza. Y no alcanza porque para frenar la violencia machista el Estado tiene que estar presente, tiene que ser el motor de esta lucha.

La ley 26.485 “de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres” es modelo en América Latina, pero recién este año- a ocho de su sanción- implementará el “Plan de acción para la prevención, asistencia y erradicación de la violencia contra las mujeres”.

Por otro lado, en el Senado “duerme” el proyecto del Frente Renovador que prohíbe la salida anticipada de condenados por delitos sexuales y además elimina cualquier tipo de beneficios. El proyecto 3805-D-2016 , de la diputada Mónica Litza y que acompañé junto a otros legisladores del bloque, obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados en la sesión del 23 de noviembre del 2016.
Y si ponemos el foco en la Justicia nos encontramos con el juez Carlos Rossi que autorizó la libertad condicional del ahora asesino de Micaela.

Cumplía una condena por violaciones, pero el juez Rossi desoyó informes que no recomendaban su libertad y lo dejó libre.

El fiscal y el Servicio Penitenciario habían objetado el beneficio dado a Wagner, quien había sido detenido el 1º de diciembre de 2010, meses después de haber cometido dos violaciones. Recibió una condena de 9 años de prisión. Como los plazos corrían desde el momento de la detención, la liberación de Wagner debía darse recién el 1º de diciembre de 2019. Sin embargo, quedó libre en julio del año pasado.

Motivado en razones incomprensibles el juez lo dejó en libertad. Y Micaela ya no está. La indignación e impotencia no consuelan, no curan. Lo que sí es concreto y real es que fue una muerte que podría haberse evitado.

La diputada María Elena Tassistro del Frente Renovador junto con otros legisladores anunciaron que presentarán pedidos para destituir al magistrado judicial por mal desempeño de sus funciones.

El juez Rossi deberá dar explicaciones de su accionar no sólo ante el Consejo de la Magistratura sino a la familia de la víctima y a la sociedad.

Argentina firmó Convenios Internacionales, tenemos leyes modelo, planes, pero todo será poco o nada si no tomamos conciencia de que todos los días en Argentina una mujer es asesinada por el solo hecho de ser mujer.

Y allí llegan los cuestionamientos. Aquí es donde nos interpelamos. Qué hacer para tener una sociedad más justa. ¿Qué transformaciones serán necesarias en la ley y en la administración de la justicia para que haya justicia? ¿Por dónde empezamos ?

¿Cómo seguimos?

Tenemos que educarnos todos, comenzando por los funcionarios, en cuestiones de género. Si los funcionarios que deben administrar justicia no poseen el criterio, la perspectiva y la sensibilidad habrá que capacitarlos . Y no será un por favor …deberán hacerlo.

El tiempo transcurre, la violencia de género y los femicidios no se detienen y el reclamo social no encuentra respuesta.
Hasta que el Estado, que es quien debe protegernos y velar por nuestros derechos y los actores de la política en su amplio abanico no nos comprometamos con esta lucha en serio seguiremos sintiendo que nuestro #NiUnaMenos es un grito impotente e inútil.